INTERPRETACIÓN DE LA FIRMEZA EN PROCESOS LABORALES

René Lázaro López Benítez*

images (1)Teniendo en cuenta las resoluciones firmes dictadas por los Tribunales, las administraciones y gerencias empleadoras se niegan a ejecutar el fallo dispuesto, con lo cual atentan sustancialmente contra los derechos de los trabajadores y, por tanto, contra la integridad familiar. Reiteradamente se presentan consultas de trabajadores que plantean acciones de la Administración para lograr la separación definitiva del cargo y de la entidad para evitar ejecutar los fallos de los Tribunales.

Aun cuando en la actualidad se inicia un proceso de revisión de la legislación laboral vigente y del proyecto de ley del Código de Trabajo (que será presentado a la consideración del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular), las afectaciones que las entidades causan a los empleados son de consideración, por lo que se requiere divulgar las normas legales que amparan sus derechos vulnerados.

La ejecución de los fallos firmes dictados por los Órganos de Justicia Laboral constituye uno de los presupuestos del debido proceso y de la tutela judicial efectiva de las partes. En consecuencia, deviene en obligación para los Tribunales, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 176 y su complementaria, la Resolución Conjunta Nº 1, dictada por el Ministro del Trabajo y Seguridad Social y el Presidente del Tribunal Supremo Popular. No obstante, esas disposiciones no logran abarcar todos los actos y trámites sujetos al proceso de lo laboral, y en la práctica se ha demostrado la necesidad de lograr uniformidad en todo el proceso y, por consiguiente, en la ejecución de las resoluciones firmes.

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a tenor de lo preceptuado por el artículo 19, apartado primero, inciso h) de la Ley de los Tribunales Populares, de 11 de julio de 1997, aprobó la Instrucción Nº 218, de 14 de septiembre de 2012. Sin embargo, la poca divulgación continúa causando serias afectaciones en el acto de ejecución de lo dispuesto una vez que cobra firmeza el fallo.

Una vez que la sentencia se hace firme, se establece, en el término de treinta días hábiles siguientes, un procedimiento, con arreglo al cual, si no se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto, la parte interesada, mediante escrito o verbalmente, podrá instar al Tribunal que hubiere conocido del asunto en primera o en única instancia, a fin de que se inicie el trámite de ejecución.

En todos los casos, el Tribunal correspondiente citará a las partes para dentro de los cinco días hábiles posteriores, a fin de esclarecerse sobre el incumplimiento alegado y requerir a la parte obligada, la que presentará los documentos probatorios referidos a la ejecución del fallo. En caso de ausentarse o incumplir con el requerimiento, el Tribunal citará nuevamente para dentro de los próximos cinco días hábiles. El Tribunal se entenderá con el jefe de la entidad, aun cuando se haya hecho representar por un dirigente subordinado, al que también convocará para el acto, de estimarlo necesario. Se dejará constancia de las alegaciones de las partes con relación a la inejecución; también se practicarán las pruebas necesarias para arribar a la convicción real sobre el acatamiento del fallo.

El Tribunal declarará de manera razonable y requerirá a la parte obligada para que en un término prudente se ejecute la obligación, sin que exceda de los treinta días hábiles siguientes. Lo anterior se hará con el apercibimiento de que, de no ejecutarlo, esa parte incurrirá en responsabilidad penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 134 del vigente Código Penal. De demostrarse la ejecución del fallo, se dispondrá el archivo de las actuaciones mediante Auto, contra el que procederá recurso de súplica; el resolutorio de éste no será apelable. Cuando el Tribunal disponga la ejecución de temas sustanciales no controvertidos en el proceso ni decididos en la ejecutoria o en la contradicción de términos, el Auto dictado será impugnable en apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 618, apartado tercero, de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

Si el Tribunal tiene conocimiento de que persiste la inejecución del fallo, librará testimonio en contra del infractor por un delito de desobediencia, con respecto al cual se cumplirá lo dispuesto por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular mediante su Dictamen Nº 300, de 10 de enero de 1989, que recalca la obligatoriedad de la ejecución de los fallos firmes.

A los efectos de determinar la cuantía de la indemnización económica dispuesta en el fallo que se ejecuta, el Tribunal, en todos los casos, partirá de la definición de salario contenida en el artículo 38 de la Resolución Nº 9, de 2 de febrero de 2008 (Reglamento General sobre Formas y Sistemas de Pago), en relación con el artículo 83 de la Resolución Nº 8, de primero de marzo de 2005 (Reglamento General sobre las Relaciones Laborales), ambas dictadas por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo tendrá en cuenta los aspectos siguientes:

a)      el tiempo que el trabajador dejó de percibir su salario o la cuantía en que éste quedó disminuido;

b)      que la cuantía de la indemnización no sea nunca superior al salario percibido por el trabajador afectado, de haberse encontrado laborando, deducido de los salarios percibidos por actividades laborales realizadas durante el proceso disciplinario o durante el tiempo en que fue vulnerado su derecho;

c)      tratándose de pago por estimulación, se atendrá al reglamento aprobado a tal efecto en el sector, la actividad o entidad laboral de que se trate.

Las normas dispuestas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular se comunican a los Presidentes de los Tribunales Provinciales Popular (y, por su conducto, a los Presidentes de los Tribunales Municipales Populares), al Fiscal General de la República, el Ministro de Justicia, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, la Central de Trabajadores de Cuba, el Presidente de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y se publican en la Gaceta Oficial de la República. No obstante, deberían ser notificadas a los jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado y, por conducto de éstos, a su Sistema Empresarial, con una cobertura en los órganos de prensa. El desconocimiento de la Ley afecta a la ciudadanía.


* René Lázaro López Benítez: Habanero. Licenciado en Derecho (Universidad de La Habana, 1981). Especialista en Derecho Civil y Administrativo. Ha trabajado en los bufetes colectivos y en el Instituto Nacional de la Vivienda. Miembro de la Corriente Agramontista. Dirige el Centro de Referencia Legislativa y la Consultoría Jurídica de Servicios a Necesitados.

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