09/26/2020

CUBA; EL CASTRISMO Y SU CONSTITUCION

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POR QUÉ SE DEBE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN CUBANA

Eduardo Pujol Valladares*

Cuando hablamos de Constitución, nos referimos a la ley de leyes, a la norma supralegal que por su rango ocupa el primerísimo lugar en el ordenamiento jurídico de cualquier nación, la cual fija y trazas principios, constituyéndose éstos en referentes posteriores para todo aquel andamiaje jurídico que adquirirá el nombre de Derecho Positivo.

La historia del constitucionalismo en Cuba se forja con la discusión y aprobación de las constituciones mambisas, iniciándose con la constitución de Guáimaro, seguida por las de Baraguá, Jimaguayú y La Yaya. Ya en la era republicana, se inicia esta tradición con la Constitución de 1901, y concluye con la de 1940, referente este de modelo de democracia, y muy progresista para su tiempo.

Pero nuestra Constitución actual, la primera de carácter socialista en América Latina, dictada y aprobada en el año de 1976 y modificada varias veces, sigue siendo la antítesis de la mencionada Constitución del 40. Nuestra actual ley de leyes, está llena de contradicciones; no es ni la sombra de lo que se pensaba y a lo que aspiraba el pueblo cubano; lo ata de pies y manos, y lo deja sin la independencia soñada; es una gran estafa como lo hubiera dicho Eudocio Ravines, el escritor peruano.

En el mismo Preámbulo comienzan las contradicciones. Se afirma que están por el ideario de José Martí y en seguida lo niegan invocando valores opuestos: las ideas político sociales de Marx, Engels y Lenin. Y para completar la antinomia, se agrega después que sólo en el socialismo y el comunismo se alcanza la entera dignidad del hombre. Se establece en el artículo 1 que Cuba es “un Estado… organizado… como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política…”. Pero se estipula en el artículo 5 que “el Partido Comunista de Cuba,… vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

En el artículo 12, inciso a), se afirma que la República de Cuba “ratifica su aspiración de paz digna”, pero en los incisos d) y g) se compromete a promover las llamadas “luchas por la liberación nacional” contra “el imperialismo”.

El numeral 19 reconoce la propiedad de los agricultores pequeños, pero inmediatamente coarta ese derecho, prohibiéndoles el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen. El artículo 25 establece que la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés social está sujeta al pago de la debida indemnización, pero el artículo 60 autoriza la confiscación de bienes como sanción.

En el artículo 39, el Estado se compromete a fomentar la educación y la cultura, pero promoviendo “la formación comunista de las nuevas generaciones”. En el 53 se reconoce a los ciudadanos “la libertad de palabra y prensa, pero conforme a los fines de la sociedad socialista”. En el numeral 54 se consagran “los derechos de reunión, manifestación y asociación”, pero se agrega que “las organizaciones de masas y sociales” (que controla el gobierno), son las que disponen de “las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades”.

Si después de estos ejemplos algunos todavía piensan que la Constitución cubana garantiza derechos individuales, debería meditar sobre las implicaciones del artículo 62, que dice: “Ninguna de las libertades reconocida a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

En cuanto al sistema político de gobierno, se establece en el artículo 68, inciso a), que todos los órganos representativos del poder del Estado son electivos, bajo el sistema de partido único, pero el inciso c) estipula que “los elegidos… pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento”. El numeral 70 le confiere a la Asamblea Nacional del Poder Popular (organismo fachada controlado por el Consejo de Estado que preside el Máximo Líder), potestad constituyente y legislativa. Y como si esto fuera poco, el artículo 75, inciso c) le permite “decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales”. El artículo 88 permite que un número de diez mil ciudadanos que tengan la condición de electores puedan ejercitar la iniciativa legislativa. Pero este artículo sólo confiere el derecho de presentar la propuesta, no el de exigir que se le dé curso.

Finalmente, ¿qué podemos decir de los tribunales y su capacidad para impartir justicia? El artículo 121 establece que “los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional”, pero inmediatamente se contradice afirmando que ese sistema está “subordinado jerárquicamente a la Asamblea del Poder Popular y al Consejo de Estado”. Y para que no haya ninguna duda sobre el control que la cúpula del poder ejerce sobre los tribunales, el artículo 126 reconoce la facultad de revocación de los jueces, sin especificar causa, por el órgano que los elige.

A tenor de lo anteriormente expuesto, ¿podemos llamarle Constitución a este instrumento de opresión que concentra todos los poderes y no otorga ningún derecho?

No, porque este instrumento no es una constitución; es una estafa. De acuerdo con el principio universal consagrado en el artículo 16 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución.

* Eduardo Pujol Valladares: Pinareño. Graduado de Licenciado en Derecho, en Educación y en Historia y Filosofía. Miembro de la Corriente Agramontista. Ha trabajado como jurista en distintos centros de la provincia de Pinar del Río, hasta ser expulsado por razones políticas. Sancionado por los mismos motivos a dos años de prisión. Es miembro de la Alianza Democrática Pinareña y del sindicato independiente CONIC. Reside en la ciudad de Pinar del Río.