INTENTOS INTERNACIONALES POR HALLAR SOLUCIÓN A CRISIS VENEZUELA-COLOMBIA

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OEAHAVANA TIMES (dpa) – La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó hoy a una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores a petición de Colombia para analizar la situación de los colombianos que están siendo deportados de Venezuela.

La misma jornada en que se celebra la reunión, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, aseguró en Montevideo que el organismo propondrá algunas soluciones a la crisis fronteriza entre ambos países.

Pero desde Vietnam el presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo que en Colombia hay una “campaña de odio” para asesinarlo.

Al terminar una visita a Vietnam, desde donde viajó a China, Maduro dijo a la televisión venezolana que la campaña en su contra se hace “con la vista gorda” del gobierno de Bogotá, al que pidió asumir su responsabilidad en la crisis por el cierre de la frontera binacional.

“Desde Bogotá hay una campaña para matarme, de odio. Esto con la vista gorda del gobierno de Colombia. Es una campaña de odio para asesinar al presidente Nicolás Maduro”, dijo y agregó que pronto presentará pruebas al respecto.

Maduro pidió a Colombia asumir su responsabilidad en la crisis por el cierre de la frontera, después que el 19 de agosto un ataque a tiros dejó tres soldados venezolanos heridos.

Maduro dijo que esperaba que Santos escuche el llamado que le hace Caracas y no se deje llevar por sus asesores, pues considera que ha perdido la “sensatez” y no está viendo la crisis social “gigantesca”que tiene.

En Colombia el partido Cambio Radical, que integra la coalición de gobierno nacional, anunció que le pedirá al presidente Juan Manuel Santos que decrete la emergencia económica para atender la crisis fronteriza.

“La llegada masiva de personas expulsadas arbitrariamente por parte del gobierno de Venezuela nos debe llevar a pensar en la posibilidad de decretar el estado de emergencia económica en la zona de frontera”, dijo el presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara.

Maduro, en cambio, dijo estar ansioso de presentar ante la Unasur las pruebas sobre la existencia de la guerra económica contra su país desde Colombia y aseguró que tiene evidencias suficientes que demuestran la “gigantesca” guerra contra la moneda venezolana, cuyas raíces radican en el contrabando, el paramilitarismo y el narcotráfico de la frontera.

Añadió además que luego del cierre de la frontera han bajado a “cero” los indicadores de homicidio y secuestro en zona.

Además del cierre de la frontera, Maduro decretó un Estado de excepción en diez municipios de la región fronteriza de Táchira y desplazó más de 2.000 soldados para el plan de seguridad contra los grupos armados irregulares.

Las operaciones han dejado más de 1.000 colombianos deportados y desplazados hacia su país, generando denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.

Al respecto, Samper dijo en Montevideo que la Unasur propondrá algunas soluciones. Las iniciativas serán consideradas en la reunión de cancilleres que está programada en principio para el jueves, aunque el encuentro está supeditado a la agenda de cada uno de los ministros.

A vez, la misión permanente de Colombia ante la OEA informará al resto de los estados miembros de “la situación humanitaria que viven los ciudadanos colombianos en Venezuela con ocasión de las recientes deportaciones generada por la forma como estos ciudadanos están siendo deportados y obligados a salir de Venezuela”, según la carta de convocatoria de la reunión.

Las más recientes cifras oficiales indican que 1.097 colombianos han sido deportados desde que empezó la crisis, el 19 de agosto, aunque un poco más de 6.000 han cruzado la frontera a través de un río para retornar a su país y anticiparse a la deportación.

Más de 2.000 colombianos deportados o que decidieron regresar a su país están alojados en albergues de la ciudad de Cúcuta, cuyas autoridades declararon el estado de calamidad pública para disponer de recursos para atender la emergencia.

La crisis empezó cuando Maduro cerró por tiempo indefinido la frontera entre el estado venezolano de Táchira -para el cual decretó medidas de excepción- y el departamento colombiano de Norte de Santander, con el argumento de que así luchará contra al contrabando y las bandas armadas que operan en el lugar.

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