HAVANA TIMES (dpa) — Los ministros del área económica se negaron hoy a asistir a una comparecencia en la Asamblea Nacional venezolana y rechazaron entregar información clave que el foro legislativo exige para fijar posición sobre el decreto de emergencia económica remitido por el presidente Nicolás Maduro.

La posición del Ejecutivo tensó el conflicto de poderes y restó aún más posibilidades de que el decreto sea aprobado por la mayoría opositora, un día antes de que la Asamblea lo trate en la sesión plenaria.

El jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, dijo que la negativa de los ministros a asistir a la cámara es “grave” y la calificó como un “desacato” al poder Legislativo.

Ramos Allup dijo que el argumento expuesto por los funcionarios para no asistir a la cita fue que la interpelación sería pública, frente a las cámaras.

En principio fueron citados el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes; el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres; el ministro de Finanzas, Rodolfo Medina; el presidente de la empresa petrolera estatal PDVSA, Eulogio Del Pino, y el jefe de la oficina recaudadora de impuestos (Seniat), José David Cabello.

“El propio presidente Nicolás Maduro se comprometió públicamente en la sesión a que vendrían los funcionarios a suministrar las informaciones que la comisión requiere para poder hacer un informe y recomendar si aprobar o negar el decreto de emergencia económica”, declaró el jefe de la Asamblea Nacional a periodistas.

Indicó que el vicepresidente Aristóbulo Istúriz le comunicó que los funcionarios del área económica no asistirían a la comparecencia.

“Pedían que la sesión fuera sin la presencia de los medios y la junta directiva de la cámara y los miembros de la comisión que tiene mayoría nos negamos rotundamente a semejante pedimento”, aseveró.

Ramos señaló que la solicitud era un pedido constitucional y legal y que los funcionarios estaban obligados a asistir.

“Debe ser que las cifras son muy malas y las informaciones que deberían darle al país son muy graves que quieren mantener en secreto, lo cual es absolutamente innecesario porque de todas maneras se conocerían las medidas que el Gobierno tomaría en su oportunidad”, indicó.

Istúriz dijo en a la televisión oficial que se decidió que los ministros no asistirían ante el riesgo que significaba hablar ante los medios sobre información sensible para el país.

“El país atraviesa una situación muy delicada que requiere el trabajo de todos los que amamos a esta patria”, dijo y agregó que le respondió a Ramos que con medios de comunicación presentes no asistiría.

Afirmó que el gobierno no se prestará a un “show mediático”, de lo cual acusó a la oposición.

“Entre show e información, hay que escoger”, recalcó.

El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, confirmó que los ministros no asistirán a la cámara para responder las preguntas de la comisión especial que estudia el decreto de emergencia.

Rodríguez dijo que es necesario acompañar a Maduro en las medidas que se piden para enfrentar la crisis agudizada por el desplome de los precios del petróleo.

El jefe de la comisión especial que estudió el decreto, diputado opositor José Guerra, señaló que el informe que será sometido mañana a votación tendrá un “vacío”, que además influirá en la aprobación o no del decreto.

Agregó que la información de los funcionarios era indispensable para conocer la situación real del país. “Sin información no hay emergencia”, recalcó.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la noche del miércoles que el decreto es constitucional.

Según expertos en leyes, si la Asamblea rechaza el decreto, éste quedará sin efecto y el Gobierno tendrá que buscar otros caminos para aplicar las medidas derivadas, aunque sin el visto bueno de la legislatura.

El Gobierno planteó el decreto de emergencia a fin de afrontar la crisis económica que se ha agudizado por la caída de los precios petroleros.

El decreto propone que las medidas estén vigentes durante 60 días, prorrogables por otros 60. También señala que Venezuela enfrenta una coyuntura derivada de los efectos de una “guerra no convencional”, a la que le atribuye el desplome de petróleo.

Indica que los Ministerios de Economía y Finanzas podrán efectuar las acciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer “límites máximos de egresos e ingresos de la moneda venezolana, así como restricciones a denominadas operaciones y transacciones comerciales y financieras”.

Señala además que el presidente podrá dictar medidas de orden social económico o político que considere convenientes a las circunstancia