09/18/2020

#Ecuador #CarlosPolit “Legisladores han sido mediocres en luchar contra la corrupción

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Su oficina es elegante y moderna. Tiene tres fotografías con el presidente de la República. También chocolates y dulces en los cajones. Pero lo que más llama la atención es una pila de carpetas sobre su escritorio. Estas guardan los ‘secretos’ de los asambleístas, son los resultados de los exámenes especiales a sus declaraciones patrimoniales, dice a EXPRESO el contralor, Carlos Pólit.

Se debate una nueva Ley de Declaraciones Juramentadas. ¿Cuál es la relación entre la reserva de esas declaraciones en la Contraloría y el principio de transparencia y la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito?

Algunos asambleístas y jurisconsultos dicen que ese proyecto de ley permitiría ocultar la información o evitar su transparencia. Están confundidos o aquí pasa algo extraño. Existe una ley y nadie la ha reprochado. Esta señala que el examen tiene carácter reservado. Además, la Constitución y la ley de Acceso a la Información Pública prohíben la entrega de información personal de los funcionarios. Los opositores debieron presentar una reforma constitucional para este tema. ¡Cuánto quisiera que esas declaraciones sean públicas y transparentes! Pero hay leyes y eso está prohibido.

¿Un documento público es igual a uno privado. Se puede jurar ante una laptop?

Eso es falsedad y desconocimiento. No se hace ante el computador, sino ante la autoridad competente, que es el contralor. Este organismo tendrá delegaciones y asesores para esas declaraciones. Está en juego el tema económico de los notarios, que son 600 en todo el país y reciben 12 millones de dólares. Parece que es interesante esa profesión. Tampoco se quita trabajo porque será posible hacer las declaraciones en sus oficinas o vía web a la Contraloría, pero de manera gratuita.

La Contraloría terminó los exámenes especiales de las declaraciones de todos los asambleístas. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuántos tuvieron ‘bombero’?

El equipo terminó el trabajo. No puedo hacer públicos los nombres, deben ir a la autoridad competente.

¿La enmienda constitucional quiebra la función de la Contraloría en un sistema democrático?

Restar la posibilidad de control al organismo es delicado y preocupante. La capacidad de la institución en el análisis de la gestión ha sido eliminada. La enmienda también confunde las clases de auditorías.

Pero el oficialismo dice que la enmienda aclara las funciones de la entidad que usted dirige. ¿Cuál es la verdad?

No hay aclaración. La Constitución fue redactada por esos asambleístas, que nos dieron esas facultades.

Usted presentó una demanda de inconstitucionalidad a la enmienda. ¿Eso lo distanció del Gobierno?

No estoy distanciado de ninguna función del Estado. La Constitución dice que debemos coordinar acciones. No existe una función personal, la mía es pública y de control, es institucional.

La oposición dice la Corte Constitucional está en manos del poder. Usted ¿qué espera de esa resolución?

Como personas decentes, debemos pensar bien de los funcionarios del Estado. Espero que la Corte falle como deba hacerlo, no quiero adelantar ningún criterio.

¿Cómo luchar contra la corrupción en un país donde se persigue a los denunciantes?

Los temas políticos no me conciernen.

Pero los opositores dicen que la Contraloría ha hecho un papel tibio para combatirla y sin resultados.

Hay muchos exfuncionarios que han sido señalados por este organismo. Ellos deben mirarse en un espejo y decirse soy o no corrupto. Los legisladores se rasgan las vestiduras, tuvieron oportunidad de luchar contra ese cáncer, pero fueron mediocres. La Contraloría ha hecho 20.000 exámenes especiales, con observaciones administrativas y penales.

¿No cree que su trabajo es incompleto porque esos casos se quedan atrapados en la Fiscalía?

El Fiscal dice que tiene un sistema informático de seguimiento de causas. Está avanzando, muchos han sido archivados porque esa autoridad no ha encontrado el delito peculado; otros han descubierto documentos falsos. Nosotros cumplimos nuestra función al entregar insumos claros y precisos. Los otros deben hacer su trabajo.

¿Usted ha sufrido presiones para hacer los exámenes?

No he tenido ni aceptado la presión de nadie. Los equipos de auditoría tienen libertad de ejercicio profesional. Ellos han logrado, con mucho éxito, descubrir daños contra los bienes del Estado.

El caso Di Blasio, cuyos talleres a los estudiantes de Guayas costaron 1,8 millones de dólares, ¿qué estipula la ley para los responsables?

El equipo de la Contraloría encontró sanciones administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. No puedo adelantar más, está en manos de la Fiscalía. Hay observaciones a las autoridades.

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