La Guardia Civil se harta de los ‘chivatazos’ a los investigados por corrupción

S. Toro
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“Los ‘chivatazos’ a los investigados por corrupción nos impiden a los guardias civiles llevar a los corruptos ante la Justicia”. Así de tajante se ha manifestado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) que, no obstante, advierte que “la Unidad Central Operativa (UCO) ha hecho, hace y hará su trabajo para castigar la corrupción a pesar de las trabas que le ponen por el camino”.

La AEGC ha puesto de manifiesto el “malestar” generado entre los miembros del Instituto Armado por todas las trabas que se han puesto en la investigación de los últimos casos de corrupción que afectan al PP y, en concreto, en Lezo -investigación sobre corrupción en el Canal de Isabel II que ha deparado la detención e ingreso en prisión del expresidente madrileño Ignacio González-. Un malestar que, aseguran, “va en aumento”.

(Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Eloy Velasco)

“Primero fue el ‘soplo’ que alertó a González del pinchazo de su teléfono, después el aviso de su posible detención… Luego una reunión del hermano del político, Pablo González, con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y los mensajes de ánimo de Rafael Catalá”, denuncia la asociación. Advierten además que los guardias civiles “estamos al servicio de la sociedad, del Estado y de la democracia” y lamentan que tienen que “desenredar las madejas corruptas de los más de 120 casos de corrupción existentes y que afectan a casi todo el arco político a pesar de la escasez de medios humanos y materiales que sufren”.

“Las continuas filtraciones que se producen sobre estos casos no hacen más que poner en riesgo las investigaciones que se llevan a cabo”, insisten. Se refieren los agentes al ‘chivatazo’ a Ignacio González en el que una magistrada le habría alertado de que sus líneas de teléfono estaban pinchadas y de su posible detención, así como a que el fiscal anticorrupción de Madrid, Manuel Moix, tratara de paralizar uno de los registros en la Operación Lezo.

Además de las filtraciones sobre el desarrollo de la investigación judicial a los implicados, los agentes denuncian los encuentros de algunos de los imputados con altos cargos del Gobierno, los mensajes del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a González y las conversaciones grabadas en las que el expresidente madrileño habla con el exministro popular Eduardo Zaplana sobre el ‘quita y pon’ de jueces.

Los culpables del ‘malestar’

Rafael Catalá: El ministro de Justicia es cuestionado por la gestión de los fiscales y por el mensaje de texto enviado a Ignacio González en noviembre de 2016 en el que, en respuesta a la felicitación de este por su continuidad en el Gobierno, le expresaba su deseo de que se cerraran pronto “los líos”. “Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”, decía el sms.

(Rafael Catalá en el Senado)

José Antonio Nieto: El secretario de Estado de Seguridad mantuvo el pasado 8 de marzo una reunión con el hermano de González, Pablo, que comparte celda con el expresidente, cuando este ya conocía que estaban siendo investigados. Si Nieto hubiera facilitado información acerca de la investigación que pesaba sobre los hermanos podría haber incurrido en los delitos de revelación de secretos y obstrucción a la Justicia.

(José Antonio Nieto)

Eduardo Zaplana: El exministro popular de Trabajo aparece en el sumario del caso en conversaciones intervenidas a Ignacio González. En ellas, el expresidente de Madrid le habría planteado colocar a personas afines en puestos de responsabilidad para tener así capacidad de influir en investigaciones policiales y judiciales. González también le sugiere llamar a Rafa -posiblemente el ministro Rafael Catalá- para colocar a Manuel Moix al frente de Anticorrupción, algo que finalmente se produjo.

(Eduardo Zaplana)

‘No estamos al servicio de ningún partido político’

Ciudadanos ha pedido este miércoles la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que aclare si su Ministerio “trabaja para detener corruptos” e investigar la corrupción o, por el contrario, trata de “blanquearla” e intentar negociar con los acusados. Las noticias relacionadas con esta operación, ha señalado la formación liderada por Albert Rivera, “inducen a pensar que hay cosas que no se están haciendo bien“.

Los guardias civiles han querido dejar claro que “nosotros no estamos al servicio de ningún partido político”. “Aunque puede que algunos en algún momento así lo hayan creído -continúan-, los integrantes de este Cuerpo sólo servimos al Estado español y a los ciudadanos”. Aseguran que no esperan la “colaboración de nadie”, pero sí exigen “respeto hacia el trabajo que realizamos -sobre todo por parte de aquellos ante los que tenemos que responder porque son nuestros superiores civiles-”. También señalan a “aquellos que, aprovechándose de sus puestos de confianza, se dedican a torpedear las investigaciones contra los casos de corrupción que tanto abundan en nuestro país”. “Tienen que ser perseguidos”, sentencian.

http://gaceta.es/noticias/

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