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28
May
17

En Nicaragua, patina la lucha contra la violencia de género

Cinco años después de que Nicaragua aprobara una ley inclusiva contra la violencia de género, la falta de recursos y el socavamiento político han debilitado los derechos de las mujeres y la protección legal contra el abuso.

Pamela J. Neumann  (NACLA)

Women protesting in Managua against weakening Law 779, used to file complaints of gender violence.  Foto: Pamela Neumann

HAVANA TIMES – En el verano de 2013, eran apenas las ocho de la mañana, pero el sol ya ardía en el noreste de Managua, capital de Nicaragua, donde me había unido a varias docenas de mujeres para una manifestación frente al aeropuerto. Sosteniendo coloridos carteles hechos a mano y golpeando tambores, mujeres de todas las edades formaban barricadas en la carretera, cantando: “Ya es hora, ya es tiempo, que las mujeres vivamos sin violencia!”

Los estudios estiman que una de cada dos mujeres en Nicaragua ha experimentado alguna forma de maltrato durante su vida. Al igual que muchos países, los pasos del Gobierno nicaragüense para abordar ese tipo de violencia a menudo han sido excesivamente lentos.

En 2012, las feministas locales encontraron motivos para celebrar cuando, después de una ardua campaña popular de dos años, finalmente se aprobó una nueva ley integral sobre la Violencia de Género (Ley Integral contra la Violencia hacia Las Mujeres o Ley 779).

Por primera vez, la Ley 779 reconoció que la violencia contra las damas proviene de “desiguales relaciones de poder” entre hombres y mujeres. Delimitó el feminicidio como un crimen específico y amplió la definición legal de violencia de género para incluir la económica y psicológica contra las mujeres, entre otras disposiciones para tomar medidas de protección más fuertes.

Sin embargo, su momento de victoria fue de corta duración. En dos años, la mayoría de los grandes avances contenidos en la Ley 779 fueron anulados. Poco tiempo después, las organizaciones femeninas quedaron aturdidas cuando las unidades de policía encargadas de manejar casos de violencia de género –conocidas como comisarías de la mujer- cerraron por completo a principios de 2016.

A pesar del resurgimiento del activismo feminista para exigir la responsabilidad del Estado por las elevadas tasas de feminicidios desenfrenados, tales como la campaña Ni Una Menos, en los últimos años, en Nicaragua, las protecciones contra la violencia de género se han diluido y socavado.

Desde el 2012 he observado de cerca la controversial batalla política por la ley de violencia de género en esa nación, tal como se ha desplegado en las calles y en la prensa. Mi investigación me ha llevado desde el trabajo de base de las organizaciones locales de mujeres, hasta la atestada sala de espera de una comisaría, hasta las casas de decenas de mujeres nicaragüenses que buscaban ayuda legal para escapar de situaciones de maltrato.

Establecidas en 1993, las comisarías son un tipo especial de delegación nicaragüense, dirigidas exclusivamente por mujeres, destinadas a brindar a las féminas víctimas de violencia una atención más especializada.

En aquel momento, la creación de ese organismo representó un importante paso adelante porque, a excepción de la violación, Nicaragua no tenía leyes específicas sobre los libros que prohibían la violencia contra las mujeres.

Inicialmente financiadas como un proyecto piloto con el apoyo de los Países Bajos, las comisarías fueron la primera institución estatal encargada específicamente de investigar casos de violencia de género y proporcionar apoyo legal y psicológico a estas.

En tres años lograron integrarlas de manera oficial en el presupuesto de la Policía nacional, proceso que del mismo modo coincidió con un impulso regional para que los gobiernos latinoamericanos ratificaran la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994 (Belém do Pará).

Para el 2015, hubo 162 comisarías en Nicaragua. Sin embargo, las estaciones policiales para mujeres, y las féminas que laboran allí han ocupado una posición relativamente marginalizada dentro de la Policía de ese país.

Eso fue inmediatamente evidente la primera vez que puse un pie en la comisaría del Distrito 6 de Managua. No había baño que funcionara. Las oficiales escribían informes en computadoras viejas sin acceso a la red de redes. Diez mujeres policías compartían un vehículo oficial, lo que significa que solo se podía llevar a cabo una investigación a la vez. Incluso los lapiceros eran racionados de manera cuidadosa.

Foto: laprensa.com.ni

Dada su extrema falta de recursos, quizás no sorprende a nadie que esas delegaciones no logren satisfacer las necesidades y expectativas del sector femenino en particular. Sin embargo, no fue la ineficacia la que condujo al reciente cierre de ellas, sino más bien una constelación más amplia de dinámicas políticas.

Cerrar las puertas de estas instituciones es la última manifestación de la  continuada eliminación institucional y política de las mujeres en Nicaragua, así como la inclución de las identidades y derechos de las mujeres en un discurso de estado omnipresente que exalte, sobre todas las cosas, la “unidad familiar”.

La expectativa del Estado de que las damas subordinen sus necesidades a otras -ya sea a la familia, a la nación o a ambas- no es nada nuevo allí. Incluso bajo el gobierno posrevolucionario de los años 80, Daniel Ortega y el liderazgo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) frecuentemente dieron prioridad a las políticas encaminadas a reducir las desigualdades de clase (como por ejemplo, la reforma agraria) por encima de las preocupaciones de las mujeres relacionadas con la distribución de las labores del hogares, la salud reproductiva o la violencia de género.

La mayoría de las leyes que beneficiaban al sector femíneo aprobadas durante ese período reforzaron los derechos de ese grupo en el contexto del matrimonio o en el puesto de trabajo: igualdad de derechos de custodia, derecho a pensión alimenticia, igualdad salarial y prohibición de discriminación contra las embarazadas.

Sin embargo, con el inicio de la guerra contra los Estados Unidos de América, ellas fueron llamadas, ante todo, como reproductoras de la nación – sus “vientres patrióticos” fueron considerados vitales para traer a la siguiente generación de soldados.

Después de su primer mandato como presidente, Daniel ortega fue derrotado por Violeta Chamorro, en las elecciones presidenciales de 1990. Durante los siguientes quince años, la Unión Nacional Opositora (UNO) y el Partido Liberal Constitucional (PLC) dirigieron las políticas económicas neoliberales implementadas por el Gobierno y aprobadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que incluían la desregulación del mercado, el control y rembolso de la deuda, la liberalización del comercio, así como la privatización tanto de la industria como de los servicios sociales estatales.

Como resultado de esas políticas, las mujeres fueron cada vez más empujadas hacia el sector informal del empleo, al tiempo que se vieron obligadas a asumir una mayor responsabilidad para satisfacer las necesidades de los hogares (por ejemplo, el cuidado de los niños). Al reducir los servicios proporcionados por el Estado, este, entonces, cambió la carga de mantener a la familia a las manos de las mujeres.

A pesar de esos obstáculos, durante ese período el movimiento feminista autónomo abogó, con éxito, por importantes reformas al código penal para abordar la violencia de género. Las reformas, aprobadas en 1992 y 1996, sancionaban la violencia intrafamiliar e introducían nuevas medidas de protección para las damas.

Sin embargo, las reformas no abordaban dos de las principales cuestiones, que eran la violencia contra las mujeres cometido por excompañeros y el maltrato económico como la destrucción de sus propiedades.

El fracaso de las políticas neoliberales para resolver los apremiantes problemas sociales y económicos de Nicaragua, así como la corrupción generalizada de líderes de la oposición como el expresidente Arnoldo Alemán (2001-2006), abrieron la puerta al regreso del poder sandinista.

Después de un paréntesis de 16 años, Daniel Ortega fue reelegido a la presidencia en 2006, esta vez forjando una alianza estratégica con poderosos líderes religiosos conservadores.

Para conquistar ese bloque de votación, Ortega y su socia Rosario Murillo se casaron en la Iglesia Católica, y Ortega se comprometió a mantener la total prohibición del aborto aprobada por la legislatura nicaragüense poco antes de su toma de posesión –promesa que ha cumplido al pie de la letra en detrimento de las mujeres.

En 2011, Ortega adoptó como lema de su campaña de reelección: “Cristiana, Socialista, Solidaria”. Tanto sus discursos como los de Murillo (ahora vicepresidenta) han hecho énfasis en repetida ocasiones en el objetivo del Gobierno de “fortalecer la unidad de la familia nicaragüense a través de prácticas cristianas y solidarias”.

En realidad, ese enfoque en la unidad familiar ha marginado las necesidades e intereses de las mujeres, abrazando la idea de que ese sector debe sacrificar su propio bienestar para el propósito supuestamente más alto de la “unidad”.

La prioridad de la “familia” por encima de las mujeres, específicamente dentro del discurso político nicaragüense, significó que incluso la aprobación de la Ley 779 en 2012 no condujo a ninguna reasignación notable de recursos para el financiamiento de las comisarías u otras instituciones de ejecución.

De hecho, apenas semanas antes de que la Ley 779 estuviera programada para entrar en vigor, no había presupuesto para financiar la mayoría de sus mandatos principales, como por ejemplo fiscales estatales adicionales y tribunales especializados en violencia de género. “La Ley 779 sin presupuesto es como arroz y frijoles sin frijoles”, proclamó una pancarta patrocinada por grupos feministas locales en Managua. Otros lo llamaron una “ley muerta”.

Aun así, al año siguiente se aprobó la Ley; las mujeres denunciaron más de seis mil casos de violencia psicológica (amenazas y / o intimidación) a la Policía, lo cual, según la ley anterior, no era clasificado como abuso. Al incluir la violencia psicológica como delito por primera vez, la Ley 779 arrojó luz sobre una dimensión seria de la violencia contra la mujer, cuyo alcance había sido previamente invisible para gran parte de la sociedad.

Una de las medidas más controvertidas de dicho código fue la prohibición de los acuerdos extrajudiciales (también conocidos como mediación). Antes de la Ley 779, la policía había recurrido frecuentemente a la mediación como una estrategia informal para resolver casos de violencia doméstica, en lugar de llevar a cabo una investigación formal; sin embargo, esa práctica era peligrosa para las mujeres debido a la falta de registros formales o por las consecuencias que podía traer romper tales arreglos.

A pesar de eso, los líderes religiosos conservadores se indignaron por la prohibición de la Ley de la Mediación. Los pastores la describieron como “un ataque a los valores evangélicos” y “discriminatorio contra los hombres”. Una asociación de abogados presentó una impugnación constitucional contra esta, acusando que violaba el principio de igual protección bajo la ley.

El Tribunal Supremo confirmó la Ley 779 en 2013, pero también dictaminó que la legislatura debería eliminar la prohibición total de la mediación. A pesar de la feroz oposición de las organizaciones locales femeninas, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley 779, que permitió, una vez más, la mediación en casos que ocurrían por primera vez y de mala conducta. Debido a que la violencia de género raras veces o nunca ocurre una sola vez, el permitir la mediación, incluso en casos aparentemente “menores”, es poner más vidas de mujeres en riesgo.

Foto: eldiario.es

Y en el 2014, la Ley se debilitó aún más cuando el presidente Ortega emitió un decreto especial (Decreto 42-2014) que contenía nuevas regulaciones para la Ley 779. Este decreto redefinió el objetivo de la Ley 779 para “fortalecer a las familias nicaragüenses… [y] la cultura de armonía familiar” y trasladó la responsabilidad de la aplicación de la Ley 779 de una comisión interinstitucional al Ministerio de la Familia.

El Decreto también ordenó el establecimiento de aconsejar basado en el vecindario (dirigido por líderes religiosos y políticos), como un primer paso para resolver el “conflicto familiar” antes de presentar una queja legal. Esos cambios diluyeron el poder de la Ley e hicieron aún más difícil que las mujeres tuvieran acceso a la justicia legal en casos de abuso doméstico.

El aumento de los informes y la falta de recursos exacerbaron los problemas preexistentes que enfrentaban las asediadas comisarías, y a su vez, las mujeres que acudían a ellos para pedir ayuda.

En 2014 conocí a Liza, quien estaba de vuelta en la comisaría por segunda ocasión en dos semanas, para ver si los resultados de su examen forense habían llegado de la Oficina de Medicina Legal.

Pasaron veinte minutos mientras nos sentábamos juntas en la sala de espera. Liza miró su reloj con preocupación. “Me fui mientras dormía, sin hacer el almuerzo antes”, explicó, refiriéndose al compañero contra quien había hecho la denuncia de abuso.

Cuando la capitana de la comisaría salió de su oficina, Liza preguntó por su informe forense, que incluía una evaluación física y psicológica después del ataque. Pero la capitana se dirigió a ella con tristeza: “Las mujeres vienen el domingo, cuando duele, y luego se olvidan y no vuelven”, dijo.

Liza insistió en que no había podido venir antes debido a obligaciones laborales. “Si sabe que estoy aquí, me matará -dijo ella-. La capitana se dirigió a su despacho y regresó unos minutos más tarde llevando una carpeta abultada de manila. -No está aquí -le dijo-. Liza se levantó para irse, con los ojos llenos de lágrimas.

Mujeres como Liza se arriesgaban a perder sus empleos -y a recibir posibles represalias de sus compañeros- para realizar repetidas visitas a las comisarías y otras agencias estatales para dar seguimiento a sus casos.

Otra, Magda, me dijo que solía trabajar en horario regular en la cafetería de una universidad local, pero después de presentar una demanda contra su marido, tuvo que renunciar a su empleo y sobrevivir, en lugar de eso, lavando o planchando.

“Durante dos años y medio no he podido conseguir un trabajo estable, porque tengo que estar lista en cualquier momento”, explicó. “El abogado me puede llamar en cualquier momento o el fiscal o la policía, así que no puedo conseguir un trabajo estable, porque no puedo estar pidiendo tiempo libre todo el tiempo”.

—-
En octubre de 2014 asistí a la inauguración de la nueva oficina de consejería del Ministerio de la Familia en una comisaría en Managua. Cuando llegué esa mañana, la hierba alta que rodeaba el edificio había sido recién segada y las pancartas de colores como: “En el amor no hay miedo” colgaban debajo de una pequeña carpa blanca que se encontraba cerca.

Un funcionario dio la bienvenida a todos a la “comisaría de la familia y de la comunidad”. Después de una breve serie de discursos, el capitán invitó a los asistentes a entrar y recorrer las renovadas instalaciones, recién pintadas con tonos verdes y melocotón y decoradas con globos. Una de las paredes mostraba una serie de carteles que alababan a la familia,  uno decía: “Una familia unida en el amor de Cristo dura para siempre. Dele a Dios el control de su familia hoy y siempre”.

Aunque algunas ideas religiosas sobre la familia han mantenido su influencia en algunos pocos sectores de la población, incluyendo a algunos funcionarios electos, esas ideas están siendo explícitamente promovidas por las instituciones legales y políticas del país como una justificación para debilitar las leyes contra la violencia de género.

Las reformas de la Ley 779 pretendían claramente disuadir a las mujeres de pedir ayuda a la comisaría. Aunque muchos factores influyen en las tasas de notificación, no es casual que en el año 2015 los informes de violencia intrafamiliar y sexual hayan disminuido en un 29 por ciento a partir de 2014, según datos de la Policía Nacional de Nicaragua. Los informes femeninos de violencia psicológica en 2015 cayeron en un 42 por ciento.

Tal vez es de esperarse que las comisarías de mujeres tengan pocos recursos en un país como Nicaragua, que sigue siendo uno de los más empobrecido de América Latina. No obstante, en los últimos años, el Gobierno de Ortega ha tomado una serie de decisiones estratégicas que socavan -si no sabotean- el papel de esos organismos para investigar los delitos de violencia de género.

El reciente cierre de las comisarías es solo una parte de una erosión más amplia de los derechos de las mujeres en Nicaragua. Mientras que el presidente y sus aliados pueden continuar anunciando el estatus de Nicaragua como “el país más seguro de Centroamérica”, las mujeres en situaciones de violencia han sido dejadas para que se defiendan ellas mismas.
________________________________________
Pamela Neumann obtuvo su Ph.D. en Sociología en la Universidad de Texas, en Austin, y actualmente estudia un post doctorado de La Piedra Zemurray, en Stone Center for Latin American Studies, en la Universidad  de Tulane. Su investigación examina las políticas de la ley de violencia de género y las experiencias de las mujeres con instituciones legales en Nicaragua.

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