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05
Jun
17

#Ecuador Pólit está en la mira de la Asamblea y de la Fiscalía

Serrano Polit baca

Analizan un juicio político al contralor. Cuenta con los votos para destituirlo. Una investigación por presunta concusión fue abierta.

Bajo la lupa por dos frentes. El contralor Carlos Pólit, reelecto este año por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está en la mira de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del Estado. El bloque oficialista de Alianza PAIS busca su enjuiciamiento político y la Fiscalía su encausamiento penal.

En el Legislativo, su presidente José Serrano anunció en su cuenta oficial de Twitter que convocó a su agrupación para un único planteamiento: llamar a juicio político al contralor General del Estado. Ese encuentro será mañana. Una reunión previa y reservada con los titulares de comisiones y coordinadores oficialistas tenía previsto cumplirse ayer, pasadas las 18:00.

De concretarse el pedido, Pólit se convertiría en el primer funcionario en ser llamado a juicio político durante los 10 años del actual régimen. Es uno de los investigados en el caso de los presuntos sobornos entregados por la empresa Odebrecht. Su casa fue allanada el pasado viernes, aunque aún no es precisa su participación en el caso.

Según el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el pedido necesita 34 firmas de respaldo (una cuarta parte de los legisladores) para presentarlo al presidente de la Asamblea Nacional.

La solicitud deberá ir al Consejo de Administración Legislativa y en los siguientes tres días verificará los requisitos e iniciará el trámite. El presidente de la Asamblea, por medio de la Secretaría, enviará la solicitud y los documentos a la Comisión de Fiscalización para que sustancie el trámite.

En cinco días, Fiscalización avoca conocimiento y verifica que se cumpla el artículo 131 de la Constitución que faculta a la Asamblea a enjuiciar políticamente cuando existan incumplimientos de funciones de ministros, procurador, contralor, fiscal, defensor del Pueblo, defensor Público, superintendentes, miembros del Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana.

La Constitución establece que para la censura y destitución se requerirá de la mayoría absoluta, a excepción de los ministros, miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura que son las dos terceras partes.

PAIS, según las cifras y los votos, no necesitaría recurrir a la ayuda de la oposición. De momento, tampoco existe una postura clara de apoyo de las otras bancadas legislativas. El legislador y vocal del Consejo de Administración Legislativa, Luis Fernando Torres, reconoce que PAIS puede actuar por sí solo y también destaca lo “oportuno” e “interesante” del anuncio de Serrano dada la situación del contralor.

El asambleísta Roberto Gómez, de la alianza CREO-SUMA, insiste en que deberían caer todos los involucrados en el caso de corrupción, sin manifestar una clara postura sobre el planteamiento del oficialismo. Hoy está previsto que el bloque opositor anuncie las acciones que tomará entorno al caso.

El Legislativo no es el único frente contra Pólit. Además, el viernes pasado, la fiscal subrogante, Thania Moreno, comunicó a la Corte del inicio de una investigación en contra del contralor por presunta concusión. Esa norma castiga con entre tres y cinco años de cárcel a quien abusando del cargo o por medio de terceros ordene o exija la entrega de cuotas o contribuciones no debidas.

El contralor, quien obtuvo el mejor puntaje entre 14 postulantes (95 sobre 100 puntos) al concurso, está en Miami, Estados Unidos, con una licencia por enfermedad. Desde ese país otorgó, dos días antes de los allanamientos del viernes, un poder amplio para que su abogado Jorge Acosta lo patrocine en procesos que se pudieran instaurar en su contra en el país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, a finales de diciembre pasado, la lista de países en los que la constructora brasileña pagó sobornos. En Ecuador habría entregado 33,5 millones de dólares.

Los asambleístas

Vicente Taiano (PSC)

“En 10 años tuvimos una Asamblea inerte, pero dada la naturaleza de los hechos llegó el momento de que esa facultad fiscalizadora se vuelva una realidad. Debemos como Asamblea exigir que la justicia actúe con independencia y celeridad”.

Roberto Gómez (CREO)

Exigimos que caigan todos

“Es la ciudadanía la que exige que se investigue todos los actos de corrupción de los 10 años del llamado gobierno de la revolución ciudadana. Nosotros desde la oposición y como ciudadanos exigimos que caigan todos los que tienen que caer”.

Hermuy Calle (PAIS)

“Hay un escándalo mayúsculo en donde está involucrado quien debía controlar el interés del Estado. De los resultados de las indagaciones que se iniciaron lo mínimo que podemos hacer es ejercer nuestra capacidad de control político”.

Wilma Andrade (ID)

Esperemos la convocatoria

“Es un paso importante para tener información del juez de cuentas. Él debería haber hecho conocer los temas de manejo indebido de recursos públicos en su debido momento. Esperemos que la convocatoria se dé y no sea un elemento aislado”.

Anticorrupción

El Frente se instala hoy

El presidente Lenín Moreno participará hoy en la instalación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que convocó oficialmente hace pocos días. El evento será en el Palacio de Carondelet. Según la Secretaría Nacional de Comunicación, el acto no será abierto a la prensa nacional porque no “existirá una ceremonia de posesión, en términos protocolarios”. La prensa oficial será la única autorizada.

Paralelamente, en Guayaquil, el movimiento Unidad Popular presentará ante la Fiscalía del Guayas un pedido de medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, en contra de todos los funcionarios involucrados en el caso Odebrecht.

Inconsistencias

Caso Odebrecht: tres meses para desvirtuar los cargos

El viernes pasado seis personas fueron procesadas por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Sus cuentas eran poco claras.

La revelación se hizo durante la formulación de cargos efectuada para Ramiro Rivera (tío del vicepresidente Jorge Glas), Carlos Villamarín, Kepler Verduga, Rubén Terán, Gustavo Massuh, José Catagua. Las seis personas afrontan una instrucción fiscal.

Cinco de ellos recibieron prisión preventiva y el sexto procesado permanecerá con arresto domiciliario los 90 días que tome la instrucción.

La fiscal Diana Salazar detalló que según la información entregada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), dentro del ranking de proveedores de la empresa constructora Odebrecht, se encuentran las empresas Transpyase y Serviconty. Esas firmas también constan en la base del SRI como empresas de fachada o fantasma, dijo la fiscal Salazar.

Entre los proveedores de Odebrecht figuran las compañías Diacelec y Equipos y Trabajos, Equitransa, las mismas que, según expuso la fiscal, presentan actividades presuntamente inusuales.

Salazar detalla que Diacelec, de acuerdo con lo informado por el SRI, registra ventas efectuadas a la empresa Odebrecht por 58’070.546,73. Pero, según la información de la Unidad de Análisis Financiero, la firma registra 52’845.659 de ingresos con una diferencia 5’224.887,73 de dólares (ver cuadro).

Añade que dentro de los acreedores de Diacelec está Villamarín, quien registra 218.619,14 dólares que no se ha justificado su procedencia.

En los tres meses que tomará la instrucción los sospechosos deberán presentar elementos que desvirtúen las acusaciones de la Fiscalía.

El delito de asociación ilícita se castiga con una pena de entre tres y seis años de cárcel, según el Código Penal anterior con el que se sustancia el proceso.

MCV

La Contraloría hizo una última acción de control a bienes del fiscal Baca

Dentro de sus acciones de control, la Contraloría General del Estado registra en 2017 dos informes de declaraciones juradas de bienes del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

La última se refiere a la presentada por el funcionario al finalizar su gestión como consejero de Gobierno en la Presidencia de la República, cargo que ejerció desde el 15 de junio de 2014 hasta el 11 de enero de 2017.

A su salida de esa entidad pública, Baca declaró tener un patrimonio por $ 199.401,44 (activos por $ 426.899,73 y pasivos por $ 227.498,29).

Al comenzar su función de Fiscal General del Estado, el pasado 11 de mayo, presentó en su declaración de bienes un total de $ 211.095,73 como patrimonio (activos por $ 426.410,45 y pasivos por $ 215.314,72).

En su historial como funcionario público, Baca también ha desempeñado cargos, desde 2009, en la Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y en los ministerios de Coordinación de la Política, de Inclusión Económica y Social, de Coordinación de Desarrollo Social y del Interior.

El fiscal está ahora enfrentado con Carlos Pólit, titular de la Contraloría, por las últimas acciones que dispuso dentro del caso Odebrecht (investigación previa y allanamiento de vivienda).

El pasado viernes, Hernán Ulloa, abogado de Pólit, manifestó que la vinculación del contralor a presuntos hechos de corrupción obedecería una represalia de Baca, por cuanto la Contraloría presentó hace pocos días en su contra un informe con indicios de responsabilidad penal. MAS

Datos

Acusación

El contralor, a través de su abogado, dijo que van a “demostrar la ilegalidad de las acciones tomadas por la Fiscalía”.

Respuesta

“No actuaremos con represalias ni en contra de nadie. Investigamos infracciones penales”, respondió Baca en su cuenta de Twitter.

Ausencia

Pólit salió del país el 26 de mayo. El 31 dejó un poder de representación al abogado Jorge Acosta.

El Contralor General del Estado es indagado por concusión

La denuncia reposa en el sistema del Consejo de la Judicatura. Allí se indica que la fiscal general subrogante, Thania Moreno, presentó una acción penal en contra del contralor general del Estado, Carlos Pólit.

El delito que se le imputa es concusión. Esta figura está tipificada en el art. 281 del Código Integral Penal. En la normativa se explica que dicha sanción se da cuando el funcionario público “abusando de su cargo” exige la entrega de “contribuciones, sueldos, cuotas o derechos” ilegales.

Aunque en el sistema judicial no se dan detalles del supuesto delito, se indica que la fiscal Moreno anexó a su denuncia 74 hojas. En esos documentos se sustentaría la acusación. A ese expediente, aún no han accedido los abogados de la defensa del Contralor.

El domingo 4 de junio del 2017, su defensor, Hernán Ulloa Parada, señaló a este Diario que desconoce las razones de la denuncia. Incluso, ­indicó que conoció de la acción legal por Internet.

De la misma forma se enteró Pólit, quien actualmente está en Miami, Estados Unidos. El funcionario está con permiso médico desde el 26 de mayo. Según Ulloa Parada, tampoco conoce por qué se lo acusa de este ilícito.

Sin embargo, el abogado no descartó que se trate del caso Odebrecht, debido a que la denuncia se presentó el viernes. En decir, el día en que agentes de la Fiscalía y Policía allanaron la casa del funcionario, en el norte de Guayaquil.

Según informes de las dos entidades, en la vivienda del Contralor se hallaron documentos y equipos electrónicos. La Fiscalía no ha dado detalles de la acusación que hizo la fiscal Moreno, pero informaron que las investigaciones continúan.

Luego de la incursión policial, Ulloa Parada señaló en una rueda de prensa que la acción de Fiscalía fue ilegal.

El domingo, se mantuvo en esas declaraciones y anunció que está recabando toda la información para enfrentar el proceso judicial. El jurista anunció que hoy presentará un escrito en la Corte Nacional de Justicia, en el que indica que comparecerá dentro de la investigación previa para ejercer la defensa del contralor Pólit.

Pero advirtió que esto no afecta de ninguna manera a las funciones que ejerce el contralor, pues la Fiscalía deberá sustentar con pruebas que el funcionario incurrió en el delito.

Pero el Contralor no solo se alista para defenderse judicialmente, sino también en el ámbito político. Esto luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunciara el sábado la posibilidad de plantear un juicio político en contra del funcionario.

De hecho, Serrano indicó que el tema se tratará en una reunión del bloque legislativo de Alianza País. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la convocatoria no había llegado. Así lo confirmaron varios legisladores oficialistas.

Un juicio político se plantea por el incumplimiento de las funciones constitucionales por parte de una autoridad. Y para hacerlo, Serrano necesi­tará el respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros la Asamblea, es decir 35. El oficialismo y sus aliados cuentan con 74 curules.

Pero, además, la solicitud de enjuiciamiento debe contar con “el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará” en contra del funcionario y la prueba documental que disponga al momento, como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Esto deberá entregarse al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tiene un plazo de tres días para verificar que cumpla con los requisitos indispensables y remitir el pedido a la Comisión de Fiscalización, presidida por la oficialista María José Carrión.

La Comisión tiene cinco días para verificar nuevamente que la solicitud esté completa y sustentada. Si el proceso se inicia, el funcionario acusado y el peticionario tendrán 15 días para mostrar sus pruebas de cargo y descargo. Y en cinco días, la Comisión definirá si archiva o da paso al proceso.

Si esto último ocurre, el presidente de la Asamblea convocará al pleno en máximo cinco días. Allí, los legisladores decidirán si Pólit debe ser destituido y censurado.

Esto requiere, en el caso de la máxima autoridad de la Contraloría, el voto de la mayoría absoluta de legisladores, es decir 69. Y si del proceso se derivan indicios de responsabilidad penal, la Asamblea dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

Carlos Bergmann, segundo vicepresidente del Parlamento por AP, dijo que, personalmente, cree se debe esperar a que termine la investigación en la Fiscalía, y se informe oficialmente sobre el resultado. Pero advirtió que en la lucha contra la corrupción “caiga quien caiga, vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

La legisladora Marcia Arregui, también oficialista, prefirió no pronunciarse sobre el tema, al menos hasta que conozca a detalle el caso judicial. La Comisión Nacional Anticorrupción pidió, en una carta pública, que el Legislativo suspenda las funciones de Pólit, quien ocupa el puesto desde 2007 y en marzo pasado fue reelegido para cinco años más.

En contexto

En el concurso, llevado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el contralor Pólit obtuvo la puntuación más alta en las fases de méritos y de oposición. El funcionario sacó 48 y 47 sobre 50. Eso hizo que su gestión se alargara hasta el 2022.

Bancadas analizarán respaldo a juicio político a Carlos Pólit

Para un posible enjuiciamiento político al contralor del Estado, Carlos Pólit, investigado por el caso Odebrecht, se requerirían las firmas de una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, cuyas cuatro bancadas prevén reunirse hoy y mañana para decidir su respaldo a esta iniciativa planteada por su presidente, José Serrano.

Él anunció en su cuenta de Twitter, el sábado, que propondrá la discusión al interior del bloque de Alianza PAIS (AP) de llamar a control político a Pólit, que goza de una licencia y se encuentra en Estados Unidos por un tema médico.

Es sospechoso del delito de “concusión” (que exige o hace pagar a una persona una contribución) planteado por la fiscal subrogante, Thania Moreno, dentro de las investigaciones de Operación Odebrecht en Ecuador, que ha dejado ocho procesados, al momento.

La ley de la Función Legislativa señala en la sección III sobre el enjuiciamiento político a los funcionarios, que este mecanismo procederá por el incumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 131 de la Constitución, durante el ejercicio de su cargo, y un año después de terminadas.

La solicitud, que deberá contar con las pruebas de la acusación, será presentada al presidente de la Asamblea. Este lo entregará al Consejo de la Administración Legislativa (CAL), que en tres días debe tramitar el pedido y trasladarlo a la Comisión de Fiscalización que, a su vez, tendrá otros cinco días para calificar la pertinencia.

La coordinadora del bloque de AP, Ximena Peña, contó que mañana a las 06:00 se reunirían para debatir esta propuesta y otra hecha por su coidearia, María José Carrión, de que la empresa brasileña Odebrecht sea “expulsada” del país.

Según Peña, este martes habría una sesión plenaria lo que permitiría el conocimiento de esta resolución. “Como bancada queremos reunirnos y establecer cuáles serían las reglas más contundentes que tomaremos”, dijo.

El Bloque de Integración Nacional también se reuniría mañana para decidir su postura, afirmó la legisladora de Pachakutik Encarnación Duchi, aunque desconfían de la iniciativa oficialista, luego de que el jueves la mayoría de AP no dio paso a un pedido del asambleísta Jaime Olivo (PK) para que la Asamblea solicite a Brasil la información de Odebrecht, acusada de entregar coimas en al menos doce países para beneficiarse de contratos públicos.

“Queremos fiscalizar. Que se llame a juicio a todos los involucrados, y esperamos que se transparente el caso Odebrecht, pues estaremos detrás exigiendo”, añadió.

Los miembros del PSC se reunirían la tarde de hoy para analizar esta coyuntura, indicó el legislador Henry Cucalón.

A su criterio, estos procesos “son un derecho de los asambleístas, y en las actuales circunstancias cabe que todo dignatario o funcionario involucrado o cuestionado, y que sea acusado en base a la Constitución y la ley, debe responder y rendir cuentas de sus actos. Y acorde a las explicaciones y pruebas presentadas se determinará la culpabilidad política o no”, opinó.

El bloque de CREO-SUMA anunciará hoy, a las 10:30, las “acciones para exigir transparencia y cero impunidad”. A la par de que la parlamentaria Mae Montaño convocó, a las 10:00, a realizar una concentración en la Fiscalía para exigir “la lista de Odebrecht”.

De forma paralela, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) espera el resultado de esta acción política para, de ser el caso, iniciar un nuevo concurso de selección del contralor.

Su vicepresidente Edwin Jarrín aclaró que en el caso de que Pólit sea “censurado” por el Parlamento, el “subcontralor lo subroga hasta que se lleve adelante un concurso y se designe al nuevo contralor”. (I)

Creo que la propuesta (de juicio político a Carlos Pólit) tendrá el respaldo; y hay bastantes iniciativas oportunas alrededor de este caso, y para determinar cuáles escogeremos, necesitamos debatir y decidir”.

Esperamos que AP cambie su actuación… Estamos preocupados, porque en las votaciones en el pleno se ve que no permiten que se cristalice lo que AP proponía en la lucha contra la corrupción. Eso no se ve que vaya a exigirse”.

http://www.ubicatv.com/

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