POLITICA E INMIGRACION

Supremo anunciará decisión sobre fiscal venezolana en cinco día

Julio 4, 2017 | | | 0  1  0

 Por Néstor Rojas Mavares (dpa)

Luisa Ortega Diaz, fiscal general de Venezuela

HAVANA TIMES – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que inició un procedimiento para la eventual destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo hoy que se tomará cinco días para anunciar una decisión sobre el caso.

Ortega rechazó acudir a la audiencia que dio inicio al proceso, al calificar al TSJ de “inconstitucional e ilegítimo”, lo que hizo elevar más el choque entre poderes en una Venezuela sacudida por tres meses de protestas contra el Gobierno.

La fiscal dijo que desconocía la legitimidad del TSJ para impulsar un proceso cuya decisión está “cantada (anunciada)” y que calificó como un golpe de Estado “más grotesco que el de Pedro Carmona”, al aludir al intento golpista que sacó del poder por 48 horas en 2002 al presidente Hugo Chávez y que fue atribuido al empresario.

Sin embargo, Ortega señaló la posibilidad de que sea removida del cargo en las próximas horas.

“Esto es un golpe de Estado más grotesco que el decreto de Pedro Carmona. Yo no he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo. Si el Tribunal Supremo de Justicia decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar en restablecer la democracia”, señaló.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, señaló al iniciar la audiencia que las responsabilidades de la fiscal son de orden “ético y moral” y dio paso a los argumentos de los acusadores.

Después de las intervenciones del diputado opositor Pedro Carreño; el defensor del pueblo, Tarek William Saab; el contralor general, Manuel Galindo y el defensor público Javier Hernández, en representación de Ortega, Moreno finalizó la audiencia y fijó un lapso de cinco días para tomar la decisión.

El TSJ inició la audiencia poco después de que Ortega anunciara que no acudiría, por lo que permitió que Carreño expusiera sus alegatos para pedir la imputación por “faltas graves” a la fiscal.

Carreño insistió en que la fiscal le mintió al país al negar que firmó un acta que avaló la designación en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional (Congreso), entonces de mayoría oficialista, de 13 magistrados del TSJ.

Ahora Ortega cuestiona a los magistrados y los acusa de querer encausarla.

Tanto el defensor del pueblo como el contralor insistieron en acusar a Ortega de haber mentido sobre el caso y presentaron una serie de documentos para demostrar que la fiscal supuestamente había firmado el acta.

“No voy a convalidar esta historia que está teñida de vergüenza y dolor, cuya decisión está cantada. No los reconozco”, señaló Ortega y advirtió que con la decisión queda abierto el camino para “aniquilar por la vía violenta no solo el descontento popular, sino la acción de las instituciones”.

“Este es un fraude procesal, vergonzoso, con el que se pretende intimidar a la fiscal”, recalcó.

En su declaración, Ortega lamentó que tres meses de protestas contra el Gobierno hayan dejado hasta ahora 90 víctimas fatales y denunció los obstáculos que han tenido la Fiscalía para investigar los hechos, especialmente cuando son transferidos a la justicia militar.

En un acto previo, la Sala Constitucional del TSJ declaró nula la designación del vicefiscal Rafael González y designó para el cargo a la defensora pública Katerine Nayarith Harrington, quien es una de siete funcionarios del Gobierno que fueron sancionados por Estados Unidos en 2015 por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Harrington, de 46 años, se desempeñó como fiscal en casos de claro tinte político como el del opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel por instigar las protestas de 2014 contra el Gobierno; fue viceministra del Interior hasta septiembre pasado y luego defensora pública.

La Sala Constitucional dijo que la designación de González como vicefiscal, hecha por Ortega, era nula, aunque fue ratificada el lunes por la Asamblea Nacional, que el TSJ afirma que sigue en desacato y que por tanto sus decisiones son ilegales.

Carreño pidió el antejuicio de mérito contra la fiscal, un proceso para determinar si puede ser sujeta a una causa judicial, alegando causa grave, pues “mintió al país” cuando dijo que ella no firmó la designación de los magistrados del TSJ.

Afirmó que la fiscal se sumó a los grupos de oposición que intentan un golpe de Estado para derrocar a Maduro.

Ortega presentó una serie de comunicaciones firmadas sobre la recepción de actas sobre la designación de los magistrados, que fueron nombrados luego de conocerse la victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de ese año.

La fiscal descalificó como “incoherentes” las acusaciones de Carreño y alegó que sus “faltas” han sido defender la Constitución, como cuando a fines de marzo denunció como una ruptura del orden constitucional dos sentencias del TSJ que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea, lo cual ratificó hoy.

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