Las líneas rojas de México en la renegociación del TLC

El país norteamericano no aceptará aranceles de ningún tipo ni cambios en la resolución de disputas

Imagen del puerto comercial de Veracruz (México), el pasado 3 de julio.
Imagen del puerto comercial de Veracruz (México), el pasado 3 de julio. FÉLIX MÁRQUEZ

Estados Unidos, México y Canadá han tenido una relación estable los últimos 23 años. La convivencia en torno al Tratado de Libre de Comercio (TLC), firmado el 1 de enero de 1994, ha sido fructífera. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, no obstante, ha estado a punto de hacer saltar por los aires la alianza. Aunque parece complicado que vaya a acabar con todo, el presidente de Estados Unidos ha espetado a sus socios una suerte de: “Tenemos que hablar”. Los primeros encuentros se darán entre el 16 y el 20 de agosto en Washington. México ya ha fijado sus líneas rojas.

En dos documentos de trabajo, uno de ellos remitido al Senado, el Gobierno mexicano resalta sus prioridades ante la negociación recalca que no aceptará la introducción de ningún tipo de arancel, una de las opciones que la Administración Trump manejaba en sus posicionamientos públicos cuando decidió abrir el melón de la renegociación comercial. También rechazará cualquier cambio en el ya famoso capítulo 19 del texto, que establece los mecanismos a seguir para la resolución de disputas entre los tres países firmantes. En ambos casos, las autoridades mexicanas están en total sintonía con sus pares canadienses, lo que parece anunciar un acuerdo de facto entre ambos países frente a uno de los rasgos diferenciales de la nueva Casa Blanca: el proteccionismo.

“[Debemos] fortalecer el tratado sin poner en riesgo el libre comercio, la integración regional y, sobre todo, los empleos de millones de personas en los tres países”, resume el documento de prioridades ante la negociación elaborado por el Gobierno mexicano. Desde la Secretaría de Economía, que dirige Ildefonso Guajardo, aseguran que tanto el capítulo 19 como la no imposición de tarifas arancelarias serán dos puntos “intocables” en la nueva redacción del TLC.

El Gobierno mexicano ve margen para que el nuevo pacto comercial “aproveche las oportunidades que ofrece la economía del siglo XXI” y fija cuatro ejes temáticos “indispensables para fortalecer la posición de México en la economía global, extender los beneficios del libre comercio al interior de la sociedad y reposicionar a América del Norte” en el nuevo orden económico mundial: fortalecer la competitividad de la región, avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI y promover la certidumbre del comercio y las inversiones en Norteamérica.

En el primer ámbito, el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto (PRI) aboga por que la modernización del TLC se oriente a “fortalecer la competitividad de México como plataforma de producción y exportación (…) fortaleciendo la proveduría regional”. De forma implícita, las autoridades mexicanas se refieren así a las reglas de origen, que fijan el porcentaje de contenido regional de cada producto y que se ha convertido en los últimos meses en uno de los mantras cada vez que se habla del tratado comercial norteamericano: una de las claves de las conversaciones trilaterales estará en la búsqueda de un equilibrio entre favorecer la carga de trabajo en los países involucrados y no dañar la competitividad del bloque respecto al resto del mundo.

México ve “prioritario” mantener el acceso preferencial para sus bienes y servicios en EE UU y Canadá y, especialmente, llama a facilitar el acceso de los productos agropecuarios —donde la actividad comercial entre los tres países es especialmente intensa y multidireccional— “buscando reglas claras, procedimientos y eliminando barreras al comercio”; apela a una mejora de los procedimientos aduaneros —uno de los puntos débiles en los intercambios México-EE UU en la actualidad— y subraya la importancia de que se eviten “obstáculos encubiertos al libre comercio”. Este último punto especialmente importante habida cuenta de que ante la imposibilidad de fija aranceles, tal y como anunció en un primer momento, el equipo de Trump podría verse tentado a acudir a regulaciones indirectas para frenar la entrada de productos mexicanos y canadienses en sectores clave.

En el plano laboral, los representantes mexicanos eluden referirse en el documento de prioridades ante la renegociación a las “ventajas competitivas” de las que la nueva Administración estadounidense acusa al país latinoamericano siempre que se presenta la ocasión. Pero el Gobierno de Peña Nieto no desaprovecha la oportunidad de pedir una ampliación de las categorías para “la entrada temporal personas de negocios, mejorar los tiempos, transparencia y procesos para su ingreso [en EE UU] y buscar mecanismos innovadores de movilidad laboral”. Las autoridades mexicanas ven una “enorme oportunidad” si los tres países logran un esquema menos rígido en este ámbito, según confirman fuentes oficiales en referencia a las denominadas visas Nafta (las siglas del tratado en inglés), que facilitar el traslado temporal de profesionales entre los tres países. “¿Cuántos jornaleros mexicanos se emplean en Florida? ¿Y soldadores en infraestructuras estadounidenses?”, pregunta retóricamente un alto funcionario mexicano. “Sería una mejora del tratado que no implicaría ningún coste”, asevera.

Muchos especialistas e importantes representantes políticos de izquierdas critican que el TLC firmado en 1994 favoreció a grandes corporaciones internacionales. En el nuevo tratado, las autoridades mexicanas no quieren que ocurra lo mismo y se comprometen a “generar mecanismos de cooperación regional que fomenten una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de provedurías regionales”. En otro de los ámbitos en los que la Administración estadounidense más ha puesto el foco en los últimos meses, el de la lucha contra la corrupción, el país latinoamericano se fija el objetivo de “establecer medidas” contra los actos de este tipo que “afecten al comercio y las inversiones”. México ya tiene directrices para una renegociación que se presume compleja y, sobre todo, larga: pocos confían en llegar a un acuerdo en lo que resta de 2017, tal y como se habían propuesto las tres partes en los prolegómenos de las conversaciones.

 

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