Los ciudadanos contrarios a la secesión se sienten abandonados por el Gobierno de Rajoy, al que no cejan en reclamar que “ante la peligrosísima política secesionista, golpista y totalitaria” del Govern que intervenga urgentemente Cataluña. No obstante, el presidente sigue sin ver motivos para aplicar el 155.

El líder del PPC asegura que no habrá referéndum en Cataluña el próximo 1 de octubre y advierte de las consecuencias “violentas” que puede tener la tensión social propiciada por la coalición de Junts pel Sí y por la CUP. Albiol se ha pronunciado así en una entrevista en El Español, en la que ha alertado de que Puigdemont y Junqueras buscan una tensión social que puede derivar en “hechos violentos” y “riesgos físicos”.

Además, ha informado de que no descarta que se aplique en Cataluña el artículo 155 de la Constitución porque “es un recurso totalmente democrático”. No obstante, considera más efectiva la vía de la inhabilitación o exigir la responsabilidad patrimonial de los dirigentes separatistas.

Este miércoles, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestado que el Ejecutivo “tiene estudiados todos los escenarios y todas las vías de actuación previstas en el ordenamiento jurídico” para impedir esta consulta ilegal en Cataluña, lo queincluiría también el análisis de una hipotética aplicación del artículo 155.

Méndez de Vigo ha hecho estas declaraciones en la conferencia de prensa posterior a la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, celebrada para buscar vías de solución a la situación del aeropuerto de El Prat, en la que no ha querido confirmar si dentro de esas vías se estudia o no aplicar el citado artículo, que permitiría suspender la autonomía, pero pese al desafío de Carles Puigdemont, el Ejecutivo ha venido diciendo que no ve motivos para aplicarlo y frente al procés ha actuado con la ‘operación diálogo’ y escondiéndose tras el Tribunal Constitucional.

Ha evitado pronunciarse sobre los mecanismos concretos de los que haría uso el Ejecutivo si la Generalitat sigue adelante con el órdago secesionista, ni sobre la hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni sobre la normativa relativa a un delito de sedición.

Pero sí ha dejado claro que tiene estudiados “todos” los escenarios, el primero de ellos impugnar la decisión de la Mesa del Parlament si califica a favor la llamada ley del referéndum.

Y es que, ha añadido que, frente a las actuaciones del Govern y del Parlament cara a esa consulta del 1 de octubre, “el Gobierno está tranquilo porque la razón está de su parte” y actuará con “firmeza y proporcionalidad” para defender la democracia, la soberanía nacional y la igualdad” de todos los españoles.

Méndez de Vigo ha insistido en su idea de que esa consulta secesionista ilegal es “un referéndum sin”, porque no tiene convocatoria, ni censo, ni urnas, ni papeletas, ni apoyo internacional y ahora tampoco tiene calendario, después de que se haya aplazado la calificación por parte de la Mesa de la Cámara.

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