El seguimiento a la agenda que exige la sociedad,  la demanda de fortalecer al sector justicia y reformar el sistema electoral con las observaciones del Tribunal Supremo Electoral comienzan a ser relegadas tras el anuncio de que se impulsará un programa legislativo a favor del desarrollo económico, perciben analistas consultados.

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De los 92 votos que aprobaron la directiva, 67 son del Pacto de Corruptos de septiembre de 2017, por lo que se prevé que la agenda reste relevancia a  la lucha contra la corrupción que han impulsado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ministerio Público (MP) y  los EE.UU.

Primera sesión

Para la plenaria de hoy, los jefes de bloque establecieron una agenda en la que   ya se pueden  avizorar las prioridades legislativas.

Se incluyó el  segundo debate del proyecto de ley de zonas francas y la discusión por artículos y redacción final de la ley del contrato de factoraje o de descuento.

Ambas propuestas fueron trabajadas en el Congreso en años recientes y tienen como fin agilizar transacciones comerciales.

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Arzú Escobar explicó que buscará crear una “agenda compartida” con todos los jefes de bloques y que esta   semana podría consolidar una lista de leyes que cuenten con suficiente respaldo para ser aprobadas.

Admitió que personalmente desea imponer una “agenda de desarrollo económico, leyes  que generen  empleo, que atraigan inversión, que generen confianza”.

¿Reformas sin TSE?

Para la sesión de hoy también se prevé la discusión en primer debate de la Ley Electoral y de Partidos Políticos  que se dictaminó en diciembre pasado, sin incluir  las consideraciones del Tribunal Supremo Electoral.

Según Arzú Escobar, discutir los cambios a la Ley Electoral “fue un consenso” entre toda la junta directiva.

“Está claro el mensaje que queremos enviar  en cuanto a que apoyamos las reformas, como lo he dicho antes. Yo firmé el dictamen y tengo una responsabilidad de impulsar las reformas”, enfatizó.

La analista independiente María Alejandra Morales considera que esa inclusión no refleja necesariamente un compromiso por reformar el sistema electoral. “Que digan que van a entrar a conocer la ley no quiere decir que estén aprobando las mejores reformas. Los cambios que se aprobarían no van a transformar de forma profunda el viciado sistema electoral”, dijo.

Morales también cree que, por la forma en  que se eligió esta directiva, a través de alianzas entre las mismas fuerzas políticas que crearon el   Pacto de Corruptos, existe una intención de poner un alto a los avances en la lucha contra la corrupción.

“Veo una  falta de compromiso, no solo en la lucha contra la corrupción y en reforzar las instituciones, sino también a colaborar con tanques de pensamiento y los grupos de la sociedad civil”, comentó Morales.

José Carlos Sanabria, analista de  Asíes, coincide en que hay pocas posibilidades de que se apruebe una reforma a la Ley Electoral que satisfaga la exigencia ciudadana.

Señaló que  la prioridad de la junta directiva no  será impulsar una reforma al sector justicia desde un rango constitucional, sino que van a buscar impulsar, tal vez, algunos cambios por leyes ordinarias.

Reformas constitucionales

La última vez que se habló del tema en el Congreso fue el 7 de mayo de 2017. De los 25 artículos, solo se ha logrado discutir siete del proyecto de ley, de los cuales tres fueron aprobados, tres  rechazados y uno quedó en suspenso. El 2018 parece que tampoco será el año para que se retome ese tema, como lo ha indicado el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar. A su criterio, “no es conveniente” aprobarlas, debido a que se requiere un fuerte gasto para llevar a cabo una consulta popular.

Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

Según la analista independiente María Alejandra Morales, aún hay temas de las reformas a esta ley que requieren cambios profundos o que se resisten a ser sustituidos. “Los cambios que se incluyen no son suficientes y no son las apuestas más importantes para transformar el sistema electoral”, aseguró. La experta considera que se debe trabajar más en incluir normas que castiguen efectivamente y que incentiven a la ciudadanía en general a involucrarse en política.

Ley de Competencia

Entró al Congreso el 17 de mayo del 2016, pero no se ha podido conocer en el pleno.  Esta ley busca crear una superintendencia que se encargue de ejecutar una política de competitividad a escala nacional. El país había adquirido el compromiso  ante la Unión Europea  de aprobarla. El nuevo presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, al ser consultado al respecto respondió que cualquiera de los diputados puede proponerla para que sea incluida en la agenda legislativa.

Ley de Factoraje

El factoraje es una cesión de los derechos de crédito y, además, una alternativa que permite disponer anticipadamente de las cuentas por cobrar. Incluye compraventa de mercaderías, por servicios o de cualquier tipo de contrato, y que se pueda convertir en un crédito de vencimiento para que los agentes económicos puedan poseer liquidez.

Esta normativa podría quedar aprobada hoy.

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