Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff se excedieron mucho más de lo permitido por la legislación brasileña al rebajar los intereses en los préstamos concedidos a Cuba para las obras constructivas del Puerto del Mariel, concluyó una auditoria judicial.

Una reciente auditoria del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), con sede en Brasilia, dictaminó la ilegalidad de descuentos en los intereses por un monto que sobrepasa los $68 millones de dólares en cuatro de los préstamos para el megaproyecto de la Zona de Desarrollo Especial del Mariel (ZDEM), realizados por el banco estatal BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), según el portal brasileño de noticias UOL.

El alto tribunal brasileño investiga todos los desembolsos efectuados por el BNDES para obras ejecutadas por empresas acusadas de corrupción en el país sudamericano, como es el caso de la constructora Odebrecht, escogida por el gobierno cubano para la ampliación y modernización del Mariel.

La auditoría fue solicitada por el TCU hace más de un año y ahora debe ser presentada para posible formulación de cargos por el presunto desfalco al erario público.

El dictamen del órgano judicial confirmó la injerencia del gobierno brasileño en la concesión de préstamos a Cuba, y pone en evidencia que no solo mediaron criterios técnicos en esta decisión financiera para pavimentar la entrada de Odebrecht en los negocios con la isla, como mostró una reciente investigación periodística de Martí Noticias.

La serie de reportajes de Martí Noticias, titulada Los oscuros negocios de Odebrecht en Cuba, reveló diversas irregularidades en los préstamos del BNDES y el uso de esos fondos públicos en Cuba. Las cifras oficiales esconden el destino de al menos $383 millones en inversiones para el puerto y ponen en entredicho la presunta exportación desde Brasil de $802 millones de dólares en proyectos, materiales y equipos para la obra portuaria.

De acuerdo con el TCU, responsable de fiscalizar las cuentas de la federación brasileña, en el otorgamiento de los préstamos a Cuba se implementó el mecanismo financiero Proex-Ecualización que cuenta con el amparo del Tesoro Nacional de la nación sudamericana.

En ese tipo de operación, el gobierno brasileño asume una parte de los intereses que encarecen los financiamientos, para dar más competitividad a las constructoras de ese país. De esta forma, empresas como Odebrecht conseguían competir en mejores condiciones con países que ofrecían intereses menores, pues el estado brasileño pagaba eventuales diferencias.

Por la ley actual, el artificio financiero autoriza a bajarle los intereses a los préstamos internacionales por un periodo máximo de 10 años. Sin embargo, para el puerto artemiseño el gobierno brasileño decidió extenderle a Cuba el descuento por 25 años.

De haberse cumplido la legislación vigente, la disminución máxima de los intereses de la deuda cubana sería de $54,63 millones de dólares en 10 años, pero, con el alargue del periodo de concesión de ese privilegio a La Habana, el descuento saltó a $123,11 millones de dólares.

La diferencia de esos valores significó un ahorro extra para Cuba de $68,4 millones de dólares y un aumento del gasto público brasileño más allá de lo permitido por ley, concluyó el tribunal.

El órgano de control brasileño constató además que las condiciones ofrecidas por el BNDES a Cuba no solo fueron iguales a las practicadas en el mercado internacional en aquel momento, sino aún mejores.

«Este valor preliminar corresponde a un aumento en los gastos de ecualización de un 125% en relación al valor que se gastaría si las operaciones hubieran seguido el reglamento, ya que esta aprobación propició la ampliación del beneficio por 15 años más allá del límite legalmente permitido», señaló el informe judicial obtenido por UOL.

Los préstamos del BNDES a Cuba comenzaron en 2009, durante el segundo mandato del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y continuaron en el primer gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016).

En total, el BNDES prestó $682 millones de dólares para la ampliación y modernización del Puerto del Mariel.

Según el diario Folha de Sao Paulo, el alto riesgo asumido por Brasil al financiar los negocios de Odebrecht en Cuba seguía una visión del gobierno Lula de que el proceso de apertura económica de la isla abría oportunidades para las empresas brasileñas. Además, presumía que el levantamiento del embargo comercial de Estados Unidos era cuestión de tiempo y las empresas brasileñas debían posicionarse en la isla antes que sus competidores.

Un argumento que el profesor de gestión y políticas públicas de la Fundación Getulio Vargas, Gustavo Fernandes, echa por tierra. “En el caso del puerto de Mariel, creo que fue mucha ingenuidad invertir allí», afirmó el académico entrevistado por UOL.

«Incluso si se diese la apertura económica de la isla, Cuba está a unos 150 kilómetros de distancia de Estados Unidos. Sinceramente, ¿quién sería el principal socio comercial de Cuba, Estados Unidos o Brasil? «, se cuestionó Fernandes.

«No tendríamos la menor posibilidad de competir con ellos, construimos un puerto para los cubanos y los estadounidenses. Sin mencionar que la caída del embargo y la tal apertura económica no llegaron hasta hoy, por lo tanto, no hay mucho que podamos hacer en ese puerto”, agregó el académico.

Los costos del Puerto del Mariel, inaugurado en enero de 2014 por la expresidenta Dilma Rousseff y el exmandatario cubano Raúl Castro, ascienden a $957 millones de dólares, según cifras oficiales, pero la manera en que fue empleado ese dinero se mantiene bajo total secretismo.

No obstante, varias investigaciones, demandas judiciales y auditorias como la del TCU le siguen el rastro a las operaciones montadas bajo los pasados gobiernos del Partido de los Trabajadores para favorecer a la constructora Odebrecht en las edificaciones del proyecto del Mariel.