En la pelea entre Omarosa Manigault y Donald Trump se revelo que la Casa Blanca hace algo que no deberia

Tradicionalmente quienes trabajan para la presidencia acuerdan condiciones que limitan lo que pueden decir sobre sus trabajos. Nada tan ambicioso como lo que les hace firmar el presidente, que tiene más que ver con su imagen que con el interés nacional.
CARLOS CHIRINOS VÁSQUEZ/15 AGO 2018 – 7:04 AM EDT

El choque entre el presidente Donald Trump y la exasesora presidencial Omarosa Manigault está descendiendo a niveles dignos de reality show televisivo, el negocio en el que por cierto ambos se conocieron años atrás.

En medio de las infidencias de ella y los insultos con los que él le responde, ha surgido un dato que corrobora algo sobre lo que algunos medios habían venido informando: la existencia dentro de la Casa Blanca de Acuerdos de Confidencialidad ( Non Disclosure Agreeemnts o NDA, por sus siglas en inglés) del estilo que el presidente usa con sus empleados en sus negocios.

Lo que los portavoces del Ejecutivo se habían negado por meses en confirmar quedó aclarado en medio de la dinámica desatada con las “revelaciones” que ha estado entregando por cuotas Manigault en el proceso de promocionar su libro de historias sobre lo que vio en los meses que estuvo trabajando en comunicaciones de la presidencia, hasta que en diciembre de 2017 la despidió el jefe de gabinete John Kelly.

En un tuit este lunes el propio presidente dejó al descubierto que existen ese tipo de acuerdos, muy comunes en el sector privado, pero menos usados en empleados que tienen tareas de servicio público.

“¡La loca Omarosa ya tiene firmado un Acuerdo de Confidencialidad!”, escribió el presidente usando un apelativo mucho más amable (y hasta cariñoso) que el de “perra” y “escoria” que usaría para describirla poco después.

Y lo ratificó la asesora presidencial Kellyanne Conway en una entrevista con la cadena ABC en la que dijo: “Tenemos acuerdos de confidencialidad en el Ala Oeste (de la Casa Blanca). Absolutamente, los tenemos”.

Cuestión de interes público

Los NDA son esenciales en la manera de hacer negocios de Trump. De hecho, él es famoso en el mundo corporativo por hacer un uso intensivo de ese tipo de cláusulas que restringen a sus empleados o proveedores hablar sobre el negocio familiar o, siquiera, sobre la familia del magnate.

Pero su extensión a la administración pública es ilegal y hasta inconstitucional, de acuerdo con conocedores de la materia.

“Trump ha usado NDA en un nivel sin precedentes para sus prácticas de negocios y parece pensar que puede llevar esa práctica al servicio público. No puede. El servicio público no es un juramento para servir a ningún individuo. El servicio público es un juramento para servir el interés público”, explicó a Univision Noticias Craig Hollman, de Public Citizen, una organización no gubernamental que se encarga de supervisar el trabajo del gobierno.

“A funcionarios (con acceso a) seguridad se les puede, por ejemplo, pedir que no divulguen secretos de Estado que pongan en riesgo a la nación. Pero a los empleados de la Casa Blanca no se les puede prohibir que digan algo negativo sobre Trump una vez que dejen el servicio público”, añadió.

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Omarosa Manigault nació hace 44 años en Youngstown, Ohio y obtuvo un título periodismo en la Universidad Central Estate en 1996, en ese mismo estado. En la fotografía de 2004, Manigault comparte el escenario de un teatro de Las Vegas con sus compañeras del programa de televisión ‘The Apprentice’. Es esa época conoció a Donald Trump, quien entonces era presentador del programa.Joe Cavaretta/Ap

La razón radica en el concepto de “interés público”, qué propósito sirve para el país el que un exempleado de la administración le sea cercenado su derecho a la libre expresión, simplemente porque el presidente de turno no quiera que se digan cosas de él que considere que perjudican su imagen.

Los acuerdos de ese tipo, cuando coartan la libertad de expresión consagrada a todos los ciudadanos en la Primera Enmienda, son “inconstitucionales de entrada”, de acuerdo con Mark Zaid, un abogado especializado en casos de seguridad nacional y manejo de información clasificada.

“Por décadas, las cortes han dejado claro que el gobierno no puede censurar materiales no clasificados, ‘por contrato o de otra manera’. Los desafíos legales en los 70 y 80 contra la CIA zanjó la cuestión de que el gobierno no tiene interés legítimo bajo la Primera Enmienda en censurar información no clasificada”, escribió Zaid en una columna que publicó este martes en The Washington Post.

Un presidente ‘intocable’

Así que lo que usó Trump para evitar que la actriz porno Stormy Daniels hablara del supuesto encuentro sexual que tuvieron en 2006 (tema que está en litigio porque la actriz considera que el contrato se incumplió y, por tanto, ella está en libertad de contarlo) no serviría para acallar a quienes trabajan con él en la Casa Blanca si decidieran, como Manigault, escribir un libro al dejar el gobierno.

Zaid afirma que ha visto uno de esos contratos que le han hecho firmar a los empleados del ejecutivo y que “parece no ser más que un documento de la Organización Trump que fue modificado para usarse con el personal de la Casa Blanca”, al punto que determina que las partes acuerdan usar las leyes del estado de Nueva York -y no Washington DC, sede del gobierno- para dirimir los problemas que pudieran surgir.

De acuerdo con los documentos vistos por el abogado, hay una cláusula que penaliza con 210 millones de dólares a quien comparta información “confidencial”, algo que no solo se referiría a datos sensibles del gobierno, sino a “intimidades” relacionadas con el presidente.

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Por la manera como está redactado el documento, pareciera que el objetivo es preservar la imagen del presidente, incluso por encima del derecho que tienen los trabajadores públicos a contar con protección de la ley a la hora de contar malos manejos en el gobierno.

Hasta ahora, el caso de Omarosa no llega al nivel de denuncia, aunque ella haya dicho, sin detalles o pruebas, en las muchas entrevistas en las que ha estado por estos días que fue testigo de una cultura de “corrupción”.

Ya durante la campaña electoral, el entonces candidato republicano expresó que no era mala idea pedir que los empleados gubernamentales suscribieran un compromiso legal para evitar que revelen datos del presidente una vez que dejan de trabajar para él y se dediquen a escribir un libro, como está haciendo Manigault.

De acuerdo con quienes han visto los NDA de la Casa Blanca de Trump, estos incluyen la prohibición de revelar informción confidencial por cualquier medio, incluyendo libros, sin la autorización expresa del presidente y que, de violar esa cláusula, las ganancias que obtuvieran deberán entregarlas al gobierno. Ese es un acuerdo que Manigault dice que se negó a firmar.

Pero aparentemente, si lo hubiera hecho, no habría tenido problemas ya que, de acuerdo con lo que han dicho de manera anónima a medios algunos empleados gubernamentales, el propio consejero legal de la Casa Blanca, Don McGahn, habría dicho que esos convenios no pueden ser defendidos en una corte legal.

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