El precio de conservar el poder 

F. Cabrillo (Vicepresidente Civismo)

Expansión , 24 de agosto de 2018

Es una cuestión de precio: ¿cuánto está dispuesto a pagar el PSOE en términos de deterioro de la economía para seguir en el poder?

No creo que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos en relación con el déficit, el gasto público y las pensiones haya sido recibido con sorpresa. Las cartas estaban sobre la mesa. Sánchez ha mostrado a lo largo de los últimos meses, de forma muy clara, que está dispuesto a mantenerse en la presidencia a cualquier precio; por lo que quienes tienen capacidad para ofrecerle su apoyo en el parlamento pueden fácilmente obtener de él concesiones de todo tipo. Y el acuerdo de ayer será, seguramente, sólo la primera de una serie larga. Para el Gobierno se trata de ganar tiempo y convocar las elecciones en el momento que le resulte más conveniente. Y hacerlo, a ser posible, con un gasto público más elevado y un conjunto de medidas que le permitan arañar los votos que le faltan hoy para obtener una mayoría parlamentaria, por precaria que ésta sea. Es cierto que, si gana las próximas elecciones, se va a encontrar con problemas de estabilidad muy serios. Pero, como ya decía Adam Smith hace dos siglos y medio, los políticos son “animales insidiosos y arteros” que buscan su propio interés; y –diríamos en lenguaje más moderno– maximizan sus funciones de utilidad a corto plazo. Más allá de las próximas elecciones, hay un mundo lejano y desconocido que puede dejarse a un lado… al menos por el momento.

Un tema realmente preocupante es que, para conseguir sus objetivos, el Gobierno ha perdido el respeto más elemental al Derecho. Y no sólo en este caso. Cuando alguien está dispuesto, por ejemplo, a reformar el Código Civil mediante un decreto ley para hacer un brindis a una parte de los votantes indica lo poco que le importan los principios jurídicos básicos. Y, en este caso, el argumento que, desde Podemos se ha utilizado, para justificar minimizar el papel del Senado en el proceso de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, consistente en decir que la posibilidad de que la segunda Cámara pueda rechazar la reforma de la ley significa una “anomalía democrática”, es otro ejemplo claro de lo poco que a estos señores les interesan los principios de compensación de poderes, que resultan básicos en cualquier sistema democrático.

El acuerdo alcanzado para la subida de las pensiones hace referencia a un tema bien conocido y ampliamente discutido. A todo el mundo le parece bien, en general, que las pensiones sean más altas; y a aquéllos que nos vamos acercando a la edad de jubilación nos interesa más todavía. El problema es que el sistema está en quiebra. Y, por tanto, todo aumento de las pensiones significa que los trabajadores en activo van a ver reducida su renta disponible –vía mayores impuestos– para que los jubilados experimenten un aumento en la suya. Esta transferencia de renta puede ser defendible. Pero sólo desde la ignorancia –o desde el cinismo– puede decirse que con la subida de las pensiones y el mayor gasto público “los españoles” vamos a vivir mejor. Menor estabilidad presupuestaria significará, a corto plazo, mayores déficits y más deuda; y, a largo, mayor presión fiscal y una economía menos eficiente, con menor actividad y más paro. Es una cuestión de precio: ¿cuánto está dispuesto a pagar el PSOE en términos de deterioro de la economía para seguir en el poder?

Es posible que a Sánchez y a Iglesias les salga bien la jugada. A quienes, desde luego, nos va a salir muy cara es a los ciudadanos españoles. Pero esto, seguramente, lo notaremos demasiado tarde, cuando hayan pasado las próximas elecciones. Y entonces la opinión de la gente importará mucho menos.

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