Todo gueto comienza con una lista. El Parlamento Regional de Sicilia ha escrito una página negra de los derechos y libertades propios de la democracia al aprobar una ley con la que obligará a todos sus miembros a declarar su pertenencia a la Masonería. La reacción del Gran Oriente de Italia no se ha hecho esperar. En una carta abierta considera que estamos ante la “confirmación formal de un juicio negativo y criminalizador” hacia una institución que “educa en el respeto hacia los demás, la tolerancia, la inclusión, independientemente de las opiniones políticas y las creencias religiosas” formada por personas “honestas, con profundas raíces éticas y un hábito bien establecido de razonamiento, escucha y discusión pacífica“.
La carta abierta recuerda que en dos ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Italiano por impulsar este tipo de legislaciones discriminatorias con la Masonería. “La Masonería siempre ha sido históricamente perseguida por los regímenes totalitarios, iliberales y violentos. Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, todos han tratado de eliminarnos porque nuestro camino moldea a los hombres libres, defiende el pensamiento libre, enseña tolerancia e igualdad y es incompatible con cualquier régimen totalitario“, dice la carta. “La ley aprobada es peligrosa. El fascismo hizo lo mismo y solo Antonio Gramsci intervino en el Parlamento para oponerse a ella; no porque fuese masón, sino porque entendió que este sería el primer paso que conduciría al abismo de la dictadura. Cuando Italia se liberó de ese yugo, el masón Meuccio Ruini presidió la Comisión de los 75, encargada de redactar nuestra Carta Constitucional“, añade.
En la edad más oscura de la Europa del siglo XX, cuando los derechos del ser humano fueron arrasados, miles de maestros masones del continente pasaron por los campos de concentración y exterminio con un triángulo rojo cosido a sus ropas que visibilizaba su condición de librepensadores. 80 años después, la masofobia, la aversión a la Masonería, amenaza el corazón de la Unión Europea en Italia. La medida adoptada por el Parlamento Regional de Sicilia llega poco después de conocerse que el acuerdo entre las dos fuerzas que sustentan el actual Gobierno italiano afirmase que no podrán ser ministros personas condenadas por delitos penales, investigadas por delitos relacionados como la mafia, la corrupción o el soborno o “pertenecientes a la Masonería”.
