Ortega no ha dado ninguna garantía de compromiso por el cambio

Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, sobre la mesa de negociación

Por Confidencial

HAVANA TIMES – Mientras nuevamente se estanca el segundo intento de un diálogo nacional para alcanzar una salida pacífica a la crisis en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la dictadura de Daniel Ortega intentan “elevar la parada” con sus condiciones para el proceso.

Sin embargo, el régimen orteguista no ha dado ninguna garantía de tener compromiso por el cambio de rumbo en el país, estima el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco.

En entrevista con la periodista Cindy Regidor, en el programa Esta Semana, Orozco comentó que la negativa de los obispos a participar como “testigos y acompañantes” de la mesa de negociación que se instaló a finales de febrero es “un episodio que era de esperarse”, ante la falta de voluntad mostrada por el régimen.

“La Iglesia católica está enviando un mensaje muy fuerte: indica que las condiciones en las que se produce este acuerdo no crea confianza para sentarse y validar”, asegura Orozco, para quien el Gobierno prácticamente ha controlado las conversaciones.

Pero a su juicio, esto debería representar una oportunidad para que la Alianza Cívica exija la participación de un garante y mediador externo, pero urge establecer las garantías reales del mismo proceso.

“Se habla de garantes, de mediadores, pero el proceso de negociación es más complicado, porque para tener un garante, se necesitan garantías en la mesa de negociación, señala.

Régimen debe mostrar compromiso, y la Alianza Cívica exigirlo

Ortega invitó este sábado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a participar en las negociaciones establecidas con la Alianza Cívica, que ha indicado que reconsiderará su participación en ese foro y exigió al régimen que de “señales de voluntad política” para continuar con las negociaciones.

Orozco estima que “el Gobierno no ha planteado ni una sola garantía de que existe un compromiso de entrar en un proceso de cambio político en el país”.

“Simplemente —critica— llama a una mesa de negociación para dialogar una ruta hacia el proceso político, sin ofrecer ninguna sola garantía”.

Según el analista, ante esta falta de muestras de buena fe, la Alianza Cívica “tiene la oportunidad de exigir realmente que se tome en serio el proceso político, que dejen de retrasar las cosas en la mesa, y que planteen cuáles son las garantías, con las cuales un garante puede entrar a determinar si el proceso está siendo cumplido a ciencia cierta”.

Orozco aclara que incluso no basta “aquí vamos a adelantar las elecciones”, sino precisar cuáles son las garantías del proceso electoral.

En paralelo a su invitación a la OEA, el régimen reveló su agenda para la negociación, que dista de las demandas ciudadanas de libertad, justicia y democracia, mientras en cambio exhorta suspender toda sanción contra su Gobierno.

La dictadura dio a conocer sus cinco puntos de la agenda para ser discutidos en la mesa de negociación, en la que descarta adelantar las elecciones previstas para noviembre de 2021, precisamente en contra de una de las demandas de diversos sectores para superar la crisis.

Además, plantea “fortalecer” las instituciones electorales —de un sistema en realidad colapsado—, a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales, que “perfeccionen” procesos electorales, libres, justos y transparentes. El Gobierno ya había establecido en 2017 un acuerdo con la OEA sobre este tema, que meses más tarde suspendió sin explicaciones.

También ofrece justicia y reparación “para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua” y habla de la “liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados”, pero aunque el régimen propone revisar cada uno de los expedientes, con el supuesto fin de que ningún caso quede en la impunidad, la realidad es que entre los más de 600 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país no hay ningún policía ni paramilitar procesado.

Otro de los puntos propuestos es “continuar fortaleciendo” las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política, aunque en la práctica mantiene conculcados los derechos a la libertad de movilización, expresión y protesta y hostiga de forma permanente a la prensa independiente y organismos no gubernamentales que trabajan con la sociedad civil y en defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, considera que una garantía básica de todo el proceso es crear las condiciones y el ambiente político propicio para las elecciones. Además, derogar la ley contra el terrorismo, bajo la cual se han procesado y condenado a los líderes de las protestas. También, liberar a los presos políticos y cambiar la composición de Policía, para un sistema neutral.

Ortega busca volver al status quo

Según Orozco, Ortega busca volver al status quo. Para el analista, el cambio real se trata de unas concesiones básicas como reformar la Ley Electoral a cambio de empezar un proceso normal de regularización de tensión política; segundo, lograr determinar una fecha para las elecciones. “La de ellos es primero reforma, sin ver adelanto”, compara, y anota que se está excluyendo el restablecimiento de las garantías constitucionales violentadas.

Orozco considera que hay un empate político, en el cual Ortega dispone de sus pocas cartas a favor, limitadas al control del aparato legal y la represión. Mientras la oposición a su régimen calcula que es de unos ocho de cada diez nicaragüenses, que considera la dan legitimidad a la Alianza Cívica para negociar.

“Ortega realmente está tratando de apalancar su posición, para entrar en un nuevo camino, pero lo que ha hecho más bien es profundizar aún más la crisis política”, sostiene.

Para Orozco, la Alianza Cívica tiene como fortaleza la legitimidad de la población, y un equipo que tiene la voluntad política de trabajar en pro de reformas políticas, que se realicen no solo la reforma electoral. Sus desventajas es la desconfianza de la población en este proceso, que creen que es controlado por el gran capital.

El futuro de las sanciones

La dictadura, en su agenda, también propone realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación, y la implementación y cumplimiento de los acuerdos.

En su comunicado, el Ejecutivo hizo también “un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.

Sin embargo, Orozco considera que lo probable es que la comunidad internacional continúe sus presiones, con más sanciones a individuos del régimen por corrupción y violaciones de derechos humanos.

Sobre la dictadura penden más sanciones de Estados Unidos, que ya ha sancionado directamente al jefe policial y consuegro de Ortega y Murillo, Francisco “Paco” Díaz; el secretario de la Alcaldía de Managua, señalado de coordinar las operaciones paramilitares, Fidel Moreno; el tesorero y vicepresidente de Albanisa, Francisco “Chico” López; el guardián de los secretos de El Carmen y operador de inteligencia y espionaje, Néstor Moncada, y la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo. Además, la Unión Europea ha alertado de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.

En un intento por evadir el cerco de las sanciones, Ortega ordenó al Estado la compra del BanCorp, una acción que para Orozco “es una payasada”, porque estima que Ortega intenta mostrar que tiene aún un ejercicio de soberanía democrática en la administración del dinero del pueblo. Sin embargo, lo que pasará con las sanciones es que estas se trasladaran de una institución a otra.

Por Confidencial

HAVANA TIMES – Mientras nuevamente se estanca el segundo intento de un diálogo nacional para alcanzar una salida pacífica a la crisis en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la dictadura de Daniel Ortega intentan “elevar la parada” con sus condiciones para el proceso.

Sin embargo, el régimen orteguista no ha dado ninguna garantía de tener compromiso por el cambio de rumbo en el país, estima el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco.

En entrevista con la periodista Cindy Regidor, en el programa Esta Semana, Orozco comentó que la negativa de los obispos a participar como “testigos y acompañantes” de la mesa de negociación que se instaló a finales de febrero es “un episodio que era de esperarse”, ante la falta de voluntad mostrada por el régimen.

“La Iglesia católica está enviando un mensaje muy fuerte: indica que las condiciones en las que se produce este acuerdo no crea confianza para sentarse y validar”, asegura Orozco, para quien el Gobierno prácticamente ha controlado las conversaciones.

Pero a su juicio, esto debería representar una oportunidad para que la Alianza Cívica exija la participación de un garante y mediador externo, pero urge establecer las garantías reales del mismo proceso.

“Se habla de garantes, de mediadores, pero el proceso de negociación es más complicado, porque para tener un garante, se necesitan garantías en la mesa de negociación, señala.

Régimen debe mostrar compromiso, y la Alianza Cívica exigirlo

Ortega invitó este sábado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a participar en las negociaciones establecidas con la Alianza Cívica, que ha indicado que reconsiderará su participación en ese foro y exigió al régimen que de “señales de voluntad política” para continuar con las negociaciones.

Orozco estima que “el Gobierno no ha planteado ni una sola garantía de que existe un compromiso de entrar en un proceso de cambio político en el país”.

“Simplemente —critica— llama a una mesa de negociación para dialogar una ruta hacia el proceso político, sin ofrecer ninguna sola garantía”.

Según el analista, ante esta falta de muestras de buena fe, la Alianza Cívica “tiene la oportunidad de exigir realmente que se tome en serio el proceso político, que dejen de retrasar las cosas en la mesa, y que planteen cuáles son las garantías, con las cuales un garante puede entrar a determinar si el proceso está siendo cumplido a ciencia cierta”.

Orozco aclara que incluso no basta “aquí vamos a adelantar las elecciones”, sino precisar cuáles son las garantías del proceso electoral.

En paralelo a su invitación a la OEA, el régimen reveló su agenda para la negociación, que dista de las demandas ciudadanas de libertad, justicia y democracia, mientras en cambio exhorta suspender toda sanción contra su Gobierno.

La dictadura dio a conocer sus cinco puntos de la agenda para ser discutidos en la mesa de negociación, en la que descarta adelantar las elecciones previstas para noviembre de 2021, precisamente en contra de una de las demandas de diversos sectores para superar la crisis.

Además, plantea “fortalecer” las instituciones electorales —de un sistema en realidad colapsado—, a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales, que “perfeccionen” procesos electorales, libres, justos y transparentes. El Gobierno ya había establecido en 2017 un acuerdo con la OEA sobre este tema, que meses más tarde suspendió sin explicaciones.

También ofrece justicia y reparación “para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua” y habla de la “liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados”, pero aunque el régimen propone revisar cada uno de los expedientes, con el supuesto fin de que ningún caso quede en la impunidad, la realidad es que entre los más de 600 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país no hay ningún policía ni paramilitar procesado.

Otro de los puntos propuestos es “continuar fortaleciendo” las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política, aunque en la práctica mantiene conculcados los derechos a la libertad de movilización, expresión y protesta y hostiga de forma permanente a la prensa independiente y organismos no gubernamentales que trabajan con la sociedad civil y en defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, considera que una garantía básica de todo el proceso es crear las condiciones y el ambiente político propicio para las elecciones. Además, derogar la ley contra el terrorismo, bajo la cual se han procesado y condenado a los líderes de las protestas. También, liberar a los presos políticos y cambiar la composición de Policía, para un sistema neutral.

Ortega busca volver al status quo

Según Orozco, Ortega busca volver al status quo. Para el analista, el cambio real se trata de unas concesiones básicas como reformar la Ley Electoral a cambio de empezar un proceso normal de regularización de tensión política; segundo, lograr determinar una fecha para las elecciones. “La de ellos es primero reforma, sin ver adelanto”, compara, y anota que se está excluyendo el restablecimiento de las garantías constitucionales violentadas.

Orozco considera que hay un empate político, en el cual Ortega dispone de sus pocas cartas a favor, limitadas al control del aparato legal y la represión. Mientras la oposición a su régimen calcula que es de unos ocho de cada diez nicaragüenses, que considera la dan legitimidad a la Alianza Cívica para negociar.

“Ortega realmente está tratando de apalancar su posición, para entrar en un nuevo camino, pero lo que ha hecho más bien es profundizar aún más la crisis política”, sostiene.

Para Orozco, la Alianza Cívica tiene como fortaleza la legitimidad de la población, y un equipo que tiene la voluntad política de trabajar en pro de reformas políticas, que se realicen no solo la reforma electoral. Sus desventajas es la desconfianza de la población en este proceso, que creen que es controlado por el gran capital.

El futuro de las sanciones

La dictadura, en su agenda, también propone realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación, y la implementación y cumplimiento de los acuerdos.

En su comunicado, el Ejecutivo hizo también “un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.

Sin embargo, Orozco considera que lo probable es que la comunidad internacional continúe sus presiones, con más sanciones a individuos del régimen por corrupción y violaciones de derechos humanos.

Sobre la dictadura penden más sanciones de Estados Unidos, que ya ha sancionado directamente al jefe policial y consuegro de Ortega y Murillo, Francisco “Paco” Díaz; el secretario de la Alcaldía de Managua, señalado de coordinar las operaciones paramilitares, Fidel Moreno; el tesorero y vicepresidente de Albanisa, Francisco “Chico” López; el guardián de los secretos de El Carmen y operador de inteligencia y espionaje, Néstor Moncada, y la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo. Además, la Unión Europea ha alertado de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.

En un intento por evadir el cerco de las sanciones, Ortega ordenó al Estado la compra del BanCorp, una acción que para Orozco “es una payasada”, porque estima que Ortega intenta mostrar que tiene aún un ejercicio de soberanía democrática en la administración del dinero del pueblo. Sin embargo, lo que pasará con las sanciones es que estas se trasladaran de una institución a otra.

Por Confidencial

HAVANA TIMES – Mientras nuevamente se estanca el segundo intento de un diálogo nacional para alcanzar una salida pacífica a la crisis en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la dictadura de Daniel Ortega intentan “elevar la parada” con sus condiciones para el proceso.

Sin embargo, el régimen orteguista no ha dado ninguna garantía de tener compromiso por el cambio de rumbo en el país, estima el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco.

En entrevista con la periodista Cindy Regidor, en el programa Esta Semana, Orozco comentó que la negativa de los obispos a participar como “testigos y acompañantes” de la mesa de negociación que se instaló a finales de febrero es “un episodio que era de esperarse”, ante la falta de voluntad mostrada por el régimen.

“La Iglesia católica está enviando un mensaje muy fuerte: indica que las condiciones en las que se produce este acuerdo no crea confianza para sentarse y validar”, asegura Orozco, para quien el Gobierno prácticamente ha controlado las conversaciones.

Pero a su juicio, esto debería representar una oportunidad para que la Alianza Cívica exija la participación de un garante y mediador externo, pero urge establecer las garantías reales del mismo proceso.

“Se habla de garantes, de mediadores, pero el proceso de negociación es más complicado, porque para tener un garante, se necesitan garantías en la mesa de negociación, señala.

Régimen debe mostrar compromiso, y la Alianza Cívica exigirlo

Ortega invitó este sábado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a participar en las negociaciones establecidas con la Alianza Cívica, que ha indicado que reconsiderará su participación en ese foro y exigió al régimen que de “señales de voluntad política” para continuar con las negociaciones.

Orozco estima que “el Gobierno no ha planteado ni una sola garantía de que existe un compromiso de entrar en un proceso de cambio político en el país”.

“Simplemente —critica— llama a una mesa de negociación para dialogar una ruta hacia el proceso político, sin ofrecer ninguna sola garantía”.

Según el analista, ante esta falta de muestras de buena fe, la Alianza Cívica “tiene la oportunidad de exigir realmente que se tome en serio el proceso político, que dejen de retrasar las cosas en la mesa, y que planteen cuáles son las garantías, con las cuales un garante puede entrar a determinar si el proceso está siendo cumplido a ciencia cierta”.

Orozco aclara que incluso no basta “aquí vamos a adelantar las elecciones”, sino precisar cuáles son las garantías del proceso electoral.

En paralelo a su invitación a la OEA, el régimen reveló su agenda para la negociación, que dista de las demandas ciudadanas de libertad, justicia y democracia, mientras en cambio exhorta suspender toda sanción contra su Gobierno.

La dictadura dio a conocer sus cinco puntos de la agenda para ser discutidos en la mesa de negociación, en la que descarta adelantar las elecciones previstas para noviembre de 2021, precisamente en contra de una de las demandas de diversos sectores para superar la crisis.

Además, plantea “fortalecer” las instituciones electorales —de un sistema en realidad colapsado—, a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales, que “perfeccionen” procesos electorales, libres, justos y transparentes. El Gobierno ya había establecido en 2017 un acuerdo con la OEA sobre este tema, que meses más tarde suspendió sin explicaciones.

También ofrece justicia y reparación “para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua” y habla de la “liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados”, pero aunque el régimen propone revisar cada uno de los expedientes, con el supuesto fin de que ningún caso quede en la impunidad, la realidad es que entre los más de 600 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país no hay ningún policía ni paramilitar procesado.

Otro de los puntos propuestos es “continuar fortaleciendo” las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política, aunque en la práctica mantiene conculcados los derechos a la libertad de movilización, expresión y protesta y hostiga de forma permanente a la prensa independiente y organismos no gubernamentales que trabajan con la sociedad civil y en defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, considera que una garantía básica de todo el proceso es crear las condiciones y el ambiente político propicio para las elecciones. Además, derogar la ley contra el terrorismo, bajo la cual se han procesado y condenado a los líderes de las protestas. También, liberar a los presos políticos y cambiar la composición de Policía, para un sistema neutral.

Ortega busca volver al status quo

Según Orozco, Ortega busca volver al status quo. Para el analista, el cambio real se trata de unas concesiones básicas como reformar la Ley Electoral a cambio de empezar un proceso normal de regularización de tensión política; segundo, lograr determinar una fecha para las elecciones. “La de ellos es primero reforma, sin ver adelanto”, compara, y anota que se está excluyendo el restablecimiento de las garantías constitucionales violentadas.

Orozco considera que hay un empate político, en el cual Ortega dispone de sus pocas cartas a favor, limitadas al control del aparato legal y la represión. Mientras la oposición a su régimen calcula que es de unos ocho de cada diez nicaragüenses, que considera la dan legitimidad a la Alianza Cívica para negociar.

“Ortega realmente está tratando de apalancar su posición, para entrar en un nuevo camino, pero lo que ha hecho más bien es profundizar aún más la crisis política”, sostiene.

Para Orozco, la Alianza Cívica tiene como fortaleza la legitimidad de la población, y un equipo que tiene la voluntad política de trabajar en pro de reformas políticas, que se realicen no solo la reforma electoral. Sus desventajas es la desconfianza de la población en este proceso, que creen que es controlado por el gran capital.

El futuro de las sanciones

La dictadura, en su agenda, también propone realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación, y la implementación y cumplimiento de los acuerdos.

En su comunicado, el Ejecutivo hizo también “un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”.

Sin embargo, Orozco considera que lo probable es que la comunidad internacional continúe sus presiones, con más sanciones a individuos del régimen por corrupción y violaciones de derechos humanos.

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