Corrupción, Derechos Humanos y respuesta penal

No me cabe duda de que tenemos una tarea pendiente, la respuesta institucional y especialmente la penal
Corrupción, Derechos Humanos y respuesta penal

La revolución, ha convertido a nuestro país, en un laboratorio de grandes proporciones. En él, se van incorporando de forma experimental, las más descabelladas medidas, para observar el impacto y la reacción de la población, sin importar el padecimiento humano que generen. Es posible hacer una larga lista de medidas que caben dentro de este despropósito. Expropiaciones, ataques a la prensa, misiones, médicos cubanos, alianzas con la guerrilla, el Petro, ruta de la empanada, gallineros verticales, Ministerio de la Suprema Felicidad, cultivos hidropónicos, crías de cabras y conejos, carros iraníes, los CLAPS, el carné de la Patria, en fin, un sinfín de improvisaciones y decisiones estructuradas para sumergirnos en la crisis más compleja que jamás hayamos vivido.

Sin embargo, por más variopintas y rocambolescas que sean estas “medidas”, todas ellas se enmarcan en una política que transversaliza la actividad pública, y su relación con el ámbito privado, y me refiero a la corrupción. La corrupción es la marca de este proceso político, nunca la República había presenciado un fenómeno tan extendido, arraigado, generalizado, y que haya traído tan graves consecuencias a la institucionalidad y a la población como la corrupción a gran escala que hemos vivido durante los últimos 20 años.

Transparencia Internacional, una organización de indiscutible prestigio mundial, define la corrupción, como “el mal uso del poder encomendado, para obtener beneficios privados”. Rodrigo Querubín Londoño, se refiere a tres elementos de este concepto: El mal uso del poder; un poder encomendado que puede residir en el sector público o privado y finalmente un beneficio privado.

Desde el poder, se produjo un deliberado desmontaje institucional de las facultades contraloras del Estado frente a la actividad pública, toda forma de control quedó en lo simbólico. Se debilitó el Sistema de Justicia, hasta incapacitarlo para la persecución de los delitos vinculados con la corrupción, y peor aún, se promovió, premió y convirtió a los corruptos, en símbolos de éxito socialmente aceptados.

Es necesario que entendamos que todas las violaciones de Derechos Humanos que padecemos hoy, tienen su génesis en la gran corrupción que se ha apoderado de toda estructura estatal. No hay servicio, función pública o derecho ciudadano que no haya sido severamente afectado por la corrupción. La falta de servicios de salud, la precariedad de la educación, del transporte, del acceso al agua, a la electricidad, a la seguridad, el acceso a la justicia, es decir, la totalidad de aquello que el Estado debe garantizar, se encuentra en ruinas, por causa de la corrupción.

Nahuel Torral, en un artículo publicado en la página web de la Universidad El Salvador Argentina, señalaba que: “Pero las violaciones a los Derechos Humanos en este sentido, la humillación de aquello que hace a los hombres humanos, son los crímenes más severos contra los hombres. No cabe duda que matar a un ser humano es grave, pero obligarlo a vivir en la miseria y la humillación ¿No es todavía peor? ¿No es incluso más grave si la persona que hace eso, se presentó libremente a elecciones democráticas para representar a un conjunto de personas con la tarea de velar por el bien común? ¿Cuándo aprovechándose de la confianza de las personas que se la entregaron para velar por sus intereses roba los recursos de esas mismas personas para su propio interés personal, el de sus allegados y familiares? (…)”  

Desde la perspectiva de la lógica penal, los delitos que generan mayor daño social, son los que deben tener penas más severas. Sin embargo, en Venezuela, los delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción vigente, contemplan penas tan leves, que nos obligan a pensar sobre la tolerancia que subyace en el diseño estatal respecto de la corrupción. Advierto, que no estoy afirmando que penas severas por si solas son capaces de extinguir un comportamiento criminal, pero si es preciso analizar, que conductas mucho menos lesivas del orden social, como colocar un mensaje Twitter contra la Tiranía, puede llevarte a la cárcel en aplicación de la ilegal “Ley Contra el Odio” dictada por la ilícita asamblea constituyente, mientras robar millones del erario, pudiera conducirte a una penalidad que permita una forma alterna de cumplimiento de pena, a lo sumo.

No me cabe duda de que tenemos una tarea pendiente, la respuesta institucional y especialmente la penal, es insuficiente para combatir la corrupción, y mientras esto ocurre, sigue haciendo estragos.

FUENTE: https://venepress.com/article/Corrupcion-Derechos-Humanos-y-respuesta-penal1563550206681

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