La Constitución española celebra 40 años de vida en un momento clave. Además del propio debate sobre si es o no necesario reformarla, el país enfrenta importantes retos políticos, desde el quiebre del bipartidismo a conflictos territoriales e identitarios. A pesar de todo, España sigue siendo un país con una calidad democrática importante, pero también presenta carencias que pueden hacerla descarrilar.

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En el último Índice de Democracia, España figuraba en la 19.ª posición, la última dentro del grupo de “democracias plenas” —aquellas que tienen una puntuación de 8 a 10—. El resto de los países, por tanto, tienen una calidad democrática menor que el Reino de España. Como es lógico, haber alcanzado esta situación es un hito notable teniendo en cuenta la juventud de la democracia española. Pero, 40 años después de que la Constitución actual viese la luz, España sigue presentando carencias democráticas importantes que no solo limitan la capacidad de mejorar su situación, sino que amenazan con restarle todavía más calidad.

Una justicia politizada

Uno de los problemas más evidentes que tiene actualmente la democracia en España es la politización de su justicia, tanto en un sentido estructural como en su gestión. Aunque en los últimos años la situación parece haber mejorado, los altos tribunales continúan muy supeditados a la influencia y el control de los partidos políticos, especialmente los dos grandes —Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE)—.

Un escenario frecuente es la utilización del Tribunal Constitucional, el órgano que debe interpretar la Constitución y asegurarse de que la actuación de otros poderes del Estado se ajuste a ella. Este tribunal es interpelado con frecuencia por los partidos políticos y el Gobierno para bloquear leyes e impedir que progresen en el Parlamento o en la acción de gobierno. También dirime las disputas en competenciales entre Estado y Comunidades Autónomas, lo que es motivo frecuente de choques. Sin deslegitimar el mecanismo, la mayoría de las apelaciones tienen una finalidad meramente partidista, no una creencia firme en la inconstitucionalidad. Probablemente sea el mayor ejercicio de filibusterismo que ocurre en España. Esto, además de generar una espiral de bloqueos entre partidos, satura el tribunal.

Como añadido, queda sembrada la duda cuando el Constitucional tramita recursos de partidos en cuestión de días mientras otros tardan meses e incluso años en ver una resolución. Obviando que no todos los casos revisten la misma complejidad, ha habido frecuentes acusaciones de que el tribunal tiene una agenda propia —o supeditada a los partidos— y prioriza determinados casos y cuestiones según la agenda y no por unos criterios definidos e independientes. Esta situación tampoco debería extrañar: de los doce miembros del tribunal, ocho vienen propuestos por el Parlamento —pactados previamente—, dos por el Gobierno y dos por el Congreso General del Poder Judicial.

Este último es otro de los casos habituales de disputa política y con cuestionamiento de su independencia judicial por ser el órgano que controla la judicatura española. Aunque el objetivo inicial fuese dotar al órgano de profesionales experimentados y cualificados y evitar amiguismos entre los jueces, esas intenciones han sido sustituidas por un reparto de sillones desde los distintos partidos del Parlamento, lo que genera lealtades, clientelismos e imbricación de ambos poderes. Tal es la carencia que tiene España en este sentido que, de 20 países estudiados de la Unión Europea, España es, solo por delante de Polonia, el país que menos independencia tiene en este aspecto. El resto de los países analizados dejan la elección de órganos equivalentes en manos de los jueces.

No son los únicos casos. El Tribunal Supremo está compuesto por los jueces designados por el Consejo, por lo que también está, de forma indirecta, bajo la influencia del Parlamento. Hasta la Audiencia Nacional, un tribunal orientado de forma especial a la lucha antiterrorista, contra el crimen organizado y la corrupción, entre otros delitos, ha sido instrumentalizada en los últimos tiempos para criminalizar discursos que algunos interpretan como “apología del terrorismo”. Tal es el nivel de esta paradoja que, desde el final de la actividad terrorista de ETA en España en 2011, los casos de apología se han quintuplicado.

Este sistema y actitudes tienen un claro impacto en la visión ciudadana de la justicia. Aunque la percepción en cuanto a la independencia judicial lleva una tendencia positiva, sigue siendo de las peores de la Unión Europea: menos de un 40% de la población española cree que es, al menos, buena. Esto, a su vez, está relacionado con el clima general de corrupción que percibe la ciudadanía española. La mejora puede deberse a que en los últimos años se han destapado e instruido numerosos casos de corrupción, con condenas de personajes relevantes de la política y el mundo empresarial español —incluido un miembro de la familia real—. Sin embargo, se sigue percibiendo que, especialmente, los políticos tienen una influencia excesiva en el sistema judicial y este, a su vez, los protege.

Para ampliar: “The 2018 EU Justicie Scoreboard”, Comisión Europea, 2018

Escasa transparencia y rendición de cuentas

La adecuada rendición de cuentas de los cargos y recursos públicos es un requisito indispensable para una correcta gestión y de cara a reforzar la legitimidad y funcionamiento del sistema democrático. Y todo eso, en España, todavía está en pañales. A menudo se concibe la rendición de cuentas como una simple fiscalización y transparencia en el gasto público o, a lo sumo, la facilidad de acceso a ese tipo de información. Pero, en una concepción más amplia de la rendición de cuentas, aquella que responsabiliza a los gestores públicos —también políticos— de su labor, España presenta carencias importantes.

Es cierto que en este apartado España ha experimentado algunas mejoras en los últimos tiempos gracias a una mayor visibilización y condena social de la corrupción y a ciertas mejoras legislativas. La más importante fue la Ley de Transparencia, aprobada en 2013, que establecía unas bases para obligar a la Administración a hacer pública su gestión y otorgaba unas garantías mínimas a quienes solicitaban acceder a este tipo de información. Este sistema, no obstante, tiene carencias importantes desde su nacimiento, como han denunciado organizaciones como Transparencia Internacional. Estas carencias ralentizan la adaptación de las distintas Administraciones a una lógica por la que deben hacer pública su actividad, y todavía se observan trabas y negativas por parte de determinados organismos públicos.

Para ampliar: “The bumpy road to transparency in Spain”, José Javier Olivas y Fabrizio Scrollini, 2013

Si esta aplicación, para la que existen leyes e instituciones que se encargan de vigilarla, es laxa en el caso de las Administraciones, en actores que apenas tienen control o un castigo —legal, político o social— esto está todavía menos presente. El Tribunal de Cuentas se encarga de auditar, entre otras cosas, las cuentas de los partidos políticos. Las irregularidades que ha encontrado a lo largo de los últimos tiempos son numerosas y en prácticamente todas las formaciones políticas. Sin embargo, sus resoluciones se han llevado a cabo varios años después de producirse la supuesta irregularidad, por lo que apenas tienen consecuencias.

Tal es así que, en el apogeo de la crisis económica, se hizo habitual la broma de que “Dimitir no es un nombre ruso”. No es nada frecuente la dimisión en la política española, y esto genera una desafección importante en la ciudadanía al percibir que los responsables políticos no se hacen cargo de sus decisiones y errores. La lista de escándalos relacionados con políticos de todos los partidos que han conservado el cargo es mucho más extensa que la lista de responsables que han decidido abandonarlo al no verse legitimados para seguir en él. Esto, en el fondo, es la consecuencia de una cultura política deficiente.

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