08/11/2020

El Congreso abre la puerta a la reparación de la memoria democrática de la Masonería Española

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«Una vez transcurrido el cuarenta aniversario de nuestra Constitución, España debe revalidar su apoyo a los valores democráticos, garantizados por la Constitución del 78, lo que significa reconocer la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia, desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó como símbolo más contundente de la negación de aquellos valores«. Así arranca la Proposición de Ley De Memoria Histórica y Democrática que inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. El texto prevé la declaración del 31 de octubre como Día del Recuerdo a las Víctimas de la Dictadura, y otorga a la Administración General del Estado el deber de «promover el conocimiento de la memoria democrática española» mediante la divulgación del relato de las víctimas, el señalamiento de los lugares de la Memoria, actos conmemorativos, homenajes públicos, reconocimientos, solicitudes de perdón y la construcción de monumentos con perspectivas de reparación y reconciliación. 
La Masonería Española comparte el deseo de que toda una época de la historia de España no sea borrada. Conocernos a nosotros mismos. Recordar, especialmente, aquellos hechos que nunca deberían repetirse. Entre 1936 y 1938 la condición masónica bastó para que miles de Queridos Hermanos fuesen asesinados en el territorio del bando nacional mediante fusilamientos de retaguardia sin ningún tipo de juicio previo. A partir de 1938, Franco destinó importantes recursos a organizar el mayor archivo destinado a la represión de la Masonería que ha existido jamás en el mundo. Entre 1941 y 1953, miles de personas fueron condenadas por su pertenencia a la Orden gracias a la documentación incautada, que generó 80.000 fichas personales, leyes retroactivas que castigaban la pertenencia a la Masonería con anterioridad a su promulgación y la creación de un tribunal especial que, sin abogado defensor ni garantías procesales, celebraba juicios secretos que duraban una media de 15 minutos entre el inicio y la sentencia condenatoria inapelable. Ninguna placa recuerda el primer emplazamiento de aquel tribunal, por el que pasan cada día miles de personas, a escasos metros del Congreso.