Nueva regla de carga pública entra en vigor el 24 de febrero: cómo afectará los trámites migratorios

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Activistas recomiendan que, antes de iniciar un trámite migratorio después del 24 de febrero, incluido la petición de la ‘green card’, los extranjeros deben verificar si por el hecho de haber solicitado asistencia del gobierno en algún momento, les afectará o no su futuro en Estados Unidos.JORGE CANCINOFollow19 FEB 2020 – 12:51 PM ESTCOMPARTE

Este lunes 24 de febrero entra en vigor la nueva regla de carga pública que vincula el uso de la asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente o la extensión de una visa.

La regla final, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) modifica las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y prescribe la manera en cómo esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.PUBLICIDAD

Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas «U» y «T», asilados, refugiados y otras categorías”.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que la falta de información, y la incertidumbre generada tras el primer anuncio del gobierno, ha tenido impacto en la comunidad, y denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización futuros.ADVERTISING

La nueva norma entrará en vigor a nivel nacional, excepto en el estado de Illinois.

“No todos serán afectados”

“Nuestra mayor preocupación es que no todos serán afectados”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “No todo el mundo ha entendido bien la nueva regla”, agrega.

Salas dice además que “personas que a lo mejor son elegibles para usar beneficios púbicos o para utilizar cuidado médico, no están eligiendo estas opciones por miedo que impacte su estatus migratorio”.

“Para eso estamos haciendo educación comunitaria. Nosotros estamos opuestos a que entre en vigor, pero hemos minimizado los daños en los últimos meses entregando información a la comunidad”, precisó.

La activista dijo además que “le pedimos al publico que se informe, que no tome decisiones sobre su cuidado médico sin antes estudiar la regla y ver si les afectará o no. Y si son residentes permanentes, que tengan claro que para ellos no aplica. Los que tienen la ‘green card’ no deben dejar de lado el cuidado médico porque para eso pagan sus impuestos”, indicó.

Qué dice el Ombudsman

El defensor del pueblo de la USCIS señala que la regla final incluye un requisito de que las personas que buscan una extensión permanezcan o soliciten un cambio de estado, deben demostrar que no han recibido beneficios públicos sobre la cantidad permitida desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante que buscan extender o cambiar.

La norma indica que no deben haber recibido beneficios públicos durante 12 meses en los últimos 36 meses. Pero durante el proceso de solicitar el cambio el agente federal que maneja el caso podrá determinar, sobre la base de la evidencia de la prueba, si el extranjero puede convertirse en una amenaza de carga pública.

La regla final iba a entrar en vigor el 16 de octubre del 2019, pero horas antes un tribunal federal detuvo su implementación. Sin embargo, el 27 de enero la Corte Suprema emitió una decisión que tuvo el efecto de levantar todos los requerimientos de la Regla Final, con excepción de Illinois.

El Ombudsman recomienda que las partes interesadas deben revisar cuidadosamente la guía que la USCIS publicó en su sitio web para los residentes de Illinois, que incluye tanto a personas que viven en ese estado como empleadores patrocinando individuos que viven en Illinois, “antes de presentar una solicitud”.

El DHS ha advertido que no procesará ninguna solicitud de beneficio o ajuste de estado cuya dirección física se encuentra en Illinois, “siempre y cuando la USCIS sea notificada de un cambio de buena fe en la dirección física del solicitante, beneficiario o solicitante antes de que concluya la adjudicación del caso”.

“Mucha desinformación”

A pesar de los esfuerzos del gobierno por informar sobre la nueva regla, “sigue habiendo mucha desinformación en la calle”, dice Maru Mora Villapando, vocero de la organización Latino Advocate en Seattle, Washington. “Hay gente muy nerviosa que no sabe qué hacer o tiene datos equivocados sobre la nueva regla”.

“Hemos escuchado de familias con estatus mixto, con hijos ciudadanos estadounidenses y padres que piensan que en algún momento van a entrar en un proceso de legalización. Ellos están sacando a sus pequeños de los programas a los cuales tienen derecho y lo hacen por miedo”, agregó la activista.

Mora tildó la nueva regla de carga pública de “racista” y “clasista” redactada con el propósito de “evitar que nosotros los inmigrantes tengamos un estatus”.

Dijo además que para combatir la toma de decisiones equivocadas “se necesita mucha información para que ciertos ciudadanos no pierdan sus programas a los que tienen derecho. Todo el mundo debe tener claro qué significa esta regla, quienes califican y quiénes no, y saber que los hijos nacidos acá, los estadounidenses, no deben ser impactados”.

En caso de dudas, “los inmigrantes deben acudir a sus organizaciones de base local y explorar sus posibilidades. Y no envíen nada hasta no tener claridad si el paso que dará tendrá una consecuencia negativa en su estatus migratorio”, apuntó.

Qué dice la USCIS

La USCIS define como “carga pública” a una persona que “probablemente se convierta en dependiente del gobierno para su subsistencia”.PUBLICIDAD

“Al determinar si un extranjero cumple con esta definición de inadmisibilidad de carga pública, se consideran una serie de factores que incluyen: edad, estado de salud, estado migratorio familiar, activos, recursos, estado financiero, educación y habilidades” del extranjero que solicita un beneficio migratorio o un ajuste de estado.

Añade que ningún factor único, aparte de la falta de una declaración jurada de apoyo, si es necesario, determinará si un individuo es una carga pública.

Entre los beneficios sujetos a consideración de cargo público, la guía de USCIS especifica que la asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos “incluye Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI), asistencia en efectivo del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y programas estatales o locales de asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, a menudo llamados programas de ‘asistencia general’».

“La aceptación de estas formas de asistencia pública en efectivo podría hacer que un no ciudadano sea inadmisible como carga pública si se cumplen todos los demás criterios”, advierte. Sin embargo, añade, “el mero recibo de estos beneficios no hace que una persona sea inadmisible, no sea elegible para ajustar su estatus a residente permanente legal o deportable por motivos de carga pública”.

El servicio de inmigración dice además que “cada determinación se realizará caso por caso en el contexto de la totalidad de las circunstancias”.

E indica que “la asistencia pública, incluida Medicaid, que se utiliza para apoyar a los extranjeros que residen en una institución para atención a largo plazo, como un hogar de ancianos o una institución de salud mental, también puede considerarse como un factor adverso en la totalidad de las circunstancias para propósitos de determinaciones de carga pública”.PUBLICIDAD

“Nuestra recomendación es informarnos de todo lo que significa esta nueva regla. Sólo así sabremos como actuar y cómo defendernos”, dijo Salas.

FUENTE: https://www.univision.com/noticias/inmigracion/nueva-regla-de-carga-publica-entra-en-vigor-el-24-de-febrero-como-afectara-los-tramites-migratorios?utm_source=sf&utm_medium=email&utm_campaign=digmktg_noticiasfeb19&utm_term=na&utm_content=intro

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