09/22/2020

EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS BÁSICOS (PARTE II)

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¿POR QUÉ LOS DERECHOS CIVILES ANTES QUE OTROS DERECHOS CIUDADANOS?

La contribución clásica al estudio de la historia de los derechos ciudadanos se debe a T.H. Marshall, quien esquematizó, a partir de la experiencia del desarrollo de la ciudadanía en Gran Bretaña, el proceso por el cual se consiguen los derechos ciudadanos.

Desde su punto de vista, los primeros derechos en desarrollarse fueron los civiles, definidos ampliamente como los derechos necesarios para la libertad individual: la libertad de expresión, asociación, movimiento, conciencia, el derecho a la igualdad ante la ley, a la propiedad, a entrar en contratos. En segundo lugar venían los derechos políticos que dan al individuo la oportunidad de participar en la vida política (a la conformación y el funcionamiento del Estado), lo que es el principio de la sociedad democrática. Los centrales son obviamente el derecho a votar y a ser votado. Finalmente Marshall identificó un rango de derechos sociales que garantizan al individuo un status social mínimo, entre los cuales la educación y la salud eran los más importantes.

Este conjunto de derechos civiles, políticos y sociales, con sus respectivas obligaciones, define el conglomerado de reglas de conducta que los ciudadanos de una democracia deben respetar y hacer respetar para ejercer sus competencias cívicas. Sin embargo, el ejercicio y respeto a estas reglas a veces requiere competencias más básicas que otras. El reto de enseñar nos obliga a categorizarlas y a ordenar su tratamiento de manera lógica.

Algunos dirán que los derechos más importantes son los sociales y que sin un piso común de garantías para una vida civilizada de acuerdo a los estándares de nuestras sociedades, será vano pedir a los ciudadanos que ejerzan sus derechos civiles y políticos.

Otros dirán que si creemos en la importancia de los derechos civiles y sociales no tenemos otra alternativa que defender los derechos políticos que los sustentan, ya que podemos tener una infinidad de derechos y libertades formales, pero si no existe la posibilidad de controlar el gobierno, aunque sea por medio del voto, nuestros derechos dependerían del arbitrio del gobernante. Aunque ambos argumentos son razonables a priori, hay fuertes razones históricas, teóricas y prácticas para afirmar que una política de educación cívica como la que nos proponemos debe comenzar con el desarrollo de competencias ciudadanas en el nivel de los derechos civiles.

Las razones históricas.

Si bien en las democracias occidentales los derechos civiles fueron establecidos antes que cualquier otro tipo de derechos, en América Latina fue diferente; la pauta en esta región fue conseguir primero algunos derechos sociales; después, los derechos políticos se extendieron en procesos de democratización recientes. Finalmente, y esto continúa a la fecha, los derechos civiles fueron implantados en una forma intermitente y sesgada.

En general, en México y otros países de Latinoamérica, la esfera de derechos civiles quedó olvidada, como si hubiera sido una etapa superada, cuando en la realidad la intermitencia del Estado durante todo el siglo XIX y buena parte del XX impidió su reconocimiento práctico.

Mientras que nuestros derechos políticos recibieron un impulso incluso aventajado en el siglo XX y se extendieron garantías sociales a todos los mexicanos, nuestros derechos y libertades civiles se quedaron desde nuestras declaraciones de independencia y constituciones en un plano formal

Es claro que la pobreza y la desigualdad, así como los patrones de autoritarismo social y
explotación son grandes obstáculos para el desarrollo de un proceso histórico dialéctico como el
descrito por Marshall. Pero O’Donnell sugiere una solución de mediano plazo para los países
latinoamericanos: poner mayor énfasis en las luchas por la expansión de los derechos civiles. La
razón es que los derechos civiles podrían ser una palanca para impulsar la democratización
política y el desarrollo humano, porque los derechos civiles no sólo protegen: dan poder; hacen
posible que actores individuales y colectivos definan autónomamente su identidad e intereses y
gracias a ello dan oportunidades para actuar para alcanzar otros derechos, lo que sería facilitado
por los derechos políticos que los regímenes democráticos latinoamericanos ya tienen. Además,
la extensión de derechos civiles basada en el uso de derechos políticos fortalecería a los últimos
y abriría paso a la lucha por los sociales.


Las razones teóricas. Podemos afirmar que los derechos civiles representan un compromiso o
contrato social básico en una sociedad democrática, por lo tanto tienen una categoría primordial
y elevada por su importancia relativa respecto de otras consideraciones normativas. Marshall
derivó los derechos políticos de los civiles porque los civiles son aquellos que constituyen a la
persona y por tanto son el supuesto esencial y necesario para el ejercicio de los derechos
políticos. Es necesario que la persona y el ciudadano estén plenamente definidos y distinguidos
del Estado, antes de que pueda participar en la determinación del poder político y de sus
expresiones institucionales y exigir de este efectivamente bienes sociales.


Las razones prácticas. Una característica fundamental de los derechos civiles y políticos es que
cuentan con vías y mecanismos para hacerse valer dentro del sistema judicial. No sucede lo
mismo, en general, con los derechos sociales y económicos. Así, para que los derechos sociales
sean efectivamente aplicados en las sociedades latinoamericanas, es necesario conseguir
avances considerables en los derechos civiles primero; de otra forma, los recursos destinados a
combatir la pobreza y la desigualdad seguirán siendo capturados por arraigadas prácticas de
clientelismo y paternalismo. La democracia y sus libertades fundamentales son condiciones
básicas para que los avances en el desarrollo humano no sean fácilmente reversibles y para
impulsar la independencia de los grupos sociales marginados.


Por todas las razones anteriores llegamos a la conclusión de que las necesidades formativas
más apremiantes, por ser las más elementales, para potenciar competencias mínimas para el
ejercicio de la ciudadanía se hallan en el plano de los derechos civiles. Desde el punto de vista
pedagógico, es necesario diseñar un proceso educativo que parta de los contenidos básicos,
generales y necesarios respecto de los derechos ciudadanos, que son precisamente los civiles,

para que los individuos tengan una base sobre la cual puedan desarrollar competencias cívicas
de mayor complejidad, relacionadas con la participación política organizada

Fuente. https://portalanterior.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/ejer_der_ciudadanos_basico.pdf