POLITICA E INMIGRACION

Los demócratas quieren manipular las normas electorales nacionales para futuras elecciones

Guía para seguir la noche electoral en Estados Unidos

Se encuentra en pleno desarrollo en Washington, D.C. una aguda batalla política entre el, ahora victorioso, progresismo –bajo el Presidente Joe Biden- y los conservadores, que no están dispuestos a ceder más terreno que el inevitable, dadas las circunstancias.

El primer proyecto de ley que el Partido Demócrata presentó en la Cámara de Representantes en enero, tras revalidar su mayoría –aunque muy estrecha- en la Cámara Baja, es el conocido como H.R.1 (House of Representatives 1). Su extensión es de, nada menos que, 800 páginas.

El proyecto de ley sobre el paquete de medidas de estímulo económico –contra los efectos del Covid-19- lo presentaron unos pocos días después.

No es casualidad que la izquierda haya elegido precisamente esta cuestión. Quieren aprovechar la aguda crisis entre los republicanos abierta con el asalto al Capitolio el 6 de enero, para reformar las normas electorales nacionales en su favor, lo que les favorecería largo tiempo.

También desean sacar provecho de la especial circunstancia –que puede acabar en noviembre de 2022- de tener el control de la presidencia y de ambas Cámaras del Congreso, aunque sea por muy estrechos márgenes.

Todos sabemos que como esa tentación está siempre presente entre los políticos, resulta muy conveniente un cierto bipartidismo para reformar las normas electorales en vigor. Pero el Partido Demócrata busca ahora hacer lo contrario, unas normas muy partidistas, en su exclusivo provecho. ¿En que están quedando las bonitas palabras de Joe Biden de que su prioridad es “unir al país”?

Ayudar a consolidar su poder en el medio plazo

Los editorialistas del principal diario conservador nacional, el Wall Street Journal, explican así la finalidad de este proyecto: “Emplear la estrecha mayoría demócrata [actual, en ambas cámaras] para consolidarla de modo permanente”.

Como de costumbre, los demócratas son en este caso maestros en el arte del engaño, habiendo llamado a dicho proyecto H.R.1, la Ley para el Pueblo (Act for the People). Los medios progresistas también la denominan el proyecto de ley de “los derechos electorales”, como si éstos estuviesen amenazados para los ciudadanos de minorías étnicas o raciales.

En realidad, el H.R.1 es el proyecto de Ley para que el Partido Demócrata trate de perpetuarse en el poder, en las elecciones de ámbito nacional.

De sobra saben los demócratas que las elecciones de mitad de mandato –midterm– (en noviembre de 2022) no las van a tener fácil, dado que su actual control del Congreso es sumamente precario: en el Senado 50 a 50 y en la Cámara Baja 221 a 211 (con tres escaños aún sin cubrir).

No hay que olvidar que en EE.UU. los parlamentarios no son simples “apretadores del botón” para las votaciones (como, por desgracia, sucede en España).

Allí, con cierta frecuencia, congresistas de uno u otro bando se apartan de las posiciones de su partido y votan por su cuenta: bien por razones de conciencia o para favorecer los intereses de los habitantes de su demarcación. Por ello, en EE.UU. las votaciones parlamentarias son más imprevisibles que en España.

Los estados siempre han determinado normas electorales propias

En EE.UU., desde su creación, son los congresos de los estados los que fijan las normas electorales, incluso para las elecciones de ámbito nacional, como las presidenciales y para el Senado y la Cámara Baja en Washington, D.C.

A menudo, los españoles (hartos de la deslealtad y egoísmo de los nacionalismos catalán y vasco), menosprecian este sistema descentralizado estadounidense.

Pero los estadounidenses lo consideran una garantía de sus derechos y libertades individuales, ya que pueden influir más sobre las autoridades de su estado, que se encuentran más cercanas a ellos. En su gran mayoría, los ciudadanos de EE.UU. desean –denodadamente- defender y conservar su sistema de federalismo, descentralizado.

No en vano EE.UU. es una confederación de estados (las trece colonias preexistentes)aunque la llamen “Unión”. Y, ciertamente, es una confederación de dimensiones continentales, no como la diminuta Suiza, donde todos pueden conocerse.

Washington invadiría las competencias de los estados

A este histórico modelo de reparto de competencias entre el centro y los estados –que deriva de la Constitución de EE.UU.-, se le conoce allí como el federalismo y lo describí en uno de mis artículos. Los republicanos suelen defenderlo y los demócratas practican el jacobinismo desde el poder central.

La idea que subyace a este planteamiento sobre las elecciones, es que sería mucho más fácil que una única administración electoral nacional pudiera apañar todo el proceso de recuento nacional, a que lo hicieran las administraciones de los 50 estados, regidos por diferentes partidos y gobernadores.

El Congreso federal si que ha desarrollado alguna normativa electoral nacional, pero sin inmiscuirse en lo mucho que es fijado por los estados. Por ejemplo, son los estados los únicos que elaboran las listas electorales, no la Administración federal desde Washington, D.C.

Si la Administración federal –como ahora, con Joe Biden- logra imponer toda una nueva serie de normas en el ámbito nacional –con el proyecto H.R.1-, los estados deberían preparar dos diferentes listas electorales en su territoriouna para los comicios nacionales (ajustada a la H.R.1, de ahora) y otra para las elecciones exclusivamente del estado, que respete sus normas propias –como vienen haciendo desde hace más de 200 años-.

El embrollo sería descomunal, inmanejable. Además, a menudo, ambas elecciones se celebran un mismo día.

Finalmente, es posible que los estados se verían forzados a incorporar las normas de Washington para sus elecciones puramente estatales, renunciando –prácticamente- a su histórica competencia, lo que supondría una vulneración de la Constitución nacional, por la puerta de atrás.

Punto de partida: sí que vienen produciéndose irregularidades electorales

Esto no significa asumir las desmedidas e infundadas acusaciones que formuló el anterior presidente, Donald Trump, sobre las presidenciales de 2020.

Pero, como afirmaba acertadamente el diario digital de izquierda The Connecticut Mirror el pasado mes de noviembre, en EE.UU. “el fraude electoral es real [y viene de hace tiempo], pero no en la escala [masiva] que proclamaba Trump”.

No hay evidencia de ningún fraude electoral que comprenda decenas o cientos de miles de votos que hayan sido destruidos o creados ilegalmente en un determinado territorio (estado), como alegaba Trump.

No obstante, en elecciones de ámbito nacional o estatal (para elegir un senador o congresista, o para un congreso estatal), incluso varios cientos o unos pocos miles de votos irregulares si que pueden lograr la victoria a alguno de los candidatos, en una contienda que parta en condiciones muy igualadas.

Este es el tipo de fraude al que nos referimos y también a los mecanismos de inscripción o de ejercicio del sufragio que puedan dar lugar a dicho desenlace.

La cantinela progre sobre la supuesta discriminación electoral contra los votantes de minorías

Desde hace años –más bien, décadas- los demócratas vienen repitiendo machaconamente que los votantes de minorías raciales o étnicas son “sistemáticamente” discriminados, para dificultarles el ejercicio del sufragio. Como es natural, esto forma parte del embuste mucho más amplio y más grave sobre un supuesto “racismo sistemático y generalizado” de la sociedad y del sistema político estadounidense, aún en la actualidad.

Pero, en EE.UU. no existe semejante racismo estructural, como fenómeno generalizado y determinante. ¿Dónde no hay algo de racismo, en África del Sur, en Alemania, en Irán …?

Las repetidas propuestas electorales demócratas –incorporadas, ya, en algunos estados- casi siempre suponen rebajar –aún más- las condiciones de legitimidad y seguridad del acto del voto. Ello, facilitaría que puedan hacerlo los inmigrantes ilegales (de los que hay unos diez millones, en cualquier momento), los votantes negros que se supone que deben poder votar donde y como deseen (y cuantas veces deseen, aunque no se diga así), así como los hispanos, etc. Todos ellos, casualmente, son colectivos que se sabe que están muy mayoritariamente inclinados hacia los candidatos demócratas.

Ciudadanos negros e hispanos suelen votar al Partido Demócrata

La prestigiosa compañía demoscópica Pew Research, ofrece los siguientes datos (procedentes de las encuestas a pie de urna), referidos a las presidenciales de 2016. Entre los blancos que emitieron su voto, el 39% lo hicieron a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Pero también fue el caso del 91% de los negros y del 66% de los hispanos. El Partido Demócrata está dispuesto a hacer –literalmente- todo lo que haga falta para conservar estas amplias bolsas de voto cautivo, como se le llama en España.

Teniendo en cuenta que los demócratas estadounidenses se han convertido a la funesta religión laica del “cada persona del mundo puede vivir donde él quiera, sin que nadie se lo deba impedir”, no es difícil prever el sentido del voto de los millones de inmigrantes ilegales que residen en EE.UU. cuando se les permite emitir un voto al que en realidad no tienen derecho.

En general a más participación mejores resultados para los demócratas

Hay otra cuestión más difusa pero relevante sobre lo que hablamos: la participación electoral (turnout). Son muchos los años desde cuando los analistas electorales llegaron a la conclusión de que una elevada participación favorece la suerte de los candidatos demócratas.

Naturalmente, esto no siempre se cumple, pero parece repetirse en la mayoría de los casos. La participación de los votantes blancos no es tan significativa –ni varía tanto entre unos y otros comicios- como la de ciudadanos negros e hispanos. Si éstos se quedan en casa la jornada electoral, bajará la participación general y los demócratas saldrán perdiendo.

Por consiguiente, el Partido Demócrata presiona para reducir cualquier tipo de requisito y medida de seguridad (aunque sean razonables y necesarias), con tal de facilitar al máximo el número de votos emitidos. Lo mismo sucede con el voto a distancia o por correo: absentee ballot y mail-in ballot.

Los republicanos, por el contrario, tienden tradicionalmente a apoyar más medidas de control y, en especial, se preocupan por los requisitos relativos a la identificación del votante para preservar los procesos en contra de posibles fraudes.

A esta forma correcta de actuar, los progresistas la han tildado con una fea expresión, para descalificarla: “supresión de los votantes” de minorías (voter suppression), que “realmente” merecen votar, como los inmigrantes ilegales (según la ancha manga progresista).

En EE.UU. la inscripción en el censo electoral ha recaído más en los ciudadanos que en las autoridades públicas

A diferencia de la práctica habitual en Europa, en EE.UU. tradicionalmente ha dependido de los propios votantes la iniciativa de inscribirse en el correspondiente censo electoral, acudiendo en persona a una determinada oficina pública para identificarse, adecuadamente, si se lo piden.

En realidad, en EE.UU. los censos electorales suelen ser de condados: asociaciones de municipios, que en España se llaman mancomunidades. Si alguien traslada su residencia de uno a otro condado (y esto ocurre continuamente), aunque sea dentro del mismo estado, es preciso cambiar el censo electoral.

En España, por ejemplo, el instituto INE va actualizando los censos, de oficio, a partir de las informaciones sobre el empadronamiento de nuevos vecinos ante los Ayuntamientos. Naturalmente, se producen fallos que los interesados deben comunicar a las autoridades; de no hacerlo, pueden quedar ausentes del censo y no poder votar. Pero es que siempre hace falta un mínimo interés del ciudadano, para que el censo electoral incluya a quien debe comprender.

En todo este proceso es de gran utilidad en Europa la existencia de un sistema único de carnet nacional de identidad, con su numeración exclusiva, para detectar y depurar posibles inscripciones duplicadas. Pero los países anglosajones siguen negándose a implantar este decisivo sistema nacional de identificación personal.

Tampoco es única en EE.UU. la numeración de los permisos de conducir; cada estado cuenta con la suya propia.

Muchas personas no están inscritas y bastantes no desean participar

De todos modos, en las dos pasadas décadas muchos estados han puesto en marcha un procedimiento de incluir, de oficio– en sus censos electorales- a quienes realicen alguna gestión sobre permisos de conducir o vehículos. Secundariamente, los estados también usan la información personal procedente de sus oficinas de asistencia social y otras.

Por tanto, durante las pasadas décadas los censos electorales estatales se han ido perfeccionando, incorporando a un mayor porcentaje de quienes tienen derecho a figurar.

A pesar de ello, aún en 2014 se estimó que el 21,4% de los ciudadanos con derecho a votar no figuraban inscritos en los correspondientes censos electorales, según cálculos de la prestigiosa compañía demoscópica Pew Research. Pero, al ser preguntados, el 44% de estas personas expresaron su falta de interés en votar a políticos.

En otros estudios, personas no inscritas argumentaron que no querían estarlo porque ello les acarrearía el riesgo de poder ser elegidas para formar parte de un jurado popular, lo que les apartaría de su trabajo varias semanas.

Defectos y limitaciones de la inscripción automática de votantes

Cuando en aquel país se habla de “automatic voter registration” (Inscripción automática de votantes) se están refiriendo a mecanismos puestos en marcha por administraciones públicas, como las de los carnets de conducir, a diferencia a cuando un ciudadano va a una oficina para apuntarse –específicamente- en el censo electoral.

En España, y supongo que en toda Europa, el mecanismo de inscripción es de este tipo (partiendo de registros públicos) y, en general, funciona satisfactoriamente. Ahora bien, esto ha requerido muchos años de perfeccionamiento del sistema y reconocer que algunos agentes (como los partidos) pueden intentar hacer trampas, fabricar duplicaciones y dar el cambiazo de las papeletas de personas ancianas.

En EE.UU. se encuentran aún en una fase incipiente (iniciada a mediados de los años 90, con la ley NVRA) y, además, los demócratas no quieren que se depuren los censos, en las comunidades que les son proclives, como los barrios de personas de raza negra. Justifican este disparate con la excusa de que esto supondría “negarles a esas personas su derecho al voto

Tipos de fraudes electorales que han venido dándose desde hace años

Según afirman los congresistas republicanos, la mayoría de los defectos que se han venido produciendo estos pasados años, se verían agravados con el proyecto de ley H.R.1, del Partido Demócrata, precisamente para que sus candidatos resulten beneficiados.

A) Poder inscribirse en el censo electoral el mismo día de unas elecciones (same-day registration)

El centro de estudios conservador The Heritage Foundation, lo explica del siguiente modo: esta posibilidad “facilita la comisión de fraude y promueve la confusión en los colegios electorales, al no poder verificar los agentes electorales la exactitud de la información sobre la inscripción … de la persona en cuestión …

Esta medida se la conoce también en EE.UU. como “Election Day voter registration”.

B) Millones de inmigrantes ilegales quedarían inscritos para las elecciones nacionales

El proyecto H.R.1 obligaría a diversas autoridades (de asistencia social, sanitaria, de matriculación de vehículos, etc.) a inscribir a toda persona mayor de edad que figure en sus registros informáticos, sin apenas comprobación adicional.

De este modo, accederían al voto los alrededor de 10 millones de personas que se encuentran en el país en situación ilegal, personas que no tienen derecho a votar según las leyes.

Por otro lado, dichos millones de personas se concentran en unos cuantos estados del sur y oeste del país, por lo que ejercerían un mayor efecto distorsionador sobre los comicios nacionales en esos estados.

C) Obligación de colocar anticipadamente unas especies de urnas sin apenas control

En la Sección 1907 del proyecto de ley se establece esto: Ballot Drop Boxes, que permanecerían instaladas una o dos semanas antes de la jornada electoral. Serían algo así como los actuales casilleros de Amazon en las calles o centros comerciales, cerradas con llave, pero nada más. Casi todos los sobres electorales que se echaran en ellos, deberían ser contados. El añadido para que esto pueda funcionar es dar por válidos todos los sobres con papeletas que hayan sido depositados, sin más comprobación.

Este cambio lo adoptaron, excepcionalmente, muchos estados por la situación de pandemia para las elecciones de noviembre 2020, pero ahora lo quieren hacer permanente, a pesar de los graves riesgos que representan para la integridad de la votación.

D) No quieren que los votantes se identifiquen adecuadamente al ir a votar

El que unos 35 estados (habitualmente gobernados por la derecha) exijan hoy en día que quien vaya a depositar su voto en persona tenga que identificarse con un documento oficial, y más si dicho documento ha de incorporar la foto del titular, es piedra de escándalo para los cínicos demócratas.

Según ellos, esta elemental medida de seguridad es parte del “racismo sistemático” del sistema político y de la voluntad de los blancos conservadores de “impedir que puedan votar los ciudadanos negros”, hispanos y de otras minorías.

Conforme al conservador The Washington Times, si prosperase el actual proyecto de ley demócrata H.R.1, “esencialmente invalidaría todas las [actuales] leyes estatales que regulan la identificación de quien vaya a inscribirse para votar” [States voter ID laws]. Además, “prohibiría a los estados participar en programas que confrontan las listas electorales [de cada estado] para detectar a personas que se hayan inscrito en varios estados”.

Los demócratas proponen reemplazar la cabal identificación de una persona mediante un documento oficial suficiente, con foto incluida, por una simple declaración unilateral del interesado (un affidavit). Esto es, quieren un coladero.

E) El voto por correo (mail-in ballot, absentee ballot) es el más vulnerable

En un país como España, los estrictos y muy reglados procedimientos establecidos para efectuar el voto por correo dan bastante seguridad a esta modalidad electoral. Aunque, de todos modos, de vez en cuando surgen dudas sobre este tipo de votación en alguna localidad.

Sin embargo, en EE.UU. la situación es muy distinta. Allí, como dice Hans von Spakovsky (investigador del Heritage Foundation), “las papeletas enviadas por correo son las más vulnerables a ser alteradas, robadas o falsificadas”.

En EE.UU. se llama “mail-in ballot” a un sistema semejante al español de voto por correo, pero sin tantos requisitos como en España para hacerlos seguros. Cualquiera puede usarlo, avisando con cierta anticipación y debería recibir las papeletas en su domicilio.

Sin embargo, sólo los ciudadanos que se encuentren en ciertas circunstancias la jornada electoral (por ejemplo, estar viajando por trabajo a otro estado o al extranjero, etc.) pueden recurrir al “absentee ballot”, para el que rigen normas específicas, más estrictas.

Desde hace años son conocidos los problemas del voto por correo en EE.UU.

Ya en 2012, en el diario de izquierda The New York Times, se publicó un artículo titulado: “Se plantean errores y fraude a medida que crecen los votos por correo”.

Además, podía leerse lo siguiente: “Las estadísticas muestran que, en comparación con los votos emitidos en los colegios electorales, los votos remitidos por correo son los que menos probabilidad tienen de ser contados y los que más probablemente queden comprometidos” [por problemas que surjan sobre su autenticidad y el cumplimiento de las reglas fijadas, como firmar en el exterior del sobre y que esta firma concuerde con la archivada en los registros electorales de los estados].

Más específicamente, el proyecto de ley H.R.1 anularía lo dispuesto en las leyes de muchos estados obligando a que quienes voten por correo tengan su firma reconocida por un notario o por varios testigos. Sería suficiente con que el interesado firme el formulario –sin más- para darlo por válido, sin comprobar la firma.

F) “Cosechar votos” (ballot harvesting), por parte de los partidos políticos

En 24 estados (habitualmente gobernados por la izquierda) ya es legal que un votante designe a otra persona para que envíe su voto por correo, en su nombre. La posibilidad de fraude es evidente, ya que apenas hay controles en las oficinas de correos de ese país y menos aún en las compañías de mensajería. Sólo algunos estados no contemplan esta posibilidad a los voluntarios de partidos políticos.

En los otros estados, empleados de los partidos pueden recorrer urbanizaciones, visitar residencias de ancianos, colegios mayores y otros lugares de residencia colectiva, recogiendo cientos de sobres con los votos y luego … los votos para los “buenos” se remitirían, pero no los otros. Todo esto es una especialidad progresista desde hace años.

El proyecto H.R.1 anularía todos los límites numéricos existentes en leyes estatales a la cantidad de votos que una sola persona puede canalizar en nombre de ellos, ya sean cientos o miles.

El proyecto de ley en cuestión extendería esta vía a todos los estados, para los comicios nacionales.

¿Será aprobado el proyecto H.R.1 en el Senado?

Este proyecto de ley ya ha pasado la Cámara Baja, pero sin un solo voto republicano: 220 a 210.

En el Senado, es difícil que prospere. Para ello, necesitaría una mayoría cualificada (ligada el mecanismo del filibuster) de 60 votos (sobre el total de 100) y el Partido Demócrata sólo cuenta con 50, que serían 51 con el voto de calidad de la vicepresidenta del país, Kamala Harris.

Por este motivo, varios congresistas demócratas están reclamando anular del todo en el Senado el requisito de los 60 votos (esto es, el filibuster) y sacar adelante esta ley con los 51 votos a su alcance; pero varios otros senadores demócratas se oponen a dar este paso.

El mecanismo de filibuster (o voto cualificado) está pensado, desde hace siglos, para tratar de forzar a los dos partidos a llegar a textos consensuados de las leyes, evitando redacciones demasiado partidistas.

FUENTE: https://www.aorillasdelpotomac.com/los-democratas-quieren-manipular-las-normas-electorales-nacionales-para-futuras-elecciones/

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