Cientos de jóvenes salen a las calles de la capital de Jalisco a exigir Justicia por los tres estudiantes de cine asesinados por el narco
Guadalajara (México)
La protesta de este martes en la ciudad de Guadalajara. LEONARDO ÁLVAREZ / VÍDEO: REUTERS-QUALITY
“En México no te puedes equivocar. Siempre tienes que andar con cuidado, fijarte a qué camión te subes o en qué barrio caminas. No sabemos si la persona que está sentada a nuestro lado ha asesinado a alguien. Y me temo que nos hemos acostumbrado”. El que habla es Juan Ignacio Orozco, un ingeniero que ha salido este martes a las calles de Guadalajara (Estado de Jalisco, occidente del país) para protestar por el asesinato de los tres estudiantes de cine que desaparecieron hace un mes en esta ciudad.
Orozco no exagera cuando explica la zozobra convertida en hábito que muchos mexicanos padecen ante las desapariciones forzadas en México. El lunes las autoridades confirmaron que Salomón Gastélum, Daniel Díaz y Marco Ávalos, alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales, fueron víctimas del Cartel Jalisco Nueva Generación, que los confundieron con miembros de un cartel rival y que los borraron del mapa disolviendo sus cuerpos en ácido. La hipótesis de la Fiscalía de Jalisco ha dejado hueco para la duda ante la falta de evidencias y ha volcado a cientos de jóvenes a las calles para exigir que el caso no sea cerrado. “No al carpetazo”, gritaban quienes acudieron a la protesta.
Estudiantes de distintos centros de Guadalajara se reunieron en la Glorieta de los Niños Héroes –que ellos han nombrado como la Glorieta de los Desaparecidos– y allí espontáneamente decidieron que la protesta debía avanzar cuatro kilómetros por el centro de la ciudad hasta llegar al Palacio de Gobierno. La manifestación estuvo nutrida, principalmente, con jóvenes pero varias familias se sumaron durante el recorrido. Algunos con sartén en mano y altavoces exigían las explicaciones y a sus compañeros con vida. “Los queremos de vuelta y vivos”, gritaban.
Las calles de Guadalajara durante la protesta. LEONARDO ÁLVAREZ EL PAÍS
“Estamos inseguros todo el tiempo y da igual porque cualquier día nos pueden desaparecer. Ya no solo, en mi caso, por ser mujer sino también por ser estudiante”, cuenta Saraí García, estudiante de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Ella y sus compañeras pintaron una manta con la leyenda “¿Cuántas verdades históricas más?”. El caso de los tres estudiantes de cine ha devuelto a los mexicanos a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también a manos de un cartel de la droga en el sureño Estado de Guerrero. En las calles de Guadalajara también marcharon por ellos y los manifestantes contaron hasta 43 para exigir Justicia también por ellos.
Los compañeros de clase de Salomón, Daniel y Marco han evitado acudir a la cita en las calles de Guadalajara. Miembros de los colectivos que organizaron la protesta aseguraron que algunos de los estudiantes temen por su vida. “Han estado hostigándolos con la presencia de personas sospechosas afuera de sus domicilios”, ha comentado a este diario Armando Bañuelos, miembro de la asamblea en solidaridad con Ayotizinapa. La protesta recorrió el centro de la ciudad ante la mirada impávida de algunos ciudadanos que grababan con sus teléfonos móviles al contingente. El eco de sus gritos se hacía más potente conforme se acercaban al Palacio de Gobierno. Allí algunos manifestantes pedían a gritos la renuncia del gobernador del PRI, Aristóteles Sandoval.
Una chica con una claqueta de cine ha honrado a sus compañeros anotando sus nombres en la pizarra. Un chico escribió en una cartulina rosa que por favor lo dejen estudiar sin temor. Una joven sostiene un letrero con la leyenda “Queremos paz”, al lado otra ha escrito: “Queremos educación y nos dan balas”. Una estudiante que grita a toda potencia las consignas de la protesta sostiene una pancarta que resume la principal duda de la tragedia que se cocina todos los días en México: “¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?”.
Miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación confundieron a los alumnos con sus rivales en la región/SONIA CORONA
México
Una protesta en Guadalajara por los estudiantes desaparecidos. En vídeo, declaraciones de Raúl Sánchez, fiscal general de Jalisco.ULISES RUIZAFP
La terrible historia de los desaparecidos en México ha vuelto a repetir desenlace este lunes en Jalisco. Los tres estudiantes de cine secuestrados en esa región hace un mes fueron asesinados y disueltos en ácido sulfúrico por el Cartel Jalisco Nueva Generación, según ha informado la Fiscalía. Algunos restos genéticos de los alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales han sido hallados en las últimas semanas en una finca a donde los trasladaron después de que el 19 de marzo fueran secuestrados por un grupo armado en Tonalá, una localidad colindante con la ciudad de Guadalajara.
Salomón Aceves Gastélum, de 25 años y originario de Mexicali (Baja California); Jesús Daniel Díaz, de 20 años y de Los Cabos (Baja California Sur), y Marco Ávalos, de 20 años y de Tepic (Nayarit) se suman a la desbordante lista de 104.000 homicidios ocurridos desde que comenzó el Gobierno de Enrique Peña Nieto y a los más de 200.000 asesinatos relacionados con la guerra contra el narcotráfico, que ya dura 11 años. Los tres estudiantes fueron asesinados al más puro estilo del narco mexicano: con una violencia excesiva e intentando borrar cualquier evidencia con un químico corrosivo.
Ni Gastélum, ni Díaz, ni Ávalos sabían por qué la noche del 19 de marzo un grupo disfrazado de agentes de la Fiscalía los interceptó en una carretera cuando detuvieron su automóvil para arreglar una falla mecánica. Los tres estudiantes volvían con tres compañeros más de una larga jornada de rodaje para un trabajo escolar, que se había llevado a cabo en una cabaña en Tonalá. En la soledad de la autovía, seis hombres con armas de alto poder bajaron de dos camionetas y les ordenaron directamente a los tres alumnos que se subiesen a uno de los vehículos. Soltaron un disparo al aire antes de arrancar rápidamente, sin dejar más rastro que una polvareda.
La Fiscalía de Jalisco ha confirmado que los jóvenes no tenían el más remoto vínculo con los narcotraficantes de la región y que solo estuvieron en el lugar y la hora equivocados. “No se encuentra acreditado que tengan algún vínculo con algún cartel delictivo”, ha explicado Ivette Torres, jefa de la investigación a la prensa mexicana. El único error de los aspirantes a cineastas fue montar durante dos días el rodaje escolar en una propiedad que en algún momento fue una casa de seguridad de un grupo criminal. La tía de uno de ellos —las autoridades no han revelado su identidad— les prestó la cabaña para su proyecto. Mientras trabajaban, al menos ocho miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación les vigilaban sin que ellos lo supieran.
Tras el secuestro, los tres estudiantes fueron llevados a una casa donde fueron torturados, interrogados y asesinados. Allí la Fiscalía ha encontrado rastros de la sangre de Jesús Daniel Díaz que reflejan el terror que pasaron los jóvenes en sus últimas horas de vida. Sus cuerpos, siempre según la versión de la Fiscalía, fueron llevados a otra vivienda en donde los criminales los sumergieron en ácido sulfúrico, comúnmente utilizado en fertilizantes, para disolver cualquier evidencia. Las autoridades se encuentran analizando el contenido de tres tinacos (depósitos utilizados para almacenar agua) y 46 bidones rellenos con el químico disolvente para conseguir más pruebas de que los estudiantes murieron allí.
Los narcotráficantes del Cartel Jalisco Nueva Generación habrían confundido a los alumnos con miembros del grupo rival Cartel Nueva Plaza, al verlos ocupar la cabaña que alguna vez sirvió como bodega de armamento y droga. La Fiscalía ha detenido a dos de los ocho hombres que participaron en el secuestro y asesinato de los jóvenes: Gerardo N. y Omar N. Ambos han confirmado el relato sobre el homicidio de los alumnos y que entre sus compañeros del cartel existió la creencia de que las víctimas eran criminales como ellos, y no un grupo de jóvenes cineastas con la creatividad y sus sueños en efervescencia.
La corrupción es un flagelo que históricamente ha asolado a América Latina. A pesar de ello, el mundo ha quedado impresionado al conocerse su profundidad y extensión a raíz del “Lava Jato”.
No es sorprendente que en las dictaduras ella sea brutal, porque como señala Lord Acton, “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
A nuestro juicio, la raíz del problema está en los arreglos institucionales que establecen nuestras constituciones. Ellas son redactadas o reformadas a impulsos de los políticos. Frecuentemente, lo que los impulsa a hacerlo es servir a sus propios intereses corporativos y / o partidarios. En consecuencia, el ciudadano no es el centro sobre el cual gravitan la mayoría de sus artículos sino el “Estado”.
El “Estado”, es un eufemismo para hacer referencia a los políticos y burócratas. Como abstracción que es, se le adosa arbitrariamente características que lo asemejan un dios. Por ejemplo, “que no persigue el lucro sino el bien común”.
En las constituciones latinoamericanas el sistema de controles y contrapesos -que no es lo mismo que la separación de poderes sino otro instrumento para limitar el poder- está organizado de tal modo que tiene mucho de farsa. Es decir, por un lado se establecen órganos de contralor pero por el otro se les quita toda real eficacia
A modo de muestra, vamos a describir cómo funciona el Tribunal de Cuentas en Uruguay:
En su página institucional, se señala que “El Tribunal de Cuentas es la Entidad Fiscalizadora Superior que, con autonomía técnica, orgánica y funcional y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, ejerce el contralor de la Hacienda Pública en beneficio directo de la Sociedad”.
O sea, un área directamente relacionada con eventuales prácticas corruptas. Sin embargo, la Constitución establece que las observaciones de este Tribunal no son de carácter vinculantes. Es decir, de cumplimiento obligatorio. El gasto que es “observado” por apartarse de las normas establecidas, no produce ningún efecto real. Queda al arbitrio del funcionario público acatar la observación o por el contrario, “reiterar” la erogación.
Hay otra instancia de supuesto “control” de los gastos observados. Lo realiza el Parlamento. También aquí la estructura está concebida para que las corruptelas se extiendan sin cortapisas porque si en 60 días no hay pronunciamiento expreso de los parlamentarios….¿a quién creen ustedes que la Constitución establece que hay que darle la razón? ¿Al Tribunal de Cuentas como indica el sentido común? ¡Noooo, al funcionario que incurrió en la ilegalidad!
Eso significa que en la práctica –con el beneplácito u omisión de los “representantes del pueblo”- los funcionarios de las diferentes reparticiones estatales con poder de decisión sobre presupuestos, gastan a piacere los dineros públicos. Realmente, gran estímulo para que las prácticas corruptas se extiendan.
Posiblemente debido a esa falencia en su labor de contralor, es que este Tribunal exprese (o más bien reclame) como “visión”, ser “reconocido como un Organismo eficaz en el contralor y mejoramiento de la gestión de la Hacienda Pública”.
¿Se darán por aludidos los políticos uruguayos? Porque en este asunto no hay divergencias entre la derecha y la izquierda. Todos están muy conformes con este estado de cosas…
A raíz del Lava Jato que sacudió el panorama continental, algunos partidos políticos decidieron “emitir una señal” a la ciudadanía, aprobando leyes de “transparencia” en la financiación de las campañas electorales. Pero cuidado, que “hecha la ley, hecha la trampa”.
Un ejemplo de cómo maniobran los políticos latinoamericanos se remonta a 2008 en Uruguay, cuando los legisladores aprobaron una ley sobre financiamiento de los partidos políticos. La Corte Electoral fue designada para controlar, pero… no se le dotó de los recursos humanos ni monetarios para poder realizarlo.
La Corte envió una nota a la Comisión del Senado, advirtiendo que “le resultará imposible cumplir a cabalidad con los cometidos asignados” en la nueva ley de financiamiento de partidos, “si paralelamente no se le asignan recursos técnicos, humanos y materiales a tal fin”.
¿Cuál fue el resultado de su advertencia? La indiferencia total.
Nuevamente constatamos que el contralor dentro de las naciones democráticas latinoamericanas, tiene mucho de simulacro.
La táctica de asfixiar económicamente a los órganos de contralor así como al Poder Judicial, está íntimamente ligada a la extensión de la corrupción y la impunidad.
Algo está mal concebido en nuestros sistemas democráticos, cuando el Poder Legislativo y el Ejecutivo controlan sus propios presupuestos pero el Judicial -cuya independencia es vital para combatir la corrupción, especialmente la de los “peces gordos” (como estamos presenciando en Brasil)- está en manos de otros poderes públicos.
En Uruguay, el trámite establecido constitucionalmente para la aprobación del presupuesto del Poder Judicial, es que debe ser remitido al Ejecutivo -quien puede modificarlo- y luego al Parlamento quien lo discutirá con prescindencia de la opinión de la judicatura.
Un tratamiento parecido sufre el presupuesto del Poder Judicial en Perú, que en primera instancia depende del Ejecutivo y luego del Legislativo. O sea, que el Poder Judicial peruano para funcionar correctamente, depende de la “buena voluntad” de los otros poderes del gobierno.
No parece el mecanismo más idóneo para asegurar la independencia de los jueces y que puedan actuar con solvencia e integridad frente a los poderosos.
El “paquete” de impunidad se completa con otras medidas constitucionales que “protegen” a las autoridades del accionar de la Justicia.
Un informe del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Münich, publicado en 2013, señala que los políticos del Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil) son los que tienen un mayor grado de protección contra la cárcel y los procesos judiciales. El estudio se basó en el análisis de las constituciones de 73 países democráticos del mundo.
Los fueros que poseen los legisladores, ministros y el Presidente de la República no permiten iniciar un juicio penal sin el desafuero o juicio político correspondiente según los casos.
Esta realidad llevó a que Jorge Díaz -Fiscal de Corte de Uruguay- expresara que se deben eliminar o limitar “los fueros parlamentarios y las inmunidades” que protegen a los políticos mientras son legisladores. Aclaró, que el privilegio jurídico que tiene los políticos sobre los “delitos de opinión” debería mantenerse para protegerlos, pero que, “la sociedad está reclamando a gritos que se castigue con mayor gravedad” los delitos de corrupción, también protegidos por la inmunidad parlamentaria. “Tenemos que eliminar las trabas que tiene la Justicia a la hora de acusar y sancionar a los servidores públicos”.
Lo que los latinoamericanos están reclamando, es que se “democratice” a la democracia. O sea, que nuestras constituciones estén concebidas para proteger al ciudadano y no a los gobernantes. Que desaparezcan los “fueros” que blindan contra la acción de los tribunales. Que los órganos de contralor estén dotados con herramientas efectivas para combatir la corrupción.
El cambio de paradigma democrático en Latinoamérica impulsado por el juez Moro –liquidando la impunidad tradicional de los políticos- es lo que tiene desconcertados a los gobernantes latinoamericanos. Asimismo, lo que les preocupa.
Por eso comentan entre ellos: “Nunca imaginamos que se llegaría tan lejos”…
Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, tiene menos de 30 años, unos 200 hombres en armas y un lánguido récord de guerra como militante de las FARC en Nariño y Cauca. Sin embargo, en las últimas tres semanas desató una crisis de seguridad en la frontera con Ecuador que incluso desencadenó el traslado de la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN y tensó las relaciones con Quito.
En efecto, tras el secuestro y asesinato de un equipo del diario ‘El Comercio’ de Ecuador (Paúl Rivas Bravo, Javier Ortega Reyes y Efraín Segarra), el presidente de ese país, Lenin Moreno, tomó varias decisiones. Ordenó que se desatara una operación conjunta en la frontera para ultimarlo. Pero, a la vez, y tras varias críticas por una fallida negociación con ‘Guacho’ y la supuesta debilidad de su gobierno frente a las embestidas de la mafia, dio instrucciones para que se levantara la mesa de diálogos con el ELN.
si bien analistas y medios siguen señalando a ‘Guacho’ como el gran responsable de la crisis, que el Gobierno colombiano ha manejado con tacto y diplomacia, fuentes federales y la propia Fiscalía de Colombia le aseguraron a este diario que el exguerrillero, nacido en la localidad de Limones (Ecuador), es una mera ficha del poderoso cartel de Sinaloa, que entró como uno de los grandes jugadores en el tablero mafioso que tiene literalmente capturado el municipio de Tumaco, Nariño, y sus alrededores.
Desde hace más de un año, El diario El Tiempo reveló que ‘Guacho’ lideraba uno de los 12 grupos mafiosos que hacen presencia en esa zona, que acumula más de 25.000 hectáreas de cultivos de coca, laboratorios y corredores naturales para disparar la droga ya procesada hacia Centro América y Estados Unidos.
Pero, el nuevo dato, que compartieron agencias federales con la Fiscalía, es que, aprovechando la bonanza cocalera que vive Colombia, ‘Guacho’ fue reclutado por la mafia mexicana, que a cambio de coca le entrega armas, equipos de comunicación y recursos, que lo han convertido en el amo y señor de la delincuencia en la frontera con Ecuador.
“La elección de ‘Guacho’ no fue al azar. Es el más sanguinario de los jefes de bandas que operan en esa zona y tiene contactos a ambos lados de la frontera. No es gratuito que el gobierno de Lenin Moreno haya capturado ya a varios de sus familiares”, dijo un investigador.
Por ese poder y respaldo mafioso que se está destapando, Washington le pidió al Gobierno colombiano, hace un par de semanas, reactivar de inmediato la lucha antidrogas en la frontera con Ecuador. Esta lleva años paralizada como consecuencia de los reclamos del gobierno de Rafael Correa, antecesor de Lenín Moreno, que incluso escalaron hasta instancias internacionales con el argumento de que el glifosato estaba afectando personas y cultivos.
También se responsabiliza a Colombia de haber bajado la lucha contra los narcocultivos por causa los diálogos de paz con las FARC: cifras del Departamento de Estado ya hablan de más de 188.000 hectáreas. De hecho, ese iba a ser uno de los puntos claves de la agenda de la fallida visita del presidente Trump al país.
– El efecto en Quito –
Y, aunque es claro que Colombia ha puesto la principal cuota en esta guerra –incluso cientos de muertos–, Quito notificó hace 20 días que sigue avanzando en el proceso penal contra el vicepresidente Óscar Naranjo y otros oficiales que lideraron hace 10 años el bombardeo al campamento del jefe de las FARC, Raúl Reyes, uno de los cabecillas que solía esconderse en Ecuador. De hecho, ya está probado que algunos familiares de líderes de esa guerrilla siguen ostentando el estatus de refugiados, obtenido durante la era Correa.
En todo caso, el presidente Moreno ya empezó a dar un claro viraje frente a las FARC. Se viene registrando incluso desde el 27 de enero pasado, cuando estalló un carro bomba en la estación de policía en San Lorenzo, Esmeraldas, la zona costera que limita con el sur colombiano. Las autoridades del país vecino cifraron en 28 los heridos leves que dejó este hecho y reconocieron que es el primer acto terrorista de esta naturaleza en su territorio.
Con ese atentado y con el crimen a mansalva del equipo periodístico, Ecuador ya fue notificado de que la guerra contra el narcotráfico no es solo de Colombia. De hecho, accedió a que los 10.000 hombres que envió a la frontera para perseguir a ‘Guacho’ realicen operaciones conjuntas con el Ejército de Colombia, que ya está en Tumaco y en otras poblaciones de Nariño. Esa región se ha convertido en la prueba de fuego no solo del posconflicto sino, además, de la lucha internacional contra el tráfico de narcóticos.
El siguiente capítulo es el de la liberación de los dos comerciantes que ‘Guacho’ tiene ahora como rehenes para presionar a ambos países. Pero el epílogo será atraparlo vivo o muerto, ahora con el apoyo de Estados Unidos.
– OEA apoya a Colombia y Ecuador –
La Organización de Estados Americanos rechazó los actos de violencia en la frontera entre Colombia y Ecuador, y manifestó su apoyo a ambos países en la lucha contra el crimen organizado.
Así quedó plasmado en una resolución aprobada el viernes por unanimidad de todos los Estados en el consejo permanente de la OEA, convocado por los gobiernos de Colombia y Ecuador.
La OEA deploró la muerte de los integrantes de ‘El Comercio’ de Ecuador secuestrados el 26 de marzo, así como la de cuatro miembros de la fuerza pública de Ecuador, en atentados que desde fines de enero han dejado decenas de heridos y daños graves en localidades ecuatorianas cercanas a la frontera común.
“Para Ecuador es fundamental en este momento tomar todas las medidas para que la calma regrese a nuestro país”, dijo la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa. Para eso instó a la región a trabajar en conjunto para “combatir el flagelo del narcotráfico (…) Es una amenaza que enfrentamos todos”, dijo, subrayando la “corresponsabilidad” de todo el continente.
“El terrorismo no tiene fronteras, el narcotráfico no tiene fronteras”, dijo la canciller colombiana, María Ángela Holguín, quien aseguró que detrás de los grupos disidentes de las Farc están las “poderosísimas” estructuras de los carteles que controlan el tráfico de drogas en el continente.
“Como comunidad internacional y hemisférica, no podemos mostrar debilidad ante el crimen organizado”, dijo el secretario de la OEA, Luis Almagro, quien anunció que solicitará un mayor despliegue de la Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia en la zona fronteriza. “La cooperación muestra que de manera conjunta es posible obtener resultados”, señaló Almagro.
– Sigue ofensiva militar para dar con ‘Guacho’ –
En la frontera con Ecuador, más de 6.000 hombres que integran la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra 2), que depende de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, buscan dar con el paradero de ‘Guacho’. Las operaciones se efectúan desde Tumaco y son articuladas con la Policía de Ecuador.
Colombia ofrece una recompensa de 400 millones de pesos por información que permita ubicar a ‘Guacho’. Por su parte, Ecuador ofrece 100.000 dólares.
En la frontera con Ecuador, ‘Guacho’ ha perpetrado tres ataques.
Consulta anticorrupción, entre inútil y dañina. (Twitter)
Esta semana el Senado colombiano aprobó que, en junio, se decidirá cuándo los ciudadanos irán a las urnas para votar una consulta – supuestamente – anticorrupción.
Es sorprendente cómo un país entero pierde tiempo, dinero y energía en pañitos de agua tibia. La corrupción es un problema real, grave, en Colombia. Pero el mero rechazo no es suficiente para acabarlo. Nos podemos sentir indignados, pero precisamente por eso debería estarse estudiando el tema a profundidad, sin pre-conceptos y encontrar así sus causas, así como sus posibles soluciones.
Los ciudadanos, más de cinco millones de ellos, firmaron apoyando la que será la Consulta Anticorrupción. Los políticos, mayoritariamente, le dieron su respaldo.
Pasa el tiempo, avanza el tema y es impresionante – indignante, esto sí – que nadie esté cuestionando el inocuo ejercicio al que nos enfrentaremos. El país está adormilado, hipnotizado por la creencia común, pero no por eso ni cierta ni efectiva, de que los problemas se resuelven diciendo que queremos acabarlos y haciendo algo, lo que sea, para supuestamente atacarlos.
Sin embargo, no cualquier cosa que se haga sirve para resolver los problemas. Incluso, existen decisiones que pueden agravarlos. La consulta anticorrupción – que igual es posible que tenga millones de votos – tiene algo de esto y mucho de inútil. Los colombianos parecen creer que los corruptos dejarán de serlo por decisión de las mayorías…
Veamos el contenido de lo que se preguntará a los ciudadanos. Serán siete preguntas a las que el ciudadano responderá Sí o No. Ahora bien, como están redactadas es muy difícil contestar No (aunque en Colombia todo puede pasar).
Dentro de lo que se propone hacer para enfrentar la corrupción que puede preverse será inútil están varias de las preguntas: 1. Pliegos tipo para contratación estatal. 2. Rendición de cuentas de congresistas. 3. Publicación, por parte de políticos elegidos, de sus ingresos, declaraciones de renta, incompatibilidades y conflictos de interés. 4. Máximo tres periodos en corporaciones de elección popular.
¿Acaso se cree que los pliegos, así sean estandarizados, no pueden manipularse de otras maneras? Por ejemplo, dando información privilegiada sobre la forma de redactar las propuestas. Del lado de las rendiciones de cuentas y de la publicación de información financiera, no se puede ser tan ingenuo como para pensar que existe alguna forma de controlar la transparencia, en cualquier caso.
En Colombia a diario hay escándalos de todo tipo (la mayoría que involucran corrupción) y la mayoría de veces la información es desmentida por diversas fuentes que, al final, nunca sabemos cuál es la cierta y cuál no. ¿No van a utilizar esos mismos mecanismos en estos casos? Algunos candidatos y ministros han presentado sus declaraciones de renta, pero siempre aparecen rumores sobre faltantes o sobrantes en las mismas. Igual, nunca pasa nada….porque presentar el papel no quiere decir que la información sea transparente.
Respecto del número máximo de reelecciones en cuerpos colegiados, pareciera que quienes creen en la utilidad de esta medida no vivieran en Colombia. Congresistas que están en la cárcel (incluso por paramilitarismo), por ejemplo, se hacen elegir por interpuesta persona: sus esposas, hijos, hermanos, sobrinos, amigos, se presentan en las siguientes elecciones. Esto no va a cambiar porque digan que, ahora, ya no pueden permanecer sino 3 o 2 o 1 periodos.
Con un agravante: la limitación podría llevar a un cambio en la expectativa de ingresos, producto de la corrupción y para el que quiere enriquecerse en el cargo puede darle una señal de cuándo finalizará su “cuarto de hora”. Esto en lugar de acabar con la corrupción, podría estimularla y llevarla a niveles muchos mayores.
Pero en la consulta no solo hay medidas inútiles. También hay dos graves: 1. Reducción de salarios a congresistas. 2. Participación ciudadana en presupuestos y demás decisiones de finanzas públicas.
Lo políticamente correcto. No nos gusta que los políticos, a los que vemos como parásitos (porque lo son), ganen tanto. Pero eso no quiere decir que, bajándoles el sueldo, vayan a dejar de robarse la plata. Más bien, todo lo contrario, puede pasar. Si ganando tanto roban, ¿no será peor si ahora ni ganan bien?
Del lado de la participación ciudadana, si las decisiones de gasto se toman por mayoría, eso no implica que el gasto deje de ejecutarse beneficiando a unos pocos o con las mismas prácticas corruptas. Más bien, puede estimularse, de manera grave, comportamientos oportunistas de ciertos grupos de ciudadanos que verán en esos ejercicios una oportunidad de captar rentas. Es estimular un “todos contra todos”.
El ciudadano de a pie, el que trabaja, al que le quitan una parte importante de sus ingresos, el empresario que produce lo que la gente consume, ellos no participarán en esos ejercicios. No hay que dejarse engañar. No hay que engañarse uno mismo. Eso es solo beneficiar a los buscadores de rentas.
Un último punto, el de que los corruptos paguen cárcel, se les finalicen los contratos y que no sean indemnizados por ello, es una medida, como mínimo absurda. Absurda no porque se apruebe, sino porque no exista: ¿en Colombia actualmente a los que se les ha comprobado la corrupción pueden no pagar cárcel? ¿Siguen ejecutando los contratos? ¿Se les indemniza si el contrato no se ejecuta? Eso sí sería el absurdo del estado de cosas.
Estado de cosas que no es sino el reflejo de la realidad institucional del país; realidad que, a su vez, es la promotora, generadora, facilitadora y causante de los problemas de corrupción. Desde las mismas ideas, la gente cree que un Estado que “gaste” es un Estado presente. La gente justifica que el Estado tenga miles de funciones.
La gente cree que el Estado es la fuente de movilidad social. El Estado que conocemos, gigante, gastador y ladrón (porque nos quita a los que sí hacemos algo que beneficia a los demás), tiene que ser un Estado que promueve comportamientos corruptos en los que viven de él.
Pero como en el fondo muchos quisieran tener su “cuarto de hora”, prefieren las fórmulas facilistas, superficiales, pero políticamente correctas. Así, cuando no funcionen o agraven el fenómeno, se puede culpar a la falta de ética del corrupto de turno.
En 1961, las Naciones Unidas inscribían la hoja de coca en su lista de los productos considerados como drogas… Luego en 1971, la OEA (Organización de los Estados Americanos) prohibía su cultivo, su consumo así como la comercialización y consecutivamente la exportación de la hoja… Pero la “droga” de la cual se trata, no es otra en los hechos que la cocaína, producto resultando de la hoja de coca sólo después de un proceso químico largo y complicado de transformación… Pequeñita historia de un producto.
Lo que sigue no es más que mi punto de vista sobre el tema y no constituye de ninguna manera una solución milagrosa al problema de las drogas… Me parece simplemente que prohibir la hoja de coca, con el pretexto de que sirva para la elaboración de la cocaína, es una reacción simplista, estéril, y demagoga, dependiendo una vez más de una política que se niega a reconocer los derechos ancestrales y la cultura de campesinos descendientes de los Aimaras, Incas y otros pueblos precolombinos, con el fin de satisfacer las necesidades del Occidente.
Pequeñita historia de la coca
La hoja de coca cuenta con muchas varias especies y variedades. Utilizada desde hace más de 5 000 años por las civilizaciones precolombinas, esta hoja es parte integrante de su civilización. Producción agrícola en sí, se integra a su farmacopea ancestral, a sus rituales sociales y religiosos, hasta el día de hoy… Las leyendas incaicas cuentan por su parte que el Dios Sol creó la Coca para hartar la sed, matar el hambre y hacer que los hombres se olviden del cansancio. Los Aimaras, cuya civilización se expandió en la región del Lago Titicaca antes de la llegada de los Incas, le dieron su nombre de khoka, que significa “el árbol por excelencia”.
La conquista española, lejos de terminar con esta práctica ya notada por Francisco Pizarro a su llegada en el Perú en el 1531, más bien la va a promover. Esta práctica permite multiplicar por dos el tiempo de trabajo de los pobres mineros de las nuevas colonias, hasta se vuelve su principal remuneración. El concilio de Lima emite la primera interdicción al consumo de la coca, considerando que ésta tiene propiedades satánicas. ¡El clero peruano sin embargo sigue sacando su impuesto del comercio de las hojas de coca sin hacerse problema!
La primera descripción científica de la hoja de coca se hace en 1750, cuando el botanista francés Joseph de Jussieu vuelve de América del Sur. Pero será de esperar el año 1863 para que un químico de Córcega llamado Angelo Mariani deje los patentes de varios productos de su composición, de las pastillas de coca al té de coca, sin olvidar el vino con extractos de coca cuya propaganda destaca las propiedades energizantes y que se vuelve un gran éxito comercial. El vino Mariani y su creador pronto logran una fama tremenda en toda Europa
Este último invento muy rápidamente está remplazado en el mercado por otra bebida. En 1886, un farmacéutico americano de la ciudad de Atlanta, John Smith Pemberton, se inspira del vino Mariani para crear una poción estimulante a base de coca y de nuez de cola (Cf. La saga des Marques, Historia, nº662). En 1892, Asa Candler, otro químico, compra los derechos y funda la Coca-Cola Company…
Unos diez años más tarde, los científicos descubren los peligros de la cocaína, uno de los alcaloides que compone la hoja de coca. A partir de entonces van a retirar el alcaloide de las hojas de coca componiendo la Coca-Cola, descocainisada.
En 1855, Friedrich Gaedcke, un científico alemán, logra aislar la cocaína contenida en la hoja de coca. Cinco años después, otro alemán, Albert Nieman, elabora la cocaína purificada tal como la conocemos ahora.
Desde entonces, la amalgama entre hoja de coca y cocaína nunca se pudo corregir.
Hoy en día, ¿En que se usa la hoja de coca?
Hasta hoy, la hoja de coca es presente en cada acto de intercambio en los Andes. Todavía se encuentra gente con la bola de coca en su mejilla pijchando, o saludando la montaña con tres hojitas de coca en la mano…En el universo mental de los Indígenas existen tres mundos en interacción: el mundo de arriba, él de los dioses; el mundo del medio donde vivimos todos y el mundo de abajo. Entre estos 3 mundos, el intercambio espiritual es permanente y la hoja de coca siempre presente. Sin ella, no existe interacción entre los tres mundos. La hoja se regala a la Pacha Mama (Tierra Madre) para agradecerla de una buena cosecha. Durante la misa aimará (kintu), los sacerdotes leen el futuro en sus fibras. La muerte, el matrimonio, el nacimiento…Cada momento simbólico de la vida humana se acompaña de ofrendas de coca. Sigue la hoja de coca siendo un elemento simbólico fuerte en los intercambios terrestres entre las comunidades de las montañas y de los valles del mundo del medio, adquiriendo un significado simbólico aún más fuerte en los intercambios con los dos otros mundos. Para nuestras sociedades cristianas, el pan y el vino son unos símbolos fuertes, utilizados para desear felicidad y salud o bien recibir a un amigo. Pues en la sociedad andina, la coca lleva este papel de vínculo entre la gente. Si los Indios te consideran como un amigo, te regalarán con gusto un poco de coca. La hoja sagrada mantiene su presencia en cada actividad pública o doméstica dentro de la comunidad. De hecho, una gran parte de la producción de la hoja de coca también sirve a la elaboración de la droga famosa…
La coca ¡Planta milagrosa!
A diferencia de otros tipos de cultura (maíz, trigo, arroz,…) la coca se adapta muy bien en las zonas tropicales de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Puede dar hasta 4 cosechas al año y no necesita ningún cuidado especial, resistiendo a cualquier parásito o enfermedad. Constituida por 14 alcaloides de los cuales la cocaína (0.5 a 3 %), científicamente la hoja de coca es un estimulante comprobado, pero no un narcótico, ya que no crea dependencia. Mascar esta hoja reduce de manera significativa los riesgos de caries, aumenta la resistencia física y alimenta la persona que la masca. De gran riqueza nutricional, 100 gramos de coca boliviana bastan para cubrir las necesidades diarias en calcio, hierro, fósforo, vitamina A y B2. Un informe actual de la OMS (Organización Mundial de la Salud) muestra además que al estado natural, la coca no es nada nociva para la salud y la Universidad de Harvard asegura todavía que este sería uno de los mejores alimentos del mundo.
Uso de la coca
La coca se utiliza en centenares de productos tan básicos como el champú, la pasta dental, la ropa, ciertos medicamentos… Para los defensores de la planta, ésta representa un potencial considerable para toda la región andina y que podría comercializarse ¡al oeste! Pero la interdicción sigue en vigencia… Excepto para una empresa que consigue (con que medio será, no sé…) contornearla, el norteamericano (¡Como no!) Stepan que importa con toda legalidad, y colmo de la ironía, a los Estados Unidos, 175 000 kilos de coca para fabricar, entre otra cosa, un sabor descocainisado para…¡Coca-Cola! Que bien hecho está el mundo realmente, sólo que a favor de los mismos siempre.
Transformación de la Coca en Cocaína
Se precisa dejar remojar las hojas de coca en keroseno durante 3 días pisándolas de manera regular, luego mezclar el jugo obtenido con cal. Filtrar el resultado hasta lograr una masa color café que debe secar al sol durante 8 horas. A la masa secada se incorpora ácido, éter, acetona, y cal de nuevo, así como permanganato de potasio, amoniaco y por último alcohol concentrado. Se espera luego 50 minutos que los cristales se depositen en el fondo y se filtra la mezcla para recuperar el clorhidrato de cocaína. Sólo se precisa después dejarlo secar, sacarle los grumos (cristales) y dejar que seque de nuevo durante 3 horas para obtener un polvo blanco, la cocaína.
Todo este relato para demostrarles que el producto de base no tiene nada que ver con el producto acabado… Condenar la hoja de coca por ser el producto de base de la fabricación de la cocaína sería como ¡prohibir la comercialización del hierro bajo el pretexto de que sirve en la construcción de las minas antipersonales!
Evolución del precio de los diferentes productos vinculados con la hoja de coca:
Precio de un kilo de hoja de coca para el cocalero: 1,5 us$.-
Precio de un kilo de clorhidrato: 1 500 us$.-
Precio de un kilo de cocaína: en México: 3-4 000 us$.-, en Miami: 15 000 us$.-
En resumen, entre el kilogramo de cocaína comprado al productor y el gramo pagado por el consumidor, el aumento puede llegar a unos 2500%…
Esto ayuda a tomar conciencia de la profunda dualidad existiendo entre cocaleros productores y narcotraficantes… Son dos mundos que no caminan cogidos de la mano, y lo cierto es que el cocalero andino nunca es él que beneficia al final de los enormes montos relacionados con la venta de su producto…
Apuestas geopolíticas y económica
La lucha antidrogas es un fracaso grande, si se mira a los objetivos oficiales, ya que la guerra iniciada desde hace lustros no logró bajar la producción, sino más bien hizo que se traslade cada vez de un país al otro, cuando no de una región a la zona vecina. Esta guerra hizo caer la producción de 140 000 a 40 000 Hts. en Perú y de 35 000 a 5 500 Hts. en Bolivia, pero la producción se trasladó a Colombia donde cuenta ahora con 120 000 Hts.
Sin embargo, si se toma en cuenta el objetivo extraoficial, el fracaso se vuelve un éxito total… Porque este dispositivo tiene sobre todo la meta de controlar una zona estratégica, tanto en el plano económico como en el plano político (Cf. Entre otros artículos, él del Monde Diplomatique). Los Estados Unidos efectivamente se han asegurado así una presencia militar en casi toda América Latina (Puerto Rico, Ecuador, Colombia, El Salvador, Antillas Neerlandesas, Bolivia, Honduras, …), con más motivo todavía cuando este continente padece de movimientos sociales preocupantes para los Estados Unidos: elección del “bolivarista” Hugo Chávez en Venezuela, reforzamiento considerable de las guerrillas en Colombia, agitación cívico-militar en Ecuador y Bolivia (países produciendo petróleo por otro lado…)
Algunos ejemplos de ingerencia norteamericana:
¿Acaso no acaba de firmar Colombia (Bolivia tambien) la interdicción de extradición de los militares norteamericanos a la Corte Penal Internacional, después de presiones de Washington, que amenazaba con cancelar la ayuda militar contra los narcotraficantes? Lo mismo firmó Honduras hace unos meses.
La ingerencia norteamericana a veces va más allá, dictando directamente su punto de vista al pueblo, como ese día que el embajador de EU. en Bolivia “desaconsejo fuertemente” a los bolivianos de votar por Evo Morales, el líder indígena, en las últimas elecciones, bajo el riesgo de perder la ayuda norteamericana… Entonces, la guerra antidroga,¿fracaso o éxito?
¿Por qué la guerra anti-coca es un fracaso?
Más allá de lo que pienso, que cualquier política represiva está tarde o temprano condenada al fracaso, el motivo principal explicando que sigue la producción de coca tiene raíces socioeconómicas.
En efecto, lejos de ser una “elección de vida” por parte de los campesinos, la cultura de la coca simplemente permite a miles de campesinos andinos de sobrevivir. En ausencia de reforma agraria, de política de desarrollo, de una alternativa verdadera y tolerable a la cultura de la coca, ésta seguirá porque ninguna de las otras culturas tradicionales les garantiza un ingreso equivalente.
Estoy convencido por otra parte que hasta que cambien las reglas que rigen el comercio internacional, nada cambiará realmente para los campesinos cocaleros. Al ahogar los mercados de los países andinos con sus propios productos agrícolas, en gran mayoría subvencionados, los mismos occidentales empujan los campesinos andinos a acudir a estas culturas de sobrevivencia.
Pero tratar de los problemas relacionados al comercio internacional y cambiar las reglas de la OMC ya es tema de otro posible estudio para más tarde.
Aquí termina mi resumen sobre la problemática hoja de coca y espero, no tanto haber dado la vuelta al problema sino más bien haberles propuesto una idea general del tema.
Algunos vínculos interesantes sobre este tema:
Proyecto de valorización de la coca: http://www.mamacoca.org
Ningún habitante se atreve salir a las calles y encontrarse en medio del fuego cruzado de los dos grupos guerrilleros que se disputan un territorio estratégico para la cocaína
Ya va para un mes en que el Frente de Guerra Occidental del ELN, y ‘Los Pelusos’ bajo el mando de alias Pacora, han tenido fuertes enfrentamientos en esa zona. (Archivo)
Es crítica la situación en el Catatumbo, región ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander en Colombia, a raíz de la lucha a muerte por el control de narcotráfico a manos de la guerrilla del ELN y el EPL.
El denominado Frente Libardo Mora Toro, reducto del EPL conocido como ‘Los Pelusos’ lanzó una advertencia a los pobladores y al Ejercito de Liberación Nacional (ELN) con el fin de quedarse con el control territorial y la economía ilegal de esa zona para su respectivo financiamiento.
En el panfleto amenazan abiertamente con un paro armado que cobró vigencia desde este 15 de abril en el que prohíben el flujo y tráfico vehicular desde las cero horas. “Esto debido a la problemática que se está viviendo en el territorio”, indica el panfleto.
Precisamente el pasado fin de semana, la guerrilla del ELN reaccionó ante el panfleto y salió a las vías en cercanía al municipio de Hacarí, en Norte de Santander, a pintar los vehículos con las siglas de ese grupo armado.
Este anuncio ha sembrado terror en el territorio, pues ninguno de sus habitantes se atreve salir a las calles y encontrarse en medio del fuego cruzado. Además de esto, como afirma El Espectador el comercio se encuentra totalmente paralizado en los municipios de El Tarra, Hacarí y Tibú, salvo en Teorema, ubicada al noroccidente de Norte de Santander.
El miedo en los pobladores se hace cada vez mayor, pues ahora con la reciente quema de un camión cerca al casco urbano de Hacarí, confirma lo que algunos analistas consultados por este medio señalan: que la promesa de paz, luego de haberse firmado con la guerrilla de las FARC, está lejos de concretarse en territorios caracterizados por ser escenarios de conflictividad social, política y armada.
Ya va para un mes en que el Frente de Guerra Occidental del ELN, y ‘Los Pelusos’ bajo el mando de alias Pacora, han tenido fuertes enfrentamientos en esa zona. Esto, por supuesto, ha causado el desplazamiento de comunidades.
Actualmente el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de $140 millones de pesos colombianos, por quien ofrezca información que logre dar captura a alias Pacora, temido líder guerrillero sindicado en febrero del asesinato de cinco militares en la vía entre Tibú y Cúcuta.
Catatumbo: el botín del narco
La región del Catatumbo se destaca por tener una de las cosechas mas altas del país cuando se refiere a hoja de coca, y producción de cocaína, razón por la cual estos dos grupos se enfrentan para hacerse cargo como eje central de actividades criminales y nuevos cambios en las dinámicas de control criminal.
Esto, sumado a la ubicación del Catatumbo, que está en la frontera con Venezuela, país por el cual transita la mayor parte de estupefacientes que pretenden emigrar hacia el norte de América y otros países.
Otras actividades lucrativas como impuestos al paso de mercancías de contrabando y la extorsión son garantías de fuente criminal.
PanAm Post habló con Carlos Chacón, abogado y experto en Seguridad y Defensa Nacional, sobre la enfrentamiento que viven estos dos grupos guerrilleros con el fin de hacerse a cargo del negocio del narcotráfico.
El experto sostuvo que los recientes enfrentamientos se reducen únicamente al control territorial con relación al negocio ilícito de las drogas que hace que la solución de controversias siempre sea por medios violentos.
“En aquellas zonas que pueden definirse como agujeros negros, es decir, donde no hay presencia del Estado y lo que confluye son organizaciones criminales sin importar sus fines sino sus medios. Por ejemplo, el control del narcotráfico como un medio para enriquecerse y ser criminales”.
Agregó que desde estos lugares es donde se dan los enfrentamientos, y es por esto, la razón de la escalada de violencia en dichos territorios.
“No hay control ni aplicación efectiva de la ley, no hay efectividad ni legitimidad del Estado. Lo que prima es el modus operandi criminal (paraestado) y las instituciones no formales que gobiernan allí, independiente si comparten o no la ideología subversiva marxista-leninista”.
Al mismo tiempo, aseguró que uno de los principales problemas de la violencia en Colombia es precisamente el control de los medios de producción de cocaína, actividades ilícitas, minería ilegal, entre otros. Actividades que van a enfrentar a grupos irregulares independiente de su ideología.
El Banco de la República calculó que la reimpresión de los billetes tendría un costo de USD 146,346,460 ($ 400.000 millones COP). (Twitter)
La propuesta de eliminar tres ceros a la moneda en Colombia ya se encuentra en el Congreso de la República con el fin de convertirse en Ley para su implementación. Hay sectores que aprueban la medida mientras otros se oponen a la idea de “simplificar” las transacciones económicas en el país.
El Gobierno de Juan Manuel Santos, principalmente en cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, han emprendido una cruzada para que la iniciativa sea una realidad. Sin embargo, gremios como Asobancaria han hecho reparos a este proyecto de eliminar los tres ceros de los billetes. Al mismo tiempo, han propuesto que la iniciativa sea descartada en el Congreso y se ultime el recambio de la nueva familia de billetes.
Por su parte, el ministro de Hacienda calificó como un proyecto que estaba en mora con el país. Cabe recordar que desde el año 2000, en Colombia se ha buscado hacer efectiva la eliminación de los ceros al peso colombiano.
El Banco de la República calculó que la reimpresión de los billetes tendría un costo de USD $146,3 millones ($ 400.000 millones COP).
Propuesta del Fiscal para golpear las economías ilegales
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, defendió esta propuesta como una forma de que pierdan valor las “caletas” y los dineros ilegales que están en poder del narcotráfico y corruptos.
Martínez hizo una radiografía de cómo la liquidez monetaria es una forma de atesoramiento de los patrimonios ilegales en cualquier modalidad, por ello, considera que una forma eficaz para combatirla en este momento sería el cambio del peso.
“No más en el llamado ‘narcojet’ llegaron 200.000 euros que ya debieron monetizarse a pesos. Encontramos 1.000 millones de pesos en la casa de uno de esos narcotraficantes que ya debieron monetizarse a pesos (…). Si no pueden cambiarlos por los nuevos pesos perderían poder liberatorio. Eso lo va a tener que hacer ese país tarde o temprano y propongo que generemos el consenso sobre la materia”, dijo.
¿Cuáles son las implicaciones de eliminar los tres ceros a la moneda?
PanAm Post habló con expertos sobre la medida económica, quienes aseguran que es positiva pero que debe tramitarse con cautela.
El economista Luis Alberto Rodríguez indicó que el proyecto de Ley es interesante y recoge varios objetivos, entre ellos, la simplificación en las transacciones y lucha contra la economía ilegal.
“En general, a mediano plazo sus beneficios serían mayores a sus costos. No obstante, para lograr impactos en el segundo objetivo no es suficiente con la eliminación de los tres ceros”.
Manifestó que se deben buscar instrumentos complementarios como sacar de circulación el billete de más alta denominación, que actualmente es el de $ 100 mil COP (USD $36,60), limitar las compras de bienes como apartamentos y casas en efectivo y repensar las barreras al sistema financiero como el 4 por mil.
Agregó que de aprobarse el proyecto de ley es necesaria una campaña de educación financiera y pedagogía del cambio. “Los países que han adoptado medidas como estas lo han hecho por presiones inflacionarias que se salen del control, como Venezuela o Argentina en otros periodos. Pese a esto, ese no es el caso colombiano”.
En opinión de Andres Moreno, consultor en Gestión de Riesgos, es más práctico y económico manejar menos cifras, retroceder las cuentas varias décadas.
“Es un momento ideal por la baja inflación que presenta Colombia, lo cual permite la baja especulación de precios ante estos cambios. Es decir, 10 pesos se vuelven 1 centavo. El peso dólar pasaría de 2.700 pesos a 2 pesos con 70 centavos, mucho más fácil de manejar”.
Fue enfático al señalar que actualmente ningún producto vale menos de 10 pesos, salvo algunas acciones que deberán hacer split para ajustar.
“Facilita el intercambio, la contabilidad, el manejo del dinero y simplifica los billetes. Es un ejercicio que vale la pena y es transparente frente al valor del dinero, la capacidad adquisitiva y frente a la inflación”, dijo.
Criticas al proyecto de Ley
Asobancaria, gremio representativo del sector financiero, a través de un documento concluye que no es un buen momento para llevar a cabo la medida.
“El país se encuentra inmerso en el proceso de implementación de una nueva familia de billetes desde hace un trienio, con un nivel de ejecución aún inferior al 30% y en plena coexistencia con la antigua familia de billetes. Así mismo, resulta muy difícil hacer compatible un periodo de transición muy corto, como el que se requeriría para confiscar los dineros ilícitos, con el tiempo necesario para que la eliminación de los tres ceros tenga la suficiente difusión pedagógica, operativa y tecnológica para evitar traumatismos en la economía”,
La banca, afirmó, después de un análisis riguroso en materia de costo/beneficio que la propuesta de eliminar los tres ceros resulta ser poco eficiente -y costosa-, tanto por los desafíos operativos como culturales que incorpora.
El gremio finalizó señalando que la mejor opción seria profundizar y acelerar en el corto plazo el proceso que viene dándose desde 2015 respecto a la implementación de la nueva familia de billetes: “el sector bancario está dispuesto a apoyar esta alternativa”.
El Partido Comunista de España (PCE) eligió al abogado y asesor de las FARC. (Fotomontaje PanAm Post)
El Partido Comunista de España (PCE) eligió al abogado y asesor de las FARC, Enrique Santiago, como secretario general de ese movimiento político.
La elección de Santiago y otros 12 miembros del secretariado se llevó a cabo el pasado domingo, dentro de las funciones a realizar junto con el presidente de la organización será conformar la dirección política y la gestión cotidiana del partido por un periodo de tres años. Santiago, releva en el cargo a José Luis Centella, que pasa a ser presidente.
Santiago y las FARC
El polémico jurista español empezó a tener relaciones con el grupo guerrillero cuando este asesoró jurídicamente a María Remedios García Albert, quien fue investigada por figurar como destinataria en varios correos electrónicos en los computadores intervenidos al abatido jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’ en marzo de 2008.
Esta mujer era conocida bajo el alias de ‘Irene’ o ‘Soraya’ y tenía responsabilidades orgánicas con la guerrilla de las FARC a nivel europeo. Su nombre fue incluido en la Lista Clinton como representante de las FARC.
Luego de que la Corte Suprema de Colombia desestimara muchas de las pruebas recolectadas del computador de Reyes, Santiago manifestó en su momento que García Albert era objetivo de persecución política por el Gobierno de Álvaro Uribe por buscar una salida negociada al conflicto.
Posteriormente, Santiago aparece como asesor del exgrupo guerrillero de las FARC en 2012 durante el ciclo de negociaciones de paz con el gobierno colombiano en la Habana, Cuba. Su papel fue destacado al ser el ideólogo de los beneficios jurídicos para los miembros de esa guerrilla y al mismo tiempo realizó una férrea defensa sobre la no tenencia de bienes de lasFARC en el exterior.
Ante la reciente captura de ‘Jesús Santrich’ por la Fiscalía de Colombia por pedido de la Interpol, el jurista se pronunció al respecto en su cuenta en Twitter, ¿“será cierto que el allanamiento en la casa de Jesús Santrich ha sido ordenado por los Estados Unidos y la Fiscalía de Colombiaservilmente la cumple sin verificar la certeza de lo denunciado?”, dijo.
¿Quién es Enrique Santiago?
Según medios españoles, Santiago es reconocido por su discurso radical antisistema y anticapitalista, además de criticar el Gobierno de Mariano Rajoy en España se le ha visto en las redes sociales aprobar la gestión de Nicolas Maduro en Venezuela. Asimismo, ha asesorado a empresarios corruptos como los hermanos chileno-cubanos Marambio Rodríguez, condenados en la isla.
“El PCE fue el Partido que defendió la legalidad republicana frente al golpe militar de Franco, el que garantizó la llegada y consolidación de democracia” y hoy es “un partido que sigue siendo trascendente en la construcción de un bloque histórico de alianzas sociales y políticas que permitan que nuestro pueblo disfrute de los derechos sociales, económicos civiles, y políticos que el sistema hoy día les niega”, ha señalado en declaraciones a la prensa luego de su nombramiento.
El líder guerrillero fue trasladado al bunker de la Fiscalía General de la Nación en la capital colombiana. (Archivo)
En las ultimas horas la Fiscalía General de la Nación capturó a uno de los líderes de las FARC, Seusis Pausivas Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich” por el delito de narcotráfico.
El ente acusador en cumplimiento de la orden de captura internacional expedida a través de la circular roja de Interpol logró la captura de Santrich junto con Marlon Marín; Armando Gómez, alias ‘El doctor’, y Fabio Simón Younes Arboleda —en horas de la tarde—.
Santrich, hasta la fecha fue designado como parlamentario para el periodo 2018 -2022 gracias a las diez curules otorgadas por el proceso de paz.
De acuerdo con el ente acusador, una corte de Nueva York tiene las pruebas de crímenes de envío de droga después de haberse firmado el acuerdo de paz en Colombia. Al mismo tiempo, en el momento de la captura las autoridades adelantaron un operativo de allanamiento donde habitaba el jefe guerrillero en la ciudad de Bogotá.
El líder guerrillero fue trasladado al bunker de la Fiscalía General de la Nación en la capital colombiana. Santrich, a través de su abogado, Gustavo Gallardo, dijo que desde hoy entra en huelga de hambre hasta recuperar su libertad.
¿Se podía capturar a Santrich y ser extradito?
Uno de los cambios hechos a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) fue precisamente señalar que, en delitos de ejecución permanente como el narcotráfico, cualquier acto de continuidad de este, que haya sido ejecutado después del 1 de diciembre de 2016, dará lugar de inmediato a la pérdida de los beneficios de la JEP.
Con este argumento legal, Santrich perdería todo beneficio que haya sido otorgado por medio del acuerdo de paz. No obstante, el artículo 19 transitorio del acto legislativo 01 de 2017 sostiene que le corresponderá a la sección de revisión de la JEP analizar si los hechos que se le atribuyen fueron cometidos con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, fecha en la que se cierra el conflicto armado interno con las FARC.
Fiscalía Colombia
✔@FiscaliaCol
1/2 #ATENCIÓN@PoliciaColombia y #Fiscalía dieron cumplimiento a orden de captura internacional expedida a través de circular roja #Interpol contra Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’;Marlon Marín; Armando Gómez,alias ‘El doctor’, y Fabio Simón Younes Arboleda
Si la conducta fue anterior al 1 de diciembre de 2016 la competencia del caso la asumiría la Sala de Reconocimiento y continua el proceso dentro de la JEP, automáticamente anulando la extradición. Si se demuestra como argumenta la justicia de EE. UU. que la conducta delictiva fue cometida posterior a esta fecha podrá ser extraditado.
En otras palabras, para que los miembros de las FARC puedan recibir y mantener los tratamientos contenidos en la JEP deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Dejación de armas, 2. Garantizar la no repetición de los delitos, 3. Obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación, 4. Reparación de las víctimas. 5. Entregar los menores de edad.
Reacciones
“No sabemos por qué. Llegaron al lugar donde se estaba quedando y se lo llevaron. Lo que sabemos hasta ahora es que es una decisión del Fiscal General que se fue en contra del proceso de paz. Hay una profunda crisis y estamos pendientes de que nos digan por qué se lo llevaron”, señaló Pastor Alape, exlíder guerrillero.
A través de su cuenta de Twitter, el abogado Enrique Santiago y las Farc se pronunciaron:
“Será cierto que el allanamiento en la casa de Jesús Santrich ha sido ordenado por los Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia servilmente la cumple sin verificar la certeza de lo denunciado?”, dijo.
Por su parte, Juan Manuel Santos, manifestó que “la construcción de la paz exige del absoluto cumplimiento y respeto por la ley y los acuerdos. Esas son las reglas de juego”.
“Captura de Jesús Santrich deja en evidencia que las Farc no han entregado las rutas del narcotráfico. Gracias a solicitudes de EE. UU. se procedió a la captura. Autoridades colombianas también deben investigar otros cabecillas/Farc con vínculos criminales.”, señaló el candidato presidencial de la Coalición de centro-derecha, Iván Duque.
“Las reglas del juego son claras: quienes cometan delitos con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 perderán los beneficios del acuerdo, aun el de la no extradición”, sostuvo el candidato presidencial German Vargas lleras.
“En el caso de alias Santrich, que no haya duda, si delinquió con posterioridad a los acuerdos debe perder todos los beneficios, como lo señala la Corte. Debe ser extraditado. Que se notifiquen quienes se burlan de Colombia. Se requiere paz con justicia y firmeza”, Juan Carlos Pinzón, formula vicepresidencial de German Vargas Lleras.
